En nombre de la libertad

¿Es necesaria una ley de comunicación? Son innumerables las ocasiones en las que, de una manera u otra, nos hemos enfrentado a esta pregunta, y la respuesta nunca es taxativa en un sentido ni en el otro. La complejidad de la respuesta radica en la importancia del proceso comunicativo, clave en la instrucción social y, en consecuencia, en la formación de un patrón determinado de opinión pública. Por tanto, no es una pregunta que podamos abordar de manera aislada, sino que conlleva la formulación de otras interrogantes: ¿Se puede regular la libertad de información? ¿Bajo qué parámetros? ¿Quién debiera ser el encargado? ¿Hasta dónde? ¿Tiene límites la libertad de expresión? ¿Es siempre suficiente la autorregulación?

Basta una mirada retrospectiva para recordar los años de lucha que han sido necesarios hasta alcanzar regímenes de libertades que permitieran a las personas convertirse en ciudadanos, por lo que es lícito plantear que ninguna normativa puede acabar con esos logros. Ahora bien, devolver esa mirada a la actualidad nos obliga a contemplar y entender un escenario de libertades y derechos enfrentados. ¿Qué hacer cuando la libertad de expresión choca con el derecho al honor? ¿Qué hacer cuando el derecho a la información choca con los intereses económicos (derecho al trabajo)? La composición de los grupos mediáticos hace que estas situaciones sean bastante frecuentes y a menudo los asuntos ciudadanos quedan relegados a un segundo plano, ocultados bajo el poder de intereses económicos o políticos que poco o nada tienen que ver con la agenda ciudadana. Y la experiencia internacional nos dice que en nombre de la libertad de expresión se han cometido no pocos atropellos democráticos y vulneración de derechos. Para evitar ese escenario, es necesario un empoderamiento ciudadano que le permita exigir la protección de sus derechos –y asumir sus responsabilidades– en la esfera pública, al tiempo que urge un comportamiento responsable de todos los actores que participan del sistema mediático. Los medios de comunicación han de recuperar su función social (otrora incluso su ‘apellido’, cuando hablábamos de “medios de comunicación social”) y para ello es preciso la incorporación del ciudadano: la comunicación para el ciudadano ha de ser desde el ciudadano. En tanto eso no se cumpla, corresponde al Estado crear las herramientas para garantizar la protección de los derechos ciudadanos y la independencia de los profesionales de la comunicación.

Si por un momento dejamos a un lado los públicos y los comunitarios y nos centramos en los medios de comunicación privados (que aún suponen la gran mayoría del sistema mediático ecuatoriano e internacional), el escenario con el que nos encontramos no es sencillo. En tanto que empresas, los medios de comunicación han de responder a criterios económicos, que pueden tener un peso excesivo llegando a condicionar los propios contenidos. En tanto que instituciones de poder, mantienen un determinado posicionamiento ideológico con respecto a los temas de debate principales, circunstancia que puede asimismo resultar excesivamente influyente. Por último, en tanto que instituciones sociales, tienen la responsabilidad de evitar que todos esos factores atraviesen la barrera de lo profesional colándose en los contenidos. Mantener la autonomía del periodista con respecto a la influencia de los criterios económicos e ideológicos sigue siendo un reto y una urgencia en el proceso de comunicación. Solo así podremos pensar en información de calidad, que será un pilar fundamental en una sociedad con altos niveles de formación, compromiso y exigencia, por cuanto los medios de comunicación siguen siendo una de las herramientas fundamentales con las que el ciudadano forma sus juicios de valor. El Estado debe garantizar la formación de una opinión pública libre, crítica y autónoma; por tanto, es su tarea proporcionar las herramientas que lo hagan posible, no solo a través de unos medios de comunicación públicos de calidad, sino creando el marco normativo que permita la configuración del citado patrón de opinión pública.