Usted denunció que, a través de una veeduría ciudadana “direccionada”, creada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se trataría de intervenir en el concurso público de frecuencias de radio. ¿Por qué?

No estamos contra ninguna veeduría ni nos oponemos a la tarea del CPCCS. Pero consideramos que esa veeduría deben integrarla personas con capacidad técnica, sin conflictos de intereses ni tintes políticos. Inicialmente advertimos que cuatro de sus siete integrantes no tenían esa capacidad; luego supimos que han renunciado dos que cumplían con este perfil. Por lo demás, durante 10 años, los medios de comunicación no han regularizado su funcionamiento. En el Gobierno anterior hubo un concurso viciado y la Contraloría lo dio de baja. Nosotros recuperamos el proceso, considerando todas las disposiciones de dicho ente de control estatal.

Usted denunció al coordinador de la veeduría, Héctor Velasco. ¿Puede ampliar esa denuncia?

Durante el anterior concurso público de frecuencias, Héctor Velasco envió una carta al entonces vicepresidente de la República, Jorge Glas, pidiéndole que le “otorguen” el título habilitante de la frecuencia, que tiene como concesionario a Radio Democracia (EXA). Aparte de otras consideraciones éticas, este hecho revela un claro conflicto de intereses.

Usted exhortó al CPCCS a que se integre la veeduría con los mejores ecuatorianos, de alto perfil técnico y, sobre todo, alejados de conflictos de intereses y de tintes políticos. ¿Cree que el CPCCS acepte ese exhorto?

Como Gobierno alertamos y exhortamos al CPCCS para que analice a fondo la conformación de dicha  veeduría, donde se veía un tinte político y discrecionalidad. Dicho sea de paso, esa veeduría se constituyó muy rápidamente, no hubo tiempo para hacer impugnaciones a sus integrantes, ni siquiera se notificó a Arcotel o al Mintel.

¿Estos cuestionamientos pueden retrasar el proceso de asignación de frecuencias?

El proceso es transparente, justo y competitivo. Se valora la experiencia, la inversión y las audiencias ganadas por parte de los medios privados. El proceso seguirá con normalidad. Si la veeduría prevé entregar su informe en noviembre, nuestro cronograma indica que los títulos habilitantes se entregarán desde agosto.

¿Por qué han demorado los concursos para la asignación de frecuencias de radio y TV?

Recordemos: en junio de 2018, la Contraloría emitió un informe con recomendaciones sobre el concurso iniciado en abril de 2016. Indicó que debían coordinarse acciones legales para anular el concurso de adjudicación de frecuencias; debiendo analizar, caso por caso, los títulos habilitantes entregados hasta esa fecha. Además, la Asamblea Nacional expidió la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación (Registro Oficial No. 432, febrero 20, 2019) y hubo que modificar la normativa secundaria. Esta reforma fue clave porque permite que los medios privados y los comunitarios no compitan por una misma frecuencia.

¿Cuál es la diferencia con los procesos que se realizaban en la época del correísmo?

Antes no hubo distribución de frecuencias por tipo de medio; hoy las frecuencias para medios privados y comunitarios están diferenciadas. Incluso se elaboró un catastro en función del proceso establecido; por ejemplo, cuántas frecuencias hay para radios FM. Antes, hasta el 33% de frecuencias era para medios públicos; hasta el 33% para privados y hasta el 34% para comunitarios. Hoy la distribución es más justa: hasta 10% de frecuencias para medios públicos; hasta el 56% para privados y hasta el 34% para comunitarios. Antes, no hubo determinación de demanda de frecuencias; hoy puede establecerse si la adjudicación sigue proceso público competitivo o adjudicación simplificado. Antes se evaluaban cuatro planes, uno de ellos era el comunicacional; hoy se evalúan dos: el Técnico y el Financiero y de Gestión, cuya evaluación es objetiva y práctica. No se requiere ni se evalúa el plan comunicacional. Antes el puntaje de evaluación tenía tres componentes; hoy se evalúan dos: Técnico, que tiene más puntaje, y de Gestión y Financiero. Antes no se exigía garantía de seriedad de la oferta; hoy sí, la cual se efectivizará si un interesado desiste de participar o no suscribe el título habilitante de una radio privada, entre otras causales. Antes la solicitud y demás documentos de respaldo se entregaban físicamente; hoy todo es digital.

