Hoy se cumplió la primera reunión entre representantes del Gobierno Nacional y sectores sociales, como parte del Diálogo Nacional por la Equidad y la Justicia Social. Para ello fueron invitados los actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS), .

Alrededor de 350 personas acudieron al auditorio de Ciespal (norte de Quito) para escuchar y proponer sobre las políticas gubernamentales que competen a la EPS y los retos que tienen para que exista una redistribución de la riqueza.

Pabel Muñoz, secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), explicó que esta es la primera etapa de la iniciativa gubernamental y que la intención es recoger inquietudes para que sean analizadas posteriormente.

Muñoz dijo que el 15 de septiembre próximo se realizará una primera evaluación de esta iniciativa. “Por el momento no existe una fecha límite para que concluya el diálogo, pero en septiembre evaluaremos lo que se ha hecho y lo que falta por hacer”, indicó.

Además, el Secretario indicó que se pidió a todos los ministerios una programación para definir cronogramas de diálogo con diferentes actores sociales, ya sea el sector agrícola, empresarial, amas de casa, entre otros.

Cecilia Vaca Jones, ministra Coordinadora de Desarrollo Social, añadió que el Gobierno está en constante diálogo con los diferentes sectores sociales, pero esta vez se quiere la participación de todos y que luego el pueblo juzgue quienes no cedieron posiciones para llegar a consensos.

Vaca Jones enfatizó que el crecimiento económico debe venir acompañado de políticas redistributivas y los actores de la economía popular y solidaria son un factor fundamental para lograr este objetivo de equidad social.

La ministra recordó que el año pasado el Gobierno adjudicó $ 84 millones a los actores de la EPS, pero resaltó que este apoyo también debe ir acompañado de un cambio de patrones culturales, “en donde el ecuatoriano prefiera consumir lo nuestro”.

Graziano Masón, presidente de la Cooperativa Maquita Cushunchic, afirmó que es necesario ver a la EPS como un mecanismo y una forma de producción y comercio justo que favorece a todos los actores involucrados. "El año pasado producimos cerca de $ 30 millones y apenas el 0,48% se utilizó para pagar a empleados, el resto fue para las organizaciones, o sea para el pueblo, para quienes trabajaron”.

Masón destacó que el diálogo entre Gobierno y sectores sociales debe ser constante para llegar a consensos y acabar con las inequidades.