El proyecto de reforma a la LOEI generó debate sobre sistema educativo público

El pleno de la AsambleaNacional  trató ayer en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

El informe presentado por la presidenta de la Comisión de  Educación, Ciencia y Tecnología, Ximena Ponce, destacó que la reforma procura robustecer las posibilidades del sistema educativo público desde varias aristas.  Una de ellas es que se eliminen barreras en el acceso a la carrera docente pública al hacerla más atractiva para personas con formación en diversas disciplinas y se facilite su profesionalización en la educación, lo que a la par mejora las posibilidades de traslado en el territorio y  garantizaría la provisión del servicio educativo y el acceso equitativo al derecho a la educación de toda la población ecuatoriana.

La LOEI está en vigencia desde hace 3 años y la Comisión decidió el 5 de febrero de 2014 evaluar el primer momento de aplicación de esta ley.

Esto se realizó con la participación activa de la comunidad educativa que va de la mano de estudiantes, padres de familia, maestros, funcionarios públicos y directivos del sistema educativo ecuatoriano.

Las inquietudes se centraron en temas como la jubilación de docentes, infraestructura escolar; la hora pedagógica, la necesidad de fortalecer la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en áreas urbanas y rurales, entre otras.

Como resultado se plantearon reformas en temas de clarificación de los procedimientos disciplinarios que conocen las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos; se cree la figura de docentes consejeros estudiantiles; y la vinculación del incremento de valores en matrículas de instituciones educativas particulares para mejorar la calidad de la enseñanza.

Con la finalidad de dar respuesta a las diferentes dificultades que se evidenciaron en el proceso de evaluación, también se enfocó a la regulación y clarificación del procedimiento de traslado administrativo; y clarificación de los procesos de recategorizaciones, temas que fueron incorporados a este proyecto de reforma.

La norma contiene 12 artículos e incluye una disposición general y 2 disposiciones transitorias, que establecen que las resoluciones de las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos serán impugnadas ante la máxima autoridad del Nivel de Gestión Zonal.

Agotada esta instancia se podrá recurrir en sede contenciosa administrativa.