Abdalá Bucaram solo había gobernado Ecuador 5 meses y el país era un hervidero. Escándalos de corrupción y protestas estudiantiles por el alza de los precios del gas y el transporte afectaban al gobierno roldosista.

Eso denunció el  entonces embajador de Estados Unidos, Leslie Alexander, y la administración empezó a derrumbarse. Con esa pauta, un bloque de oposición encabezado por el Partido Social Cristiano (PSC) movió sus fichas.

En menos de una semana el líder del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) fue destituido del cargo por “incapacidad mental”. Entonces Fabián Alarcón, en aquella época titular del Congreso y líder del Frente Radical Alfarista (FRA), fue nombrado presidente interino, un cargo que no existía en la Constitución de la época.

El 17 de octubre pasado, durante el enlace ciudadano, el presidente Rafael Correa presentó un audio en el que se escuchan las negociaciones entre miembros del PSC para designar cargos en la nueva administración. Reuniones y declaraciones recogidas por la prensa en aquella época corroboran esta versión.

Empresas ‘gringas’ contentas

“La actual extorsión rebasa las usualmente sólidas costumbres de corrupción”, dijo Leslie Alexander a los medios el 29 de enero de 1997 (ver infografía).

El diplomático se refería a las prácticas irregulares, sobre todo en las aduanas, donde se pedían coimas que iban desde el 10%.

Esas declaraciones le costaron el puesto a 3 altos funcionarios, además de largas reuniones entre funcionarios de Gobierno y el embajador. En esa época el 45% del comercio exterior ecuatoriano iba a EE.UU. y el 65% de inversión directa extranjera provenía de ese país. La prensa de ese tiempo describió como “una gran onda expansiva” los comentarios de Alexander.

Quince días más tarde, el representante norteamericano se reunió con el nuevo presidente interino en Carondelet para “afianzar” las relaciones bilaterales. Allí dijo que las empresas estadounidenses que operan en el país estaban ‘muy contentas’ y negó ser responsable de la caída de Bucaram. “Las personas tienen derecho de pensar lo que quieran, pero como embajador  gringo solo hablé de los problemas de las empresas gringas, nada más”, expresó.

Días previos al anunciado paro nacional, la oposición, encabezada por los socialcristianos, consolidaba las alianzas que después se pondrían en práctica.

Hasta ese momento - según la prensa - la postura de Alarcón era incierta.

Por su parte, la Coordinadora de Movimientos Sociales se había tomado la Catedral de Quito. Su pedido se enmarcaba en ‘el nacimiento de un nuevo país’.

Entonces se forjó “una unión inédita”, señalaba la prensa de la época. Un día antes de las movilizaciones los partidos políticos y movimientos sociales buscaban juntos un mecanismo legal para la destitución de Bucaram. En el encuentro que se suscitó en la Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador (Fetrapec) participó el expresidente Rodrigo Borja (ID) y Osvaldo Hurtado (DP), también Jaime Nebot en representación de León Febres Cordero (PSC), Heinz Moeller (PSC), Raúl Baca (ID), César Verduga (DP) y Luis Macas (Pachakutik).

“¿De qué golpe de Estado pueden hablar?”, reclamó al día siguiente  Febres Cordero durante el paro cívico en la avenida 9 de Octubre, en Guayaquil, donde era alcalde. Allí indicó que Bucaram ya no puede enmendar sus errores y anticipó que se aplicaría el artículo 100 de la Constitución el cual permitía al Congreso censurar al Jefe de Estado por incapacidad física o mental: “El gobierno está desestabilizado”, resaltó, mientras vaticinó -según los diarios de ese tiempo- un futuro con otro presidente.    

También se solidarizó con Alarcón ante las supuestas amenazas que había recibido.

Días posteriores, el Congreso eligió -con 44 votos a favor- a Alarcón como presidente interino. Lo que había dicho Febres Cordero se cumplió al pie de la letra. (I).

DATOS

Medios reportaron que alrededor de 2 millones de personas en todo el país salieron a protestar el 5 de febrero de 1997 en contra del expresidente Abdalá Bucaram (PRE).

En una encuesta realizada en aquella época por la consultora Informe Confidencial se demostró que el 40% de los ciudadanos consultados consideró que los políticos se unieron con el pueblo en la protesta.   

No obstante, el 55% creyó que lo hicieron porque “querían aprovecharse”. Frente a la pregunta “¿Participó usted en alguna manifestación contra el gobierno de Abdalá Bucaram la semana del 5 de febrero?”, a nivel nacional un 75% contestó que no.

En la Costa, el 89% dijo que no frente a un 11% que dijo que sí participó. En la Sierra el no obtuvo un 59% y el sí un 40%.