En la arena política todo es posible. Los escenarios cambian de un día a otro o de una semana a otra. Eso ocurrirá en la Asamblea Nacional con el pedido de juicio político al vicepresidente de la República, Jorge G., quien está detenido en la Cárcel 4 de Quito hace siete días, por su supuesta implicación en el caso de asociación ilícita.

Hoy CREO tiene previsto recoger las firmas para llevar al banquillo de los acusados al Segundo Mandatario. Roberto Gómez y Lourdes Cuesta estarán encargados de recorrer el hemiciclo legislativo, que incluye las curules del oficialismo. “Esperamos que la ética prime y no la complacencia a Rafael Correa, que está en el ático. Hay pruebas más que evidentes en contra del Vicepresidente. Veremos si PAIS está al lado del pueblo o de la corrupción”, advirtió Esteban Bernal, de CREO.

Pero esa solicitud no será la única. El movimiento gubernamental, que está fracturado, encabezaría su propio pedido de juicio político. Esa será la segunda vía en la Asamblea.

Los aliancistas, que están a favor de Lenín Moreno, se unirán a una parte de la oposición: Bloque de Integración Democrática (BIN), conformado por las minorías e independientes, y el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG).

Así lo contó a este diario Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática e integrante del bloque BIN. “Estamos en conversaciones. Todavía no hemos hablado con SUMA, que podrá unirse a este camino”, explicó.

Ellos presentarán el pedido a juicio en unas semanas y cada organización nombrará a su propio interpelante. El BIN, PSC-MG y los disidentes de PAIS suman 51 votos en total. Si SUMA se une a ellos tendrían 66 votos. La solicitud para la interpelación solo requiere de 45 firmas. Mientras la destitución y censura necesita 91 votos.

Pero ¿por qué los legisladores morenistas no firmarán la solicitud de CREO? Porque consideran que eso “sería un trofeo para la organización de Guillermo Lasso”, anotó Andrade.

Ella confirmó que su bancada no firmará el pedido de CREO previsto para hoy. “Es necesario revisar las pruebas para evitar que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo descalifique nuevamente”, indicó.

Según Andrade, la oposición debe esperar un poco más y CREO tendrá que unirse al grupo de PAIS y al resto de oposición para interpelar al Vicepresidente detenido y sin funciones. Esperan a la Fiscalía que ya investiga otros delitos en ese caso: cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, que son causales para el juicio político. “Está claro que la Asamblea podrá destituir a Jorge G., hay elementos suficientes de su participación en caso Odebrecht, pero requerimos más tiempo para ello”, insistió.

Alianza PAIS no confirmó a este diario ese nuevo escenario. Franklin Samaniego, vicepresidente de la Comisión de Justicia, manifestó que en las reuniones de la bancada nadie planteó esa posibilidad.

“Ratificamos que la justicia siga su camino. Hasta hoy no hay pruebas, el proceso por asociación ilícita tiene que evacuarse”, explicó.

Sin embargo, los aliados de PAIS están a favor del juicio político al Vicepresidente. Carlos Cambala, del Frente de Lucha Ciudadana-AP, dijo  que comparte la posición del presidente de la Asamblea, José Serrano.

“El Vicepresidente debe dar un paso al costado y renunciar al cargo. Estoy a favor de la lucha contra la corrupción”, señaló a este diario.

El Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero tampoco confirmó  si hoy firmaría o no el pedido de juicio de CREO.

Poly Ugarte, del PSC-MG, señaló que su bancada apoya la interpelación a Jorge G., porque el país necesita estabilidad para seguir adelante. “Respaldamos el llamado a juicio político, hay que proceder a la salida del Vicepresidente, sin eso no hay estabilidad), indicó.

Elio Peña, de Pachakutik, subrayó que firmará el pedido de CREO. “Queremos que el juicio pase en el CAL. Este debe demostrar  que combate la corrupción. No se puede tolerar la impunidad y la Asamblea debe fiscalizar”, agregó. (I)

DATOS

Una semana sin convocatoria al pleno. Después de siete días sin sesionar, la Asamblea discutirá hoy el primer debate de reformas a la Ley de Educación.

En cuatro meses de administración legislativa, el plenario aprobó siete leyes que quedaron rezagadas en el período anterior, entre ellas, el Código de Seguridad Ciudadana, la Ley de Semillas.

La Legislatura desde que inició el nuevo período aprobó 31 resoluciones. Entre ellas se destacan resolución que autoriza el enjuiciamiento político al vicepresidente de la República, Jorge G.

La administración parlamentaria del período 2017-2019 tiene 50 proyectos de ley en carpeta. De los cuales quedan pendientes 46 iniciativas del oficialismo y de la oposición. (I)