El Consejo Nacional Electoral (CNE) prácticamente ha cumplido todos los pasos previos para la convocatoria a los comicios del 23 de febrero de 2014 para elegir a 5.621 autoridades locales: prefectos, alcaldes, concejales y miembros de juntas parroquiales.

En esta ocasión se elegirán 4.049 miembros de juntas parroquiales; 221 alcaldes; 46 prefectos y sus respectivos viceprefectos; 437 concejales rurales y 868  urbanos.

Para ello, el padrón electoral cerró el pasado 9 de octubre con 11’600.000 ciudadanos que gozan de sus derechos políticos, por lo que podrán  participar en  la próxima  jornada electoral.

Para obtener esta cifra, el organismo electoral realizó una campaña de cambio de domicilio en todo el país, que inició el 1 de julio y culminó el 28 de agosto pasado.

Como resultado, cerca de 360 mil electores se cambiaron de domicilio para que la junta receptora del voto donde tienen que acudir esté más  cercana a su vivienda.

La consejera Roxana Silva confirmó que se presentaron presuntos cambios de domicilio fraudulentos y reclamos. Ante ello el pleno de esta entidad aprobó 207 reclamos administrativos.

Dentro del padrón electoral  están incluidos los adolescentes que cumplen 16 años de edad antes del 23 de febrero de 2014. Además, están policías, militares, personas con discapacidad, extranjeros residentes permanentes en el Ecuador, ciudadanos de la tercera edad y aquellos privados de libertad sin sentencia.

Sin embargo, la consejera Nubia Villacís confirmó que esta cifra se está depurando y podría variar por la revisión de 30 casos de privados de libertad que probablemente tengan una sentencia condenatoria ejecutoriada antes de las elecciones. Ellos pierden automáticamente su derecho al sufragio porque una condena anula los derechos políticos.

Los ecuatorianos que fueron excluidos del padrón electoral son quienes residen en el exterior y que participaron en los comicios de febrero pasado. Al menos 300.000 están en este grupo porque en 2014 se elegirán autoridades locales.

El Partido Sociedad Patriótica (PSP) ha reclamado desde hace algunos meses por la depuración del padrón.

El asambleísta de esa agrupación política, Paco Fierro, contó que en anteriores elecciones solicitaron al CNE una auditoría informática a todo el proceso, incluido el padrón electoral. “Desgraciadamente no dan paso a ningún petitorio que se haga respecto a la transparencia del proceso electoral”, señaló el legislador.

PSP quiere conformar una comisión de expertos informáticos para que exista un aval, con el fin de que prevalezca la transparencia.

Un tema aún pendiente, por parte del CNE, es el registro del padrón electoral activo y pasivo. Esto servirá para diferenciar a los electores que hayan sufragado frecuentemente en los anteriores procesos electorales con el número de ausentismo. Este último bajó del 30 al 18% en el pasado proceso.

Papeleta electoral

El CNE anunció también la impresión de 34’303.904 papeletas. La distribución quedó así: 10’600.00 para prefectos y viceprefectos; 10’667.000 para alcaldes; 8’320.000 para concejales urbanos; 2’646.000 para ediles rurales y 2’319.000 para miembros de  juntas parroquiales.

El número de papeletas es menor al de las elecciones generales pasadas, porque no se incluye a los  residentes en el exterior.

Los ciudadanos que viven en zonas urbanas recibirán tres papeletas, mientras que serán cuatro para  quienes habiten en zonas rurales, donde deben seleccionar juntas parroquiales.

El papel es de tipo “químico”, es decir, reacciona ante un dispositivo que permitirá verificar la diferencia del tramado de cada papeleta con el tipo de dignidades.

DATOS

El CNE aprobó el formulario para que los miembros de juntas receptoras del voto registren sus números de cuentas bancarias, donde se depositarán los 20 dólares como compensación por su colaboración.

En anteriores procesos se realizó este pago mediante ventanilla en las delegaciones y un porcentaje por transferencia bancaria.

Los miembros de las juntas receptoras del voto serán elegidos mediante un sorteo aleatorio.  

Sin embargo, el sistema da prioridad a funcionarios públicos, principalmente de profesores, además de  universitarios.