Familiares de víctimas de negligencia médica defienden el COIP

Las protestas simbólicas de los doctores contra el Código Orgánico Integral Penal (COIP) continuaron ayer. Ese proyecto legal tipifica como delito el homicidio por “mala práctica profesional”, lo que ha sido interpretado por los galenos como una amenaza a sus actividades.

Esa inconformidad llegó al personal del Hospital José Carrasco Arteaga, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Cuenca. Cerca de 70 médicos, vestidos de negro, salieron de las instalaciones de la institución  y colgaron sus mandiles. 

Al mismo tiempo, 35 doctores del  hospital de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca) de Portoviejo realizaron un acto similar. En ambos nosocomios la atención fue normal, pero se reunieron  más de 60 renuncias  en caso de que se apruebe el Código, tal como lo hizo la Asamblea Nacional hace dos semanas.

En tanto, el gremio de enfermeras respaldó a los doctores. Rosa Santamaría, presidenta del Colegio de Enfermeras de Pichincha, señaló que son 10 mil colegas en todo el país las que se unen a la protesta.

Betty Tola, secretaria nacional de Gestión Política, destacó la disposición de  las autoridades del Gobierno para dialogar con los representantes de la salud e incluir sus preocupaciones y exigencias en el texto final del COIP, que ahora está en manos del Ejecutivo para su sanción o veto. 

La funcionaria aclaró  a los médicos, enfermeras y  estudiantes, que el COIP aún no está en vigencia por lo que mientras  no se cierre su análisis, aún  se podrá evaluar y mejorar los artículos que generan preocupación.

Esta postura fue corroborada por María José Carrión, asambleísta de  PAÍS y miembro de la Comisión de Salud. Ella comentó  que dentro del Legislativo se han abierto espacios de diálogo permanente con los profesionales de la salud, pero también con los  familiares de las víctimas de  mala práctica médica.

El objetivo de los legisladores oficialistas  es que  no exista impunidad para los médicos que descuidaron a sus pacientes, causándoles  la muerte o daños irreversibles.   
Pero al mismo tiempo, quieren garantizar a los profesionales de la salud que atienden situaciones de alto riesgo.

Una de las propuestas es agregar  la negligencia grave, que es una propuesta de  los médicos. “Lamentablemente no  han sido acogidas las propuestas al interior del Bloque. Esperamos insistir y hacer modificaciones a los textos”, reconoció  Carrión.

El artículo 152  del COIP, que aborda las lesiones,  también preocupa  a los profesionales de la salud. Esa norma establece  sanciones, según el tipo de  daño o  lesión que causara a un paciente la negligencia de un doctor.  

La asambleísta planteó que las sanciones no sean punibles  cuando exista un principio de “necesidad” de salvar la vida del paciente.

El presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, el oficialista Carlos Velasco, coincide con su coidearia. Él cree que el texto sobre la mala práctica profesional debe modificarse.

Familiares de víctimas

Al primer piso de la Asamblea Nacional llegaron ayer varios familiares de  víctimas de la mala práctica médica. Ellos defendieron el artículo 146 del COIP, tal y como está.

Carmen Cornejo Albán relató a la asambleísta Carrión la muerte de su hija, Susana Albán Cornejo, por una mala práctica médica, ocurrida el 13 de diciembre de 1987. Ese caso llegó hasta  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Visiblemente afectada entregó un manifiesto donde constaban otros casos y  pedía que se penalice como delito, no solo culposo, sino doloso la mala práctica profesional.

Conciliar las dos posturas es el trabajo ahora del Ejecutivo, que tiene en sus manos el COIP. Ya el presidente Rafael Correa calificó, en su cuenta en Twitter, esa labor como una dura tarea.