Estas 3 mil frecuencias son nuevas, ¿qué pasó con los antiguos dueños, cómo se está realizando el proceso?. Esa fue una de las críticas al concurso anterior: que muchas radios que ya venían trabajando y habían hecho inversiones podían desaparecer o pasar a manos de otros dueños.

Para esto específicamente se hizo la reforma, para impedir que privados compitan con comunitarios. El presidente Moreno efectuó la reforma a la LOC, ahora no compiten privados con comunitarios, incluso a los medios públicos se les redujo del 34% al 9%.

Adicionalmente se incluyó algo muy importante: el derecho a la audiencia, donde los radiodifusores que tienen varios años de experiencia y han tenido inversión tienen 30 puntos extra. Ahora hemos lanzado este nuevo concurso de FM. 3 mil medios de comunicación, la mayoría son los mismos radiodifusores que ya tienen una concesión, pero ahora ya no tienen quién compita con ellos de una manera desleal.

Se cumplió o no todas las recomendaciones de Contraloría. ¿Qué pasó con los tres grupos que concentraron frecuencias?

La Contraloría ha dicho que hay concentración de frecuencias en tres grupos. Hemos aplicado un factor novedoso: la declaración responsable, es decir, usted firma y entrega los documentos. Contraloría, Fiscalía y la Justicia tienen el derecho de revisar si los documentos son verdad. Si son falsos, pueden ser castigados penalmente y se les retirará inmediatamente las frecuencias. Si en seis meses los entes de control descubren que los concursantes no han cumplido, en el caso de concentración por ejemplo, las frecuencias serán retiradas.

La asignación de las frecuencias será ahora por 15 años, ¿cuál es la razón?

El tiempo de vigencia de los títulos habilitantes para los servicios de radiodifusión está estipulado en el Artículo 116 de la Ley Orgánica de Comunicación, que textualmente indica: “El título habilitante para el aprovechamiento de las frecuencias de señal abierta durará un período de 15 años”.

El reglamento para estas asignaciones fue difundido previamente, ¿existieron observaciones y fueron acogidas?

El concurso de frecuencias empezó con la publicación de las bases en www.arcotel.gob.ec. Luego hubo la socialización y se contestaron los pedidos de aclaración a las bases publicadas.

También está anunciado el concurso para frecuencias de TV, ¿los actuales canales en funcionamiento deben participar?

El 15 de septiembre se lanzará el concurso de frecuencias para TV. Con la convocatoria se conocerá las frecuencias disponibles. En la “Modificación a la Reforma y Codificación del Reglamento para Otorgar Títulos Habilitantes para Servicios del Régimen General de Telecomunicaciones y Frecuencias del Espectro Radioeléctrico”, aprobada por Arcotel el 8 de mayo de 2020, se establece que dicha entidad elaborará, aprobará y actualizará el catastro de frecuencias disponibles. (O)

Descubren by pass clandestino
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), junto con la Fiscalía del Guayas y la Policía Judicial, descubrió en Guayaquil una instalación de telecomunicaciones clandestina, tipo “by pass”.

El hecho se registró el lunes 29 de junio, cuando personal técnico de las instituciones ya señaladas intervino un inmueble localizado en la ciudadela Urdesa, en Víctor Emilio Estrada 1312 y Costanera, en el norte de la urbe.

Como resultado de la intervención se descubrió una sofisticada instalación de telecomunicaciones clandestina, diseñada para cursar ilegalmente llamadas telefónicas de origen internacional hacia nuestro país, como si fuesen llamadas locales, causando un grave perjuicio al Estado.

La Arcotel mencionó que el sistema clandestino descubierto tenía una capacidad técnica de 200 canales de voz para llamadas telefónicas.

Además, los equipos descubiertos permitían procesar irregularmente llamadas de origen internacional, para luego terminarlas en las redes telefónicas de las operadoras CNT E.P. y Conecel S.A. (Claro).  (I) et