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El camino para eliminar el Consejo de Participación será por referéndum

La Corte Constitucional que deberá pronunciarse sobre los pedidos de cambio de la Carta Magna de Montecristi.
La Corte Constitucional que deberá pronunciarse sobre los pedidos de cambio de la Carta Magna de Montecristi.
Foto: Álvaro Pérez / El Telégrafo
03 de agosto de 2019 - 00:00 - Redacción Política

La Corte Constitucional (CC) dictaminó que la propuesta de modificación constitucional para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social será a través de una reforma parcial a la Constitución.  

De esta manera, el movimiento político AHORA deberá iniciar la recolección de  133 mil firmas, que representa el 1% del padrón electoral del país. El dictamen tuvo el apoyo de ocho de los nueve jueces de la Corte Constitucional.

Michael Aulestia, presidente del movimiento AHORA, comentó que el siguiente paso será solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) los formularios para la recolección; prevén hacerlo en dos semanas.

El movimiento tendrá seis meses (180 días) para recolectar las rúbricas. Luego el CNE, en 15 días, deberá verificar la autenticidad de las mismas. Después el proyecto de reforma será presentado a la Asamblea Nacional -indicó-.

La propuesta deberá ser analizada en dos debates, en un plazo de 90 días. Luego de que se apruebe el texto se convocaría, en 45 días, a una consulta. “El referéndum se efectuaría en las elecciones generales de 2021”, dijo Aulestia.

Sin embargo,  falta por debatir la  iniciativa que impulsa el Comité de Institucionalización por la Democracia, liderado por el exconsejero Pablo Dávila.   

Este Comité propone la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que sus facultades de designación de autoridades se transfieran al Legislativo, a través de un sistema bicameral.

El constitucionalista Jorge Benavides sostiene que la iniciativa debe ser analizada porque incluye varios requisitos para conformar el senado. Por ejemplo, se menciona que los candidatos tengan mínimo 35 años y un título universitario.        

Para Benavides la idea  es interesante, pero desde el punto constitucional hay que revisar si la solicitud de aumentar requisitos puede restringir derechos de participación ciudadana. (I)

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