Fallo de la CorteIDH a favor de pueblo Sarayacu no impide a la Policía detener a procesados por la justicia ecuatoriana
La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIdh) a favor del pueblo indígena de Sarayacu en junio de 2012 no impide a la fuerza pública realizar acciones para detener a prófugos de la justicia ecuatoriana en su territorio, pues el fallo se refiere a la extracción de material explosivo, a la indemnización económica y a la consulta a las comunidades sobre procesos extractivistas, según explicó a Andes el procurador general del Estado, Diego García.
El exasambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, y sus asesores, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, sentenciados a 18 y seis meses de cárcel respectivamente por injurias contra el presidente Correa, se refugiaron en días pasados en la localidad de Sarayacu, ubicada en la provincia amazónica de Pastaza, según informó la propia comunidad a través de un comunicado hecho público el pasado 26 de abril.
En el documento, los pobladores de Sarayacu informaron de la decisión de la comunidad de “proteger y garantizar la vida y seguridad” de los procesados, escudados -según su lectura- en las medidas cautelares emitidas por la CoIdh, lo que fue rechazado por las autoridades gubernamentales al considerar que se está atentando contra el Estado de Derecho y el sistema judicial.
“La Policía puede ejercer su competencia en todo el territorio ecuatoriano porque no hay la posibilidad de que se cree un Estado dentro de otro”, dijo el procurador y agregó que “la aceptación del derecho internacional y del derecho ecuatoriano, respeto de la existencia de una justicia o autogobierno de los pueblos y nacionalidades indígenas, está en relación a los problemas internos de la comunidad y no en la protección de personas en problemas con la justicia que entraron en su territorio”.
Enfatizó que el precedente que se estaría creando “es gravísimo”, pues implica una extralimitación de los derechos de nacionalidades indígenas y una violación de derecho interno del Estado.
Por esta razón, el procurador García y la ministra de Justicia Ledy Zúñiga viajarán a la sede de la corte IDH, en Costa Rica con el fin de informar lo que está sucediendo y para prevenir al organismo de la posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el pueblo Sarayacu pidan medidas provisionales, bajo el supuesto de que se estaría atentando contra la sentencia de la CoIDH
Esta sentencia se refiere principalmente a la obligación del Estado de retirar material explosivo (pentolita) colocado en la zona de Sarayacu para el inicio de fases de exploración petrolera realizadas en 2002 y 2003. También, a la indemnización de 1’380.000 USD (un millón trescientos ochenta mil dólares americanos) para reparación por daño material e inmaterial y a la consulta de las comunidades indígenas en caso de proyectos de exploración y extracción de recursos naturales que se pretendan desarrollar en la zona.
Sin embargo, la Coidh no emitió ninguna medida cautelar que impida a la fuerza pública incursionar en territorio Sarayacu para detener a prófugos de la justicia por delitos comunes como es el caso de Jiménez, Villavicencio y Figueroa, quienes acusaron al mandatario ecuatoriano de crímenes de lesa humanidad durante la rebelión policial del 30 de septiembre del 2010 (30-S), afirmación que no pudieron comprobar y fueron contrademandados y sentenciados por injurias.
“Cléver Jiménez y compañía (Figueroa y Villavicencio) pretenden mal utilizar, mal enfocar, incluso engañar al pueblo de Sarayacu acerca de las competencias que tiene esta resolución (de la CoIdh) respecto al retiro de la pentolita y a la consulta a las comunidades. (…) No permitiremos que las comunidades indígenas se conviertan en guaridas de prófugos de la justicia” dijo en declaraciones a la prensa la ministra de Justicia, Lady Zúñiga.
En tanto, la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, también se refirió a la decisión como una medida arbitraria. "Nadie consultó a los habitantes si querían recibir a los prófugos. Esta es una decisión irresponsable de la dirigencia", dijo la ministra a la prensa.
La comunidad de Sarayacu presentó en el 2003 la petición de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en relación a la inconsulta decisión del Estado ecuatoriano de permitir la operación petrolera del denominado bloque 23, que fue adjudicado a la empresa argentina CGC en 1996.
Los pobladores denunciaron un ingreso arbitrario de trabajadores petroleros y militares a este territorio amazónico en el 2002 y 2003, además de la colocación de alrededor de 150 kilos de explosivos para la fase explorativa, lo que puso en peligro la vida de las comunidades y la biodiversidad, elementos que fueron valorados por la Coidh para emitir su fallo.
