El debate público que se ha generado en el Ecuador por la terna que envió el presidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional para elegir a su cuarto vicepresidente ha generado cuestionamientos por una supuesta ilegalidad.

Para ciertos grupos de oposición, los tres nombres propuestos por Moreno están inhabilitados para participar en la elección legislativa. Sin embargo, tres abogados constitucionalistas explicaron que María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y María Alejandra Muñoz sí cumplen los requisitos para integrar la lista del sucesor de Otto Sonnenholzner.

La disyuntiva recae en dos artículos de la Constitución, el 113 y el 149. El primero se refiere a que los candidatos de elección popular no pueden ser funcionarios públicos con nombramiento o de libre remoción. “La finalidad es que las personas no utilicen recursos del Estado para hacer campaña electoral”, mencionó el constitucionalista Richard Ortiz.

El artículo 149 de la Carta Magna establece tres condiciones para ejercer la Presidencia y Vicepresidencia de la República: ser ecuatoriano de nacimiento, superar los 35 años de edad y gozar de todos los derechos políticos y de participación.

Con ese antecedente, Ortiz considera que en este caso las inhabilidades del artículo 149 no son aplicables porque no se va a realizar una campaña electoral. “La elección parlamentaria no es lo mismo que la elección popular”, acotó.

Para Diego Zambrano, catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), la terna de Moreno es legítima, pese a que los tres integrantes sean del Gabinete Ejecutivo. “No hay obligación para renunciar”, comentó. El jurista aclaró que evidentemente el nuevo vicepresidente tendrá que retirarse de su cartera de Estado, pero una vez haya sido electo por el Legislativo.

El vicerrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Jhoel Escudero, agregó que hay una ambigüedad en la normativa para la designación del vicemandatario. “En este caso tenemos un problema que establece la Constitución frente a los hechos. No está regulado con precisión”, sostuvo.

Ortiz coincide con su colega respecto a que existe un “vacío” en la Constitución de Montecristi y al no dejar claro el asunto, permite que se produzcan diversas interpretaciones de una situación que, además, es política. Sin embargo, Zambrano discrepa y reitera que la inhabilidad para asumir la Vicepresidencia se daría al no renunciar a su cargo actual una vez designado.

El titular de la Asamblea, César Litardo, informó que el viernes 17 de julio se realizará la Sesión Plenaria para votar por el reemplazante de Sonnenholzner, quien renunció el pasado 7 de julio. La Constitución otorga un plazo de hasta 30 días para que el Legislativo elija al vicepresidente, de lo contrario, su silencio se asume como respaldo al nombre que encabeza la terna.

“Tenemos que darle algún efecto jurídico al silencio de la autoridad. No podemos esperar que algún día a la Asamblea se le ocurra designar al vicepresidente y dejar el cargo vacante indefinidamente”, manifestó Zambrano.

Desde la visión de Ortiz, los intereses políticos fragmentan a la Función Legislativa y se necesitan mecanismos para no detener el proceso. En su opinión, 30 días para pronunciarse es “excesivo”.

El vicerrector del IAEN percibe como razonable el tiempo para el pronunciamiento oficial del Parlamento. En ese lapso esperaría que se efectúe un debate para estudiar cada uno de los perfiles y se discuta sobre ellos.

“Estamos cerca de elecciones, varios hacen sus cálculos políticos y electorales, hacen oposición en un proceso constitucional que básicamente debería ser sencillo”, declaró Ortiz.

“El Presidente tiene que elegir a la persona que le vaya a aportar en esta etapa del gobierno. Una cosa es que me agrade o no me agrade y otra inventarme inhabilidades que no están en la Constitución”, concluyó Zambrano

Los juristas apuntaron que el vicepresidente debe ser una persona del equipo de gobierno del Presidente, alguien que conozca la realidad interna del Ejecutivo y comparta su misma ideología. En ese caso, tanto Romo, como Roldán y Muñoz se encuentran en dicha línea.

El nuevo vicepresidente contará, en su opinión, con legitimidad democrática, pese a que carezca de la legitimidad popular por no haber ganado en las urnas con Moreno. Quien sí lo hizo, Jorge Glas, se encuentra en la cárcel de Latacunga por cometer asociación ilícita dentro del caso Odebrecht y sentenciado a ocho años más de prisión por cohecho en el caso Sobornos. (I)