La renuncia de Carlos Pólit Faggioni como contralor general del Estado generó la inmediata reacción del poder Legislativo. Las investigaciones en torno al caso Odebrecht y los allanamientos ejecutados semanas atrás fueron la antesala de la decisión que tomó el funcionario, quien llevaba 10 años en el cargo.

La renuncia se conoció la tarde del martes, en un comunicado emitido a la Asamblea Nacional. La carta, en que Pólit manifiesta su decisión irrevocable, ingresó a las 18:30 a la Secretaría General y adjuntó un certificado médico.

El documento será conocido por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), para que se oficie al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a fin de que este inicie un nuevo proceso para la designación de la primera autoridad de la Contraloría.

El titular del poder Legislativo, José Serrano, manifestó que la renuncia de ninguna manera afecta al proceso de juicio político planteado por Alianza PAIS. “Se están cumpliendo los plazos y términos previstos en la Constitución y la ley en el proceso de sustanciación en la Comisión de Fiscalización”.

Explicó que en materia de fiscalización, la responsabilidad política de los funcionarios se mantiene durante el ejercicio del cargo y hasta un año después de concluidas sus labores, en tal virtud Pólit tiene todas las garantías para ejercer su derecho a la defensa ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, en una primera instancia y, luego, ante el pleno de la Asamblea.  

Lo mismo dijo la asambleísta de Alianza PAIS, Ximena Peña. “Pese a la renuncia del contralor, el juicio político continuará. Es nuestra responsabilidad, como Asamblea, continuar con el trámite. Nos hubiese gustado que se mantuviera en el cargo. Sin embargo, el juicio político tiene un elemento de censura y se hace independientemente de que él permanezca o no en su cargo”.

Según el artículo 131 de la Constitución y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en caso de ser censurado se produrá la inmediata destitución y si por motivos de la  censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente, en este caso de la Función Judicial.

Pero el asambleísta socialcristiano Henry Kronfle discrepa con la acción. “El juicio político no tiene que ver para nada con un juicio penal. En el caso del excontralor Carlos Pólit la resolución del juicio político es la destitución del cargo”.

Sostuvo que con la renuncia de Pólit, el juicio se vuelve irrelevante pues la resolución de este proceso es la destitución; añadió que eso es algo que debe considerar la Asamblea para ver si continúa gastando recursos en un proceso que no tendría ningún sentido.

Nuevo Contralor

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en caso de ausencia definitiva del titular asumirá sus funciones el subrogante, hasta que el órgano competente desarrolle el concurso público de méritos y oposición para designar al nuevo funcionario.

La designación de un nuevo Contralor tomaría 9 meses, según la titular del CPCCS, Raquel González, quien sostuvