Es el cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y asambleísta reelegido por CREO. Patricio Donoso, arquitecto y político, habló con EL TELÉGRAFO sobre el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional para el juicio político contra el Vicepresidente de la República. Él fue sentenciado a seis años de prisión por asociación ilícita  en el caso Odebrecht. 

¿Por qué es necesario el juicio político al Segundo Mandatario?

Porque la información sobre el Vicepresidente dejará de copar las primeras planas de los medios. Ya es hora de legislar y de empezar a tratar proyectos que generen empleo e incentiven la producción. Ya basta, es necesario voltear la página. El juicio penal puede durar meses y años y Ecuador necesita un nuevo Vicepresidente. El presidente Moreno dijo que se necesita una cirugía mayor a la corrupción. Entonces, que no nos roben el estilete ni el bisturí, bien afilados, para hacer los cortes que se requieran.

El control político es uno de los cuatro caminos que existen para que el Vicepresidente deje de ocupar ese cargo. ¿Cuáles son los otros?

El segundo camino es la renuncia y ya se la pedimos hace tres meses. Pero él se ha negado a dimitir hasta ahora. Eso exime de la vergüenza internacional a este país pequeño, pero de corazón grande. ¿Cómo vamos a tener un Vicepresidente detenido y sentenciado a seis años, que incluso podrá pasar más años en la cárcel por los otros procesos? En Uruguay, el vicepresidente Raúl Sendic presentó su renuncia porque hizo gastos por 4.500 dólares con una tarjeta corporativa de la petrolera estatal Ancap.

El tercer camino es la acción de la Contraloría que pide la destitución del Segundo Mandatario por el caso Singue, que todavía puede pasar y el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no debe resolver sobre ese tema. El pleno debe resolver sobre ello. El cuarto camino es el abandono del cargo, que se cumple el 30 de diciembre, porque se cumplirían 90 días fuera.

En los últimos seis meses ustedes presentaron dos peticiones de juicio político y un pedido de reversión del primer rechazo del CAL. ¿Por qué cree que se demoró tanto tiempo admitir la solicitud?

El espíritu de cuerpo del oficialismo. Ellos intentaron frenar todo lo que pudieron el juicio político a su Vicepresidente. No dependía de José Serrano, presidente de la Asamblea; el bloque se partió. Al final, se vio lo  evidente y no podía taparse el Sol con un dedo.

¿Qué  pasó en la última reunión del CAL en la cual se aprobó el pedido de interpelación? Buendía dijo que  salió de la reunión. ¿Es así?

Yo no vi a Soledad Buendía ni a Verónica Arias. La sesión se instaló a las 10:30 del domingo pasado, con los cuatro integrantes varones del CAL. Supe que Viviana Bonilla tiene ocho meses de embarazo y no podía ir a Quito.

El CAL les dio tres días para arreglar la petición del juicio, pero ustedes la volvieron a presentar ese mismo día. ¿Cree que insistieron en dilatar el proceso?

Querían ganar tiempo para estar más seguros de su voto a favor del juicio. El CAL se equivocó, cometió el error de pensar que es juez y no es así. Solo tenía que revisar la petición de interpelación presentada por la oposición. Creo que el caso Singue motivó el cambio en el presidente de la Asamblea porque hay indicios de responsabilidad penal contra el Vicepresidente. Incluso, el 17 de diciembre se aprobó un informe, de 16 páginas, suscrito por la Unidad Técnica Legislativa que recomienda aprobar la petición del juicio porque cumple todos los requisitos estipulados en la Constitución.

Algunos analistas dicen que no se puede enjuiciar a Glas en la Asamblea porque no se cumplieron ninguno de los tres requisitos que establece la Constitución para estos casos.

Nadie se asocia ilícitamente para leer un periódico o ir al fútbol; lo hacen para delinquir. Los indicios apuntan a lo que determinó la Corte Nacional de Justicia. Según ella,  se configuraron ocho delitos: peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, tráfico de influencias, consunción, delincuencia organizada y lavado de activos. Y no solo eso, el Fiscal hace dos meses dijo que están abiertos los procesos por esos delitos. Con todo eso se configura claramente lo establecido en el artículo 129 de la Constitución para enjuiciarlo.

¿En todo este tiempo qué ha dejado de hacer la Asamblea para ‘salvar al Vicepresidente’ o tratar de llevarlo al banquillo de los acusados?

Se han represado ciertos proyectos que serán retomados una vez que el Segundo Mandatario deje el cargo y se designe a alguien en su reemplazo. El CAL ha direccionado entre 35 y 40 proyectos a las comisiones legislativas. Tendremos mayor capacidad legislativa cuando ya pasemos este tema. Lo importante es que se termine, ya no lo tolera nadie. Hay un clamor nacional para que los culpables no solo sean sentenciados y detenidos, sino que también devuelvan lo robado a los ecuatorianos. Exhortamos al Gobierno que contrate empresas para rastrear ese dinero. 

Tampoco hubo fiscalización...

No, no hubo la mencionada fiscalización. Por ejemplo se negó la fiscalización a Augusto Espinosa por la omisión en las denuncias de abuso sexual a niños en las escuelas. Soy legislador ya por cuatro años cuatro meses y nunca he visto ninguna intervención como determina la ley. (I) et