El número de conflictos sociales y políticos disminuyó 22% en los últimos 2 años (Infografía)

El número de conflictos del país muestra una tendencia a disminuir. Así lo registra el Observatorio del Conflicto Sociopolítico del CentroAndino de Acción Popular (CAAP) que realiza un análisis cuatrimestral en base a las noticias coyunturales de dos periódicos nacionales del país. La publicación se hizo en la revista Ecuador Debate.    

Las últimas cifras revelaron que entre marzo y junio de este año hubo 170 conflictos, mientras que en el cuatrimestre anterior se presentaron 178. Entre febrero de 2013 y el mismo mes de 2014 hubo un promedio mensual de 212 conflictos. En el mismo periodo, entre 2010-2012 ese número era de 274, es decir una baja del 22%.

Uno de los casos analizados fue el  protagonizado por los estudiantes en los últimos 3 cuatrimestres. Sus reclamos iban dirigidos a los cupos en las escuelas de la Costa y los exámenes de ingreso a la universidad.

Ambos sucesos no tuvieron el alcance ni las consecuencias sociales esperadas, señala el estudio.

Francisco Rhon Dávila, director del CAAP, explica que la conflictividad es el resultado de la molestia social y la manera como la gente entiende las políticas o acciones públicas, si son favorables o no, en determinados momentos.

El conflicto es un concepto sociológico político y a diferencia de la protesta tiene la particularidad de ensanchar la democracia, la cual intenta dar cabida a todos los ciudadanos, reconociendo que existen esas diferencias, dijo Rhon.

En una situación ideal, las organizaciones sociales buscarían con sus manifestaciones la ampliación de las democracias, mediante la disminución de las desigualdades.

En cambio, la protesta no contiene propuestas, puede ser antidemocrática en algún momento y no necesariamente asume la democracia como problema.

Con ese marco teórico, la contabilidad del CAAP registra que el Gobierno de Rafael Correa es el que más conflictos ha vivido, en comparación con sus predecesores.

FranklinRamírez, catedrático universitario, reflexiona sobre esto en su libroNuda Política,Democracia, Participación y Conflictos (2009-2012).

El académico explica que el levantamiento está basado en la recolección de episodios de conflicto cubiertos por la prensa, siendo esta  una de las estrategias de estudio del conflicto social más utilizadas a nivel de investigaciones especializadas. Pero esta mecánica tiene algunos inconvenientes, entre ellos la precisión de la cobertura periodística. El posicionamiento de la prensa en el campo político y económico condiciona de diversas formas el tipo de cobertura noticiosa que efectúan los periodistas.

Un repunte en 2009

En la evolución histórica de los conflictos se puede notar un pico, que ocurre entre 2008 y 2009. Era la época de la Asamblea Constituyente que movilizó a miles de personas hasta Montecristi para exponer sus propuestas.

Cada movilización es registrada como un conflicto, de allí el incremento, pero desde 2009 las cifras han mantenido una tendencia a la baja.

Ramírez no califica a los conflictos como buenos y malos, evita los adjetivos. Recuerda que son parte normal de la vida democrática de un país porque puede tratarse de una marcha a favor del matrimonio igualitario o la defensa de un barrio por un parque. Estas movilizaciones son parte de la participación ciudadana, manifiesta.    

Incluso deja la puerta abierta a que el incremento en el número de conflictos, en un momento dado, pueda ser, tal y como afirma el Gobierno, porque se están cambiando las relaciones de poder. Obviamente un cambio semejante dispara el número de conflictos en un país.

Ahora, el nivel de conflictividad de una sociedad no depende únicamente de la frecuencia de los conflictos, sino también de la intensidad de algunos géneros.

Según el estudio del CAAP, estos son campesino, cívico regional, indígena, laboral privado y público, político legislativo, partidista, pugna de poderes y urbano barrial.

Los conflictos indígenas suben  

A pesar de que los conflictos campesinos se mantienen estables, la conflictividad cívico-regional subió a 36 respecto a los 2 periodos anteriores (22 y 6). Los conflictos del género indígena subieron a 18.

Ambos géneros  de conflictos evolucionan de manera análoga, al margen de que la conflictividad total aumente o disminuya. Los dos aumentan cuando el total general se reduce.   

La conflictividad indígena se encuentra cada vez más vinculada a los conflictos de la región amazónica y en concreto a los relacionados con la explotación petrolera. Esta unión tiende a transformarse en una conflictividad crónica  y por ello políticamente instrumentable. Entre los sujetos del conflicto se cita a campesinos, empresas, estudiantes, indígenas, sindicatos, trabajadores, entre otros.

Los conflictos menos frecuentes son los más intensos. También los que adoptan formas de mayor confrontación como paros o huelgas. Justamente estos son los que actualmente presentan mayor regularidad (de 2 a 6). El estudio también indica que disminuyen los desalojos, las invasiones y las tomas.

Las amenazas contribuyen a mantener un clima de tensiones y hostigamientos, sin que se traduzcan en conflictos reales y se rigen por una frecuencia constante en los últimos 3 periodos(25, 27 y 20).

El estudio del CAAP destaca el elevado número de intervenciones del Poder Judicial en los tres últimos periodos y lo que ello supone como judicialización creciente de los conflictos socio-políticos. Se informa que las intervenciones judiciales en la conflictividad son más frecuentes que la de los ministros y del propio Presidente.

Por su parte, el analista político y catedrático Santiago Basabe considera que esta disminución de la conflictividad se debe a que el actual régimen tiene una política paulatina y sistemática de amedrentamiento y control exhaustivo de las organizaciones sociales.

Basabe habló del aumento de la “persecución judicial” en contra de quienes protestan. “No salen a protestar no porque no quieran, sino porque existe temor”, justificó.  

Este análisis fue cuestionado por Carlos Baca Mancheno, actual consejero del Gobierno, quien dijo que la administración de justicia es un poder del Estado independiente que tiene que reaccionar frente al cometimiento de delitos.

El funcionario objetó que se regrese a otras “épocas” en las cuales la administración de justicia era funcional a la impunidad política de ciertos grupos.

Rechazó un supuesto amedrentamiento por parte del Gobierno a organizaciones sociales, y explicó que más bien se están incorporando a la actividad política del Gobierno quienes encuentran mecanismos fuertes de relación con la política pública.

Dijo que al interior de estos grupos sociales existen facciones que manipulan descontentos y desinforman el alcance de las propuestas del régimen para constituir un núcleo de conflictividad.     

Datos

El estudio del Observatorio del Conflicto Sociopolítico del Centro Andino de Acción Popular revela que en el desenlace de
las luchas se sostiene un sensible mejoramiento de la gobernabilidad de los conflictos respecto del periodo anterior.

El informe también señala el particular mejoramiento de algunas de las prácticas de gobierno del conflicto.     

La conflictividad en regiones también disminuyó, tanto en la Costa (pasan de 75 a 66) como en la Sierra (de 93 a 87), sin embargo hay un aumento en la Amazonía (de 10 a 13) relacionada con la explotación petrolera y el protagonismo indígena.

Por provincias el número decrece.

En Pichincha en los últimos 3 periodos pasó de 80 a 76 y luego a 62.

En Guayas, según los datos presentados por el estudio, la conflictividad presenta una frecuencia oscilatoria (primero 31, luego 45 y recientemente 37).