Aunque “no son muchos”, la Fiscalía de Cañar investiga nuevos casos de tráfico de personas, son niños de 12 a 15 años, la mayoría, que intentaron reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos.

El fiscal Romeo Gárate indicó que a pesar de lo ocurrido con Noemí Álvarez, aún hay padres que arriesgan a sus hijos al ponerlos a merced de los coyoteros. “No conocemos de otro caso de desaparición, pero los afectados son menores de edad que no lograron llegar al destino y fueron deportados a Ecuador en el trayecto”.

Las sumas que entregan a los coyoteros son diversas y una vez que el “reencuentro” ha fracasado amedrentan a las familias para que no reclamen la devolución ni denuncien el hecho, explicó el fiscal, tras agregar que los casos están en indagación previa y se conocieron a partir de la deportación de los menores.

Hasta el momento, la Cancillería, el Ministerio del Interior y la Fiscalía trabajan coordinadamente para garantizar la seguridad de los familiares de Noemí, a través del sistema de víctimas y testigos, que han sido amenazados desde que inició la investigación.

Gárate indicó que este caso revela que los  coyoteros forman parte de redes internacionales. Recordó que en el proceso  intervinieron “seudodirigentes” de la comunidad que intentaron juzgar a los implicados -hoy sentenciados a 16 años de prisión- mediante los mecanismos de la justicia indígena, lo que no prosperó. 

“Cuando se viola a una niña jamás puede existir supremacía cultural. Este tipo de delitos rebasa el ámbito cultural”, apuntó.