Dos caminos le quedan al presidente de la República, Lenín Moreno, para que se dé paso a las preguntas de la consulta popular: emitir un decreto ejecutivo, en el que solicite al Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocatoria; o esperar que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie sobre la constitucionalidad de las preguntas.

Según el constitucionalista Stalin Raza, el primer camino podría ser aplicado inmediatamente, porque el plazo (20 días) para el pronunciamiento de la Corte ya se habría cumplido.

“El artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que la Corte tenía 20 días para responder el pedido del Presidente de la República a las preguntas”, añadió.

Así, Moreno podría asumir que el dictamen es favorable sobre todas las preguntas, aunque alguna sea inconstitucional.

El segundo camino -que consistiría en dejar que el pleno de la Corte se pronuncie emitiendo un “avoco conocimiento del proceso”- podría traer tres nuevos caminos, según Raza: que el organismo dictamine que las preguntas están ajustadas a la Constitución; que existan preguntas que deberían ser excluidas por inconstitucionales; o que haya aspectos que podrían tener observaciones.

“No hay una forma que  obligue a la Corte a pronunciarse, porque tiene un reglamento interno según el cual la fórmula de cálculo de los plazos se altera o se suspende cuando, por ejemplo, la jueza envía el proyecto, pero el pleno no está en capacidad de expedir la providencia”, aseguró Raza y añadió que este mecanismo podría dilatar la causa.

Ante este escenario, también el Jefe de Estado podría emitir el decreto ejecutivo con las cinco preguntas al Consejo Nacional Electoral para que este convoque la consulta.

Una vez emitida la providencia, por parte del pleno, sobre el avocamiento de la resolución de Ordeñana, la CC tendría 10 días para pronunciarse.

Mientras tanto, el constitucionalista Jorge Benavides  sostuvo que una vez que el pleno remita al Ejecutivo la resolución acerca de la consulta popular, si hubiese reparos, el Presidente debería modificar las preguntas observadas.

“La Corte no tiene facultad  constitucional ni legal para modificar por ella misma las preguntas, a pesar de que lo ha hecho en otras ocasiones, pero legalmente no es posible”, aclaró.

El trabajo de la Corte, en el proceso de dictamen de procedimiento, debería analizar si las preguntas se encuadran en la Constitución o decir si algún tema podría ser tratado por otros mecanismos, por ejemplo, reforma parcial o Asamblea Constituyente, según Benavides.

Si todas las preguntas fuesen constitucionales, Moreno ya podría remitir directamente al CNE. El dictamen de la Corte Constitucional debería ser remitido con al menos cinco de nueve votos al Ejecutivo.

Benavides concordó en que el plazo ya se habría cumplido, porque el reglamento interno de la Corte -que permite que los jueces suspendan el plazo- no está por encima de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.

Una vez que el Consejo Nacional Electoral recepte el decreto ejecutivo tendría 15 días para convocar a la ciudadanía a consulta popular, que debería realizarse en el plazo máximo de 60 días después de la convocatoria.

Jueza resolvió cinco preguntas

Ante la Secretaría General de la Corte Constitucional (CC) la jueza Tatiana Ordeñana entregó la resolución a la que llegó sobre cinco preguntas de la consulta popular que le fueron sorteadas.

La resolución entregada el pasado fin de semana, remitida en sobre cerrado, será enviada a la CC para que conozca, debata y emita las resoluciones finales.

Según Benavides, el pleno tendría 10 días para avocar conocimiento sobre la resolución de la jueza Tatiana Ordeñana. Para Raza, en cambio, la fecha límite sería el 3 de diciembre. (I)

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Mandatario asistirá a la audiencia de la Corte

Un total de 19 intervenciones  receptará la jueza constitucional Marien Segura Reascos en audiencia pública, para continuar con el trámite de análisis de 2 de las 7 preguntas de la consulta popular.

El primero que deberá presentarse a partir de las 09:30 es el presidente Lenín Moreno, quien contará con 20 minutos, a diferencia de los 18 restantes que tendrán 10 minutos.

Las preguntas por analizarse son la número 4, que trata sobre la eliminación de la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, más conocida como Ley de Plusvalía; y la número 5, que se refiere a la ampliación de la zona intangible del Yasuní y la reducción del área de explotación petrolera del Campo ITT.

Entre los asistentes se encuentran Carlos Viteri, Esteban Melo, Gabriela Rivadeneira y María José Carrión, asambleístas por el movimiento Alianza PAIS. También figura el nombre de Virgilio Hernández, exconsejero de Hábitat y exasambleísta.

En el listado están incluidos miembros del colectivo Yasunidos, del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), representantes de promotores inmobiliarios de vivienda de Ecuador y Rodrigo Varela Torres, quien será delegado de la Defensoría del Pueblo. (I)