La posesión, el próximo domingo, de la nueva directiva del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Pastaza), genera expectativa. Sobre todo porque los nuevos líderes contribuyan a desactivar la tensión generada por el refugio dado a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, sentenciados por injuriar al presidente Rafael Correa.

Fuentes consultadas consideran a Félix Santi, quien el 27 de abril pasado fue electo presidente del Pueblo Sarayaku, como equilibrado y proclive al diálogo.

El asambleísta Carlos Viteri, quien nació en esta comunidad y es antropólogo de profesión, contó que el actual presidente de la etnia, José Gualinga, hizo todo lo posible para lograr la reelección, pero no tuvo el apoyo de su comunidad.

La mayoría de los 1.300 habitantes de Sarayaku rechazó su reelección “por esas decisiones erróneas que ha tomado. Por eso, la comunidad eligió a otra persona”. Para el legislador, los dirigentes salientes emiten pronunciamientos extremadamente escandalosos y sensacionalistas.

El fin de semana pasado la dirigencia denunció un supuesto plan militar denominado ‘Limpieza de Sarayaku’, que ya fue desmentido por Correa en su cuenta de Twitter.

“Lo que vive este pueblo es la consecuencia de un nefasto e intolerable plan armado desde el círculo máximo de Pachakutik (PK), que son los cerebros que planificaron cuidadosamente trasladar un problema a un territorio ancestral”, reclamó Viteri. Citó entre ellos a su colega Lourdes Tibán y a Salvador Quishpe, prefecto de Zamora.

“El propio presidente de la Conaie, Humberto Cholango, mencionó que se planificó todo junto a Tibán, Quishpe, Jiménez y otros que fueron parte de la cúpula de PK. Tomaron esa decisión perversa para involucrar a la población y, lo que es más, trasladar un problema ajeno a una comunidad que estaba viviendo tranquilamente”, indicó.

Cholango, como presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), pidió a los 3 sentenciados que se vayan de la zona, en declaraciones ofrecidas a radio Atalaya.

Señaló que la presencia de las 3 personas no puede poner en peligro la vida de los pueblos indígenas ni tampoco desvirtuar la propuesta política del movimiento indígena.

Luis Vargas, del Consejo Kichwa de Pastaza, insiste también en que la presencia de ellos genera problemas en una región que siempre vivió en paz. En un comunicado se pidió a la dirigencia de Sarayaku que entregue a los prófugos.

A ese pedido se unió José Agualsaca, presidente de la Federación Ecuatoriana de Indígenas (FEI). Él consideró que las acciones en Sarayaku “promueven acciones divisionistas” y debilitan el proceso de consolidación de las nacionalidades indígenas.

Viteri responsabilizó también a la Conaie por la situación, ya que, según él, esa organización social se ha vuelto el instrumento político de PK. “Esperemos que la nueva dirigencia de la Conaie sepa reenrumbarla, porque de lo contrario es una organización social secuestrada y cumplidora de las consignas, de la agenda política de PK”, apuntilló.

La semana pasada Lourdes Tibán, tras ingresar a la comunidad, aseguró que ellos ya no están allí. La misma versión emitió José Gualinga. “Ya no están en nuestras fronteras, por lo que carecen de nuestra protección”, argumentó.

El extitular de la Conaie y asesor de los dirigentes de Sarayaku, Marlon Santi, coincidió en que los fugitivos ya no están allí y que ahora el pueblo sigue su vida normal.

Indicó que no esconden nada ilegal en su territorio y que están abiertos al ingreso de la fuerza pública, pero advirtió que “si no comprueban que aquí hay paramilitares, que aquí hay armamento, estamos en el derecho de plantear juicios a quienes han mentido a la nación”.

Por otro lado, en un comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas rechazó las versiones de una supuesta operación militar en contra de los dirigentes Sarayaku.

Según el documento, el Comando Conjunto “en ningún momento ha considerado o peor aún, ha dispuesto que se ejecute ningún ataque” a esta comunidad y se reserva el derecho a iniciar acciones legales contra los dirigentes.

MINISTRA EXPONE CASO A LA CORTEIDH

El procurador general del Estado, Diego García, y la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, se reunieron ayer con los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

“Hemos entregado al presidente de la CorteIDH los respaldos en audio, video y de prensa escrita, que dan fe del mal uso q se pretendió dar a sentencia” del caso Sarayaku, escribió la funcionaria en Twitter.

La secretaria de Estado expresó que la dirigencia Sarayaku ha dado prioridad a intereses políticos por encima del bienestar de su pueblo. Expresó su preocupación por una afectación al estado de derecho.