Las elecciones seccionales del 23 de febrero aún no se cierran debido a los recursos interpuestos. En al menos 17 provincias del país ya se determinó cuáles son las organizaciones políticas que han ganado un puesto de elección pluripersonal, en el caso de concejalías y juntas parroquiales.

Nubia Villacís, vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), manifestó que en esos casos debe asignarse el escaño al más votado. “Las provincias en las que estamos en ese proceso son Cotopaxi, Bolívar, Azuay, Galápagos, Imbabura, Morona Santiago, Napo Pastaza, Santa Elena, Sucumbíos y Tungurahua. En estos lugares estamos en la etapa de que alguien presente algún recurso a la asignación de escaños”, explicó la funcionaria.

Una vez que se cerraron los plazos para objetar los resultados numéricos se hizo la notificación a los partidos y movimientos participantes para que estos, en 48 horas, presenten algún recurso a la asignación de escaños. Ayer feneció ese lapso en Bolívar, Cotopaxi, Napo, Sucumbíos y Tungurahua.

Estos tiempos constan en la sección quinta del Código de la Democracia. El artículo 166 de dicha norma estipula que “cuando la adjudicación de puestos esté en firme, la correspondiente autoridad electoral emitirá las respectivas credenciales, que serán entregadas por el presidente del CNE o de la Junta Provincial Electoral, según corresponda”.

Las autoridades electorales no posesionan a ningún funcionario sino que entregan las credenciales y ellos tienen que ir con ese documento a asumir sus puestos.

Previamente a la entrega de credenciales, el CNE tiene que obtener del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dos certificados que demuestren que no existen trámites pendientes de impugnaciones.

Una vez entregadas las credenciales se da por terminado el proceso electoral.

El CNE tiene previsto que las credenciales se empiecen a entregar entre la última semana de abril y la primera de mayo.

El trámite deberá estar concluido el 14 de mayo, de acuerdo a lo anunciado por las autoridades electorales.

En cuanto a las siete provincias restantes en donde aún no se cierra el proceso, Villacís manifestó que están en la fase de impugnaciones a los resultados numéricos, puesto que varias parroquias de esas jurisdicciones repitieron las elecciones seccionales.

Hasta el corte del jueves, el pleno del Consejo Electoral recibió 124 impugnaciones. La provincia que más ha presentado estos trámites es Manabí, en donde se registran 48 solicitudes. Le sigue Guayas, con 24 impugnaciones; El Oro, con 7; y Pichincha, con 3; el resto corresponde a otras provincias.

Las objeciones se presentan ante la Junta Provincial Electoral, mientras que las impugnaciones se tramitan en el pleno del CNE y los pedidos de nulidad y apelaciones van directamente ante el TCE.

Entre los últimos fallos del TCE está la apelación de Líder Córdova, aspirante al Municipio del cantón Chaguarpamba, de Loja. El tribunal ordenó rectificar e ingresar los resultados correspondientes a la dignidad de alcalde de esa localidad.

Mientras que en el caso de la apelación de Víctor Vidal, candidato a Alcalde de Paltas, se dispuso realizar un nuevo escrutinio en una junta de la parroquia Casanga.

REVISIÓN DE LAS FIRMAS COSTARÁ $ 790.000

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el jueves el plan operativo para el proceso de verificación y validación de firmas de respaldo para las propuestas de consulta popular sobre la explotación del ITT. El presupuesto es de $ 790.525,93, que incluye los rubros inherentes a la tecnología, personal, transporte, logística, entre otros.

El plan consta de tres partes con sus respectivos responsables: preparación, ejecución y la fase posproceso de revisión.

La verificación de firmas iniciará el próximo 8 de abril con la recepción de los formularios y concluirá el 10 de mayo. El proceso se efectuará en las instalaciones del excomisariato de las Fuerzas Armadas.

Las firmas presentadas por los colectivos serán contrastadas con la base de datos de varias instituciones, como el Registro Civil, Cancillería y Agencia Nacional de Tránsito; y con los padrones electorales de 2009 y 2011 del CNE.

En el proceso se incluyen aspectos como la implementación de la plataforma tecnológica, plan de seguridad para el transporte de los materiales y capacitación a las personas encargadas de la revisión.