En Abdón Calderón los usuarios pagan hasta $ 600 por el servicio de agua (Galería)

Uno de los servicios básicos y derecho de los ciudadanos de una localidad es el agua. Y este precisamente es el problema en Abdón Calderón, zona en conflicto ubicada entre los límites de las provincias de Azuay y Guayas y cuya pertenencia no está definida. Guayas tiene 14 de las 768 diferencias internas por límites en el país, entre las más conflictivas se encuentra la de Abdón Calderón.

La Junta Administradora del Agua de la parroquia es un ejemplo para otras comunidades. Así lo manifiestan sus administradores, quienes se sienten orgullosos del trabajo realizado. Los que están al frente son azuayos y ratifican que el territorio es parte de Azuay.

Para otro grupo de personas, entre los que también están azuayos, las tierras son de Guayas. Es una pugna que lleva años y que hace 2 semanas generó enfrentamientos, que terminó con 4 heridos.
Más allá de la definición limítrofe por 105 kilómetros cuadrados, el manejo del agua se ha convertido en un punto de conflicto. La Junta cobra $ 490 por el acceso, esto cubre la instalación de una cometida en las casas, pero no los materiales. El costo total para acceder al líquido vital ascendería a $ 600, y eso es rechazado por los moradores.

El presidente de la Junta, José Zumba, detalló que este rubro se cobra porque el sistema es costoso y se necesita mantener. Adicionalmente ellos cuentan con un tarifario propio y el consumo es controlado a través de los medidores que los moradores compran.

En Abdón Calderón viven 1.500 habitantes, pero la Junta de Agua atiende a otras comunidades. Actualmente la entidad registra 570 socios. Los habitantes del sector con menos recursos hicieron un pedido a la Junta para que el cobro del derecho al agua no sea tan caro y se fije en $ 80, lo que hasta ahora no ha tenido acogida.

Ante la falta de respuesta, estos ciudadanos acudieron a las autoridades para pedir mayores controles.   

José Ullaguari tiene documentos emitidos por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) en 2009 en los que se recomienda que la dirección provincial del Miduvi en Guayas opere la Junta. En este punto entra nuevamente el problema limítrofe.    

El subsecretario de Agua Potable y saneamiento de Residuos Sólidos de la época informó que la jurisdicción de la Junta administradora de Agua Potable Abdón Calderón corresponde a Guayas, en base a la información del Censo de Población y Vivienda.    

Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) tiene como competencia editar y actualizar la División Político–Administrativa de la República del Ecuador, basada en la Ley de División Territorial promulgada el 26 de marzo de 1897, esta misma entidad aclara que su determinación no implica un reconocimiento oficial, ni es prueba de pertenencia.

Esta información sobre la división territorial,  que es de libre acceso para los usuarios, está actualizada al 31 de diciembre de 2011.

Esa es una de las denuncias que en Abdón Calderón están paralizadas por la falta de límites.
“En 2009 vinieron los funcionarios del Miduvi de Guayas para socializar con el pueblo, pero este lo correteó así como lo hace ahora”, se quejó Ullaguari.    

Abdón Calderón es una parroquia rural con todos los servicios básicos, lo que es destacado por la comunidad. “Nosotros trabajamos entre 30 y 60 días para traer el agua”, recalcó Ullaguari.

Una de las quejas es que Etapa, empresa que participó en el convenio para la implementación del sistema de agua potable y alcantarillado, sea la que también realice la auditoría al sistema.

“Ellos implementaron el sistema, no pueden ser ellos mismos los fiscalizadores”, criticó  Rosa González, quien fue parte del directorio de la empresa comunitaria.

La empresa tiene un tarifario establecido en donde consta que hasta los 15 metros cúbicos de consumo el costo es de $ 0,25 con un arranque fijo de $ 0,50, indicó Sumba. Para quienes consuman de 16 a 20 metros cúbicos el costo sube a $ 0,35; de 21 a 25 se establece en $0,45, mientras que a quienes llegan de 26 a 30 metros cúbicos se les cobra       $ 0,75 y quienes excedan de 31 metros pagarán $1. 

Sumba detalló que son 10 personas las que están en el directorio de la Junta y rechaza las acusaciones de sus vecinos. Explicó que su trabajo es voluntario, así como el de las personas que lo acompañan en la dirección desde hace 6 años, funcionamiento de la Junta.

“Aquí solo la recaudadora y el operador reciben un sueldo porque trabajan para la empresa”, explicó. De ahí él recibe una bonificación  cuando le toca hacer gestiones fuera de la parroquia, indicó.
El directorio incluye a 2 personas en calidad de veedores.

Una de ellas es Norma Juela. Ella aclaró que la Junta trabaja transparentemente y que están siendo auditados por la Contraloría General del Estado.

“Estamos dispuestos a revisar el costo del acceso al agua y han existido errores, pero no somos perfectos y si hay que corregir algo más lo haremos”, detalló mientras buscaba en los escritorios de la oficina de la Junta los documentos que justificaban la creación y el pago de los impuestos que exige la ley.

Rosa González recordó que el agua viene por gravedad y que fueron los habitantes quienes con herramientas en mano hicieron posible que el líquido llegue.

A ella, quien es de origen azuayo, ahora le dicen la guayaca porque apoya a quienes quieren que se disminuya el costo al acceso al agua. “No es posible que si en una casa viven 2 o 3 familias se les quiera cobrar a cada una un derecho de agua; si ya hay una cometida en la casa por qué pagar más, si se paga un consumo. Ese es el negociado que hay en nuestro pueblo”, denunció.

Hay casas que tienen doble cometida aunque es una sola. El pueblo es pequeño, por ello se sabe quiénes habitan los inmueble. Si no solicitan otra cometida la multa puede llegar a $ 150.
González detalló que “no hay consumo de diésel ni de máquinas para que les llegue el agua, por eso el costo no es tan elevado”.

Frente a esto la veedora de la Junta dice que ellos tienen un sistema moderno con una planta de tratamiento y todo lo que se necesita para obtener agua de buena calidad: “Azuay nos ayudó con material, pero la obra es nuestra porque fue con nuestras manos y nuestro dinero que se ha hecho. En el reglamento de la Junta consta que para tener el derecho al agua se debe participar en mingas de trabajo de 55 días”. Este trabajo ha sido valorado en los $490 que cobran. Sumba explicó que ahora casi no hay mingas porque el trabajo ya está hecho y por ello cobran en efectivo.

Los usuarios pueden pagar en cuotas con una entrada de $ 130 y la diferencia para cubrir el resto trimestral, mensual o semestralmente.

Problemas diarios

En general el ambiente en el pueblo rural es de tensión, sobre todo entre los líderes de ambos bandos que defienden la pertenencia a Guayas o Azuay. Según los primeros  sienten acoso, tanto que no pueden tener a sus hijos en el colegio local porque es administrado por un rector que se siente azuayo. Esto es desmentido por los denunciados, pues afirman que la entidad recibe a todos por igual.
Producto de los recursos obtenidos del agua, la Junta ha creado una cooperativa de ahorro para dinamizar la economía. Los que no apoyan la causa de Azuay dicen que no pueden acceder a préstamos porque se identifican con Guayas.