Estado cobrará a los GAD por obras
Con 87 votos afirmativos y 12 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó ayer, en segundo debate, las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).
Cuando una institución estatal ejecute obras en un lugar que le corresponde a un gobierno autónomo descentralizado (GAD), este deberá devolver los recursos invertidos, reza una de las modificaciones.
Richard Calderón, presidente de la comisión de Gobiernos Autónomos, aclaró que cuando se invierta o intervenga parcialmente en competencias de los diferentes niveles de gobierno, la compensación será normada a través del Consejo Nacional de Competencias.
Para ello se modificó el artículo 157, que indica que, en caso de intervenciones parciales, el Consejo Nacional de Competencias normará la compensación de los recursos económicos al Gobierno interventor.
El documento prohíbe que las esposas o familiares de los alcaldes o prefectos puedan administrar o gestionar los patronatos.
Augusto Barrera, alcalde de Quito, pidió mayor control para asentamientos
y barrios ilegales.Promueve también la ampliación de áreas verdes en las diferentes jurisdicciones de los GAD, para que la gente pueda disfrutar del esparcimiento.
Adicionalmente plantea algunos referentes al procedimiento administrativo, al fortalecimiento institucional, seguridad y mejor hábitat de las familias ecuatorianas.
El texto -además- aclara los procesos de remoción de las autoridades locales y establece un control estricto para que las donaciones de bienes públicos no se las realicen a entidades privadas.
En cuanto a normas de construcción a nivel nacional, determina que las viviendas se construyan con elementos antisísmicos, iluminación y ventilación; y obliga al soterramiento de cables.
Para la creación de nuevas parroquias y cantones en el país, la normativa exige los informes técnicos favorables de los organismos encargados de límites de la República y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
El requisito de población para la creación de cantones ubicados en la franja fronteriza -40 kilómetros desde la línea limítrofe- y en las provincias amazónicas será de 10 mil habitantes y 2 mil para parroquias.
Alcalde Barrera en el debate
El alcalde de Quito, Augusto Barrera, pidió reformar el artículo 596 para avanzar en la regularización de asentamientos humanos.
Ese artículo dispone el pago al lotizador ilegal por el predio expropiado fraccionado ilegalmente, lo que implica que la Municipalidad debe destinar una parte de su presupuesto para pagar al lotizador informal que ya recibió dinero de los perjudicados.
Por este motivo se incluyó un inciso que facilite la venta directa a los posesionarios asentados en predios que han pasado a favor del Municipio por procesos coactivos en contra de lotizadores informales, sin necesidad de subasta.
Legisladores apoyan cambios
El asambleísta Ángel Vilema recordó que el Cootad se socializó por un año, pero reconoció que luego de tres años de su aplicación se detectaron algunas falencias.
Para el legislador Virgilio Hernández, la reforma fija un procedimiento para que la remoción de las autoridades locales no se hagan contraviniendo normas expresas.
El legislador alterno René Caza comentó que la Constitución de 2008 marcó el fin del modelo neoliberal, mientras que el Cootad marcó un hito importante sobre competencias, por lo que es necesario planificar el crecimiento poblacional y combatir las invasiones.