El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tramita el proceso 005-2016, que es una denuncia que interpuso el ciudadano Javier Enrique Serrano López en contra de Elizabeth Margarita Andino Verdezoto. Ella es representante provisional designada para el trámite de recolección de firmas de adhesión, inscripción y registro del movimiento político Democracia Sí. Es una agrupación liderada por los hermanos Marcelo y Gustavo Larrea, además de Diego Borja.

La causa se origina por un supuesto uso del nombre del exvicepresidente y actual enviado especial del secretario general de la ONU para las discapacidades, Lenín Moreno, para conseguir firmas adherentes. Ese es un paso fundamental para lograr la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La causa se inició el 2 de febrero de este año. El último lunes se efectuó la audiencia en la que las partes expusieron sus pruebas. En esa diligencia se pidió el testimonio del exsegundo mandatario. Él envió una carta desde Ginebra (Suiza), donde actualmente reside. En la misiva, con fecha 16 de febrero, pide que sus palabras sean utilizadas como su declaración.

La carta indica: “Tal como consta en los registros oficiales del Consejo Nacional Electoral, yo soy adherente y ocupo un cargo de dirección en el Movimiento Político Alianza PAIS como uno de sus vicepresidentes. Como tal, nunca he autorizado que se use mi nombre para recoger firmas a ninguna organización política en proceso de reconocimiento ante las autoridades electorales”.

El exvicepresidente reiteró su posición el día de ayer a través de una columna de opinión en diario EL TELÉGRAFO. En ese espacio ratificó su convicción política.
“Ya en una carta anterior, que fue hecha pública, manifesté que, si soy seleccionado y decido ser candidato, únicamente lo haría desde el movimiento Alianza PAIS, porque es con mis compañeros de lucha y de ruta y con el Presidente, con quienes emprendimos la tarea de restituir los derechos a aquellos que siempre fueron los olvidados de entre los olvidados, y de devolverle al país la esperanza. De mi padre aprendí que el verdadero caballero es de una sola palabra, y yo la mantengo”, refirió en el diario.

Por su parte, Marcelo Larrea, uno de los dirigentes de Democrasia Sí, dijo que no existe razón para que el Tribunal Contencioso Electoral acoja la denuncia ya que la considera falsa. Asegura que no utilizaron la imagen del exvicepresidente de la República. “No necesitamos usar la imagen de nadie. Nuestro símbolo es el corazón de la democracia (...). Además, no constituye infracción legal alguna que una organización política proponga el nombre de un ciudadano porque en la Constitución se establece que hay el derecho y libertad de elegir y ser elegido”.

Larrea también recalcó que en caso de que el Tribunal Contencioso emitiera una resolución, no tendría validez. “Es una barbaridad jurídica que no está tipificada en el Código de la Democracia porque no existe infracción y el TCE no tiene competencia alguna en la materia; y lo que debe hacer es archivar la denuncia, a menos que se quieran exponer los magistrados a ser enjuiciados penalmente por arrogarse funciones que no son de su competencia”.

El dirigente no descartó que pueda entablar un acercamiento con Moreno o con cualquier otro actor político ajeno a su agrupación para definir las candidaturas que presentarían en la próxima contienda electoral, siempre y cuando sean registrados en el CNE. “Los candidatos que escojamos  son los que en última instancia deciden si aceptan o no la designación a través de la firma de aceptación. (...). El Código de la Democracia dice que las organizaciones políticas pueden presentar candidatos de sus filas y también de otras”.

Larrea reiteró que en los formularios que sirven para recoger las firmas que serán entregadas al CNE para la habilitación del movimiento político constan el nombre del movimiento político y su imagen.

La resolución, en trámite

El juez sustanciador de la causa en el TCE, Miguel Pérez, debe presentar su resolución de primera instancia hasta el 3 de marzo de 2016 y a partir de la notificación son 3 días para apelar ante el pleno del Tribunal.

Según el procedimiento contencioso electoral, esta resolución podrá ser apelada en el plazo de tres días, contados a partir de su notificación ante el pleno del TCE. El pleno tiene 10 días después de presentada la apelación para emitir su resolución final e inapelable.

La sanción en estos casos podría ser la suspensión del ejercicio de los derechos políticos hasta por un año y multa de hasta 10 salarios básicos unificados, lo que equivale a $ 3.360. (I)