La lluvia que cayó la mañana de ayer en la capital no permitió que los legisladores compartieran información de su primer año de gestión con la ciudadanía en el parque El Arbolito, como estaba previsto.

Por el mal tiempo se ingresaron apresuradamente sillas hasta el salón plenario de la Asamblea Nacional, donde arribaron cerca de 2.000 personas, entre delegaciones ciudadanas y organizaciones sociales para participar del evento ‘Jornada de la Democracia por el Buen Vivir’.

Con la presencia de 113 asambleístas y otras autoridades, la presidenta Gabriela Rivadeneira resaltó en el salón Nela Martínez la labor realizada desde el 10 de mayo pasado. Durante este tiempo se han aprobado 18 leyes, igual número de resoluciones y 12 tratados internacionales.

En el primer grupo destacan las leyes de Comunicación, para la reparación de las Víctimas; de Creación de las Universidades Yachay, Ikiam, Uniartes y Unae; las reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización (Cootad), el Código Orgánico Integral Penal, entre otros.

Apenas fueron posesionados los asambleístas dieron la batalla por democratizar la comunicación con la aprobación de esta ley en junio pasado, exclamó Rivadeneira. “Vencimos a los hacendados de la palabra escrita y a los acaparadores de radio y televisión”.

Ante representantes de organizaciones juveniles, sindicales, campesinas, agrícolas, estudiantiles y otros, Rivadeneira destacó el evento que se desarrolló por primera vez.

Sobre el Código Orgánico Integral Penal (COIP) dijo que “vamos a dotar de mayor seguridad a los ciudadanos. Garantizar los derechos de las víctimas y su reparación integral”.

Los delitos de lesa humanidad cometidos por gobiernos anteriores, los cuales recurrieron a ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas de personas también fueron considerados. En ese marco se sitúa la Ley para la Reparación de Víctimas y Judicialización de Graves violaciones a los DerechosHumanos y Delitos de Lesa Humanidad.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Gabriel Rivera, dijo que durante este tiempo la Asamblea impulsó que la Procuraduría General del Estado ayudase en el cobro a los exaccionistas de la banca cerrada. La Comisión también participó en el control de la desinversión de las empresas de comunicación o bancarias.

Para el nuevo año de labores, la Asamblea Nacional tiene en la agenda más de 20 leyes por aprobar como los códigos de Trabajo; de Culturas y Patrimonio; Ambiental; de Salud y las leyes de Recursos Hídricos; de Tierras; entre otras.

Durante la mañana y tarde, las 12 Comisiones Especializadas permanentes sesionaron para avanzar en proyectos de leyes pendientes.

Una de ellas fue la Comisión de Justicia, en cuya sesión participaron más de 100 ciudadanos de diferentes colectivos, organizaciones sociales y de provincias.

En esta reunión se trató el trámite del proyecto de Código Orgánico General de Procesos, normativa que cambiará la estructura del ordenamiento legal de procesos.

Hoy, en cambio, está prevista la audiencia nacional de la consulta prelegislativa de la Ley de Recursos Hídricos.

Según la Comisión de Soberanía Alimentaria, la mesa de diálogo nacional reunirá a 17 organizaciones nacionales de los pueblos y nacionalidades convocadas, debidamente inscritas y validadas.

El encuentro se desarrollará hasta las 17:00. El pasado 15 de abril concluyeron las audiencias públicas provinciales realizadas en 22 provincias, en las cuales el organismo legislativo recogió las observaciones de las organizaciones de segundo grado de los titulares de derechos colectivos.

SE CONOCIÓ INFORME SOBRE YASUNÍ ITT

La Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales sesionó ayer para conocer el primer informe semestral sobre el cumplimiento de la Declaratoria de Interés Nacional para la explotación petrolera de los Bloques 31 y 43.

Esta petición fue presentada por la Función Ejecutiva y el pleno de laAsamblea Nacional la aprobó tras analizar los informes presentados por los ministerios de Sectores Estratégicos, Recursos Naturales No Renovables, Ambiente, y de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

El titular de esta mesa, Carlos Viteri, explicó que para esta declaratoria se establecieron condiciones “estrictas” en ámbitos económico, social, cultural y ambiental.

El primer informe ya fue entregado a esta Comisión por el Ejecutivo a través de los ministerios involucrados y uno de la Secretaría de Hidrocarburos responsable de la consulta previa.

En el ámbito económico, Viteri explica que está relacionado con las inversiones para las nacionalidades, los pueblos amazónicos y los GAD, donde hay mayor pobreza.

En cumplimiento de las normas ambientales todos las actividades están orientadas a que se mitigue con mayor rigor la contaminación y al uso de mejor tecnología por parte de Petroecuador.

El Ministerio de Justicia incorporó un informe respecto al monitoreo de seguimiento para precautelar los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario.