El juicio político al vicepresidente de la República Jorge G. revive en la Asamblea. Ayer, la oposición recogió firmas para presentar el pedido de interpelación al Segundo Mandatario, quien está detenido en la Cárcel 4 de Quito.

CREO lidera la iniciativa y a ella se suman el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), SUMA y el Bloque de Integración Nacional (BIN). Este es el tercer intento de la oposición por enjuiciar al Vicepresidente.

Marcelo Simbaña, de CREO, explicó que el juicio es un “clamor ciudadano. Hay un Vicepresidente sin funciones y detenido por corrupción”.

Pero llevar al banquillo de los acusados a Jorge G. no es solo una cuestión de números. Se requieren 46 firmas para presentar la solicitud de enjuiciamiento. La oposición sobrepasa esa cifra, pues está integrada por 63 asambleístas.

El pedido se presentará este jueves, según anunció CREO. Sin embargo, el verdadero problema está en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El máximo organismo legislativo está conformado por siete integrantes: José Serrano, presidente de la Asamblea (PAIS); Viviana Bonilla (PAIS), vicepresidenta del Legislativo; Carlos Bergmann (aliado de Unidad Primero), segundo vicepresidente; Verónica Arias ( también aliada de Acción Regional por la Unidad); Soledad Buendía (PAIS), Patricio Donoso (CREO) y Luis Fernando Torres (PSC-Cambio).

De esos 5 oficialistas, 4 son cercanos al correísmo y a Jorge G.: Bonilla, Buendía, Bergmann y Arias.  Solo Serrano estaría a favor de la interpelación al Segundo Mandatario. Pero su voto y el de los 2 opositores no son suficientes.

Para algunos legisladores hay un nuevo escenario que empujaría a los correístas ‘duros’ del CAL a  pasar la solicitud de juicio político.

Patricio Donoso cree que esta vez sí contarán con el respaldo de sus compañeros oficialistas. “Hay pruebas innegables y evidentes. El CAL no tendría por qué negarse a calificar el juicio contra Jorge G.”, explicó a este Diario.

Pero ¿si la interpelación pasa en el CAL sería apoyada por la mayoría parlamentaria? Hasta el momento, la oposición todavía no contaría con los votos suficientes (91), para destituir o censurar a J.G.

La situación al interior de Alianza PAIS (AP) no se vislumbra favorable para ello. El bloque tiene 74 legisladores, de ellos 20 están junto con Lenín Moreno y, eventualmente, respaldarían el juicio político. Hay 18 que están calificados como ‘indefinidos’ porque no se han pronunciado ni a favor de Moreno, ni en contra de Jorge G. Y 35 asambleístas, es decir, la mayoría que es correísta, que apoya al Segundo Mandatario.

Para Oswaldo Moreno, politólogo guayaquileño y director de Consultores Políticos Independientes, la interpelación es extemporánea porque el tema de Jorge G. es penal. “Es un árbol caído, ya está detenido y no tiene funciones. Moralmente debería dar un paso al costado”.

Para él, el gran perdedor en todo esto es Alianza PAIS porque las acusaciones de presunta corrupción contra el Segundo Mandatario pasa factura al oficialismo.

Jorge Yunda, el rebelde de PAIS y vicepresidente de la Comisión de Salud, subrayó a este a EL TELÉGRAFO que lo mejor sería que el propio bloque verde flex proponga la interpelación del Vicepresidente.

“Tenemos que mostrar a la ciudadanía que fiscalizamos. Esto ha sido un golpe y hace que nos coloquen a todos en el mismo saco”. (I)

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Las firmas se recogieron en una gigantografía

Con pancartas, gigantografías y haciendo fila a la espera de su turno, los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) y de los movimientos CREO y SUMA firmaron el pedido de juicio político en contra de Jorge G.

Bajo la consigna de “Firma en contra de la corrupción” los asambleístas de CREO instalaron una mesa con una gigantografía vacía que empezó a llenarse con la rúbrica de Rina Campain.

Liderados por Fabricio Villamar, los legisladores celebraron la detención del Vicepresidente y aclararon que eso “da la razón del pedido de juicio político que entregamos con anterioridad”.

Jeannine Cruz, quien el pasado 7 de junio presentó la primera denuncia contra el Segundo Mandatario por el caso Caminosca, resaltó que el delito de asociación ilícita sería menor frente a los que corresponderían. “Por ejemplo peculado y cohecho”.

Subrayó el aporte que realizarán para este pedido, el PSC llegó hasta el exterior del pleno Legislativo con su propia mesa de recepción de firmas. “Será un juicio político serio, responsable y sin descalificativos, para recuperar el orden del país”, anunció Luis Fernando Torres.

Tras ellos aguardaba SUMA para invitar a los asambleístas de PAIS a unirse a este pedido, según dijo Guillermo Celi.

Para dejar constancia en los medios de comunicación los legisladores también debían suscribir una pancarta y, finalmente, el documento oficial para ingresarlo al departamento de Gestión Documental.

Pachakutik, de igual manera, sumó su adhesión a la propuesta, sin embargo sus representantes no asistieron a la rúbrica del pedido hasta el cierre de esta edición. (I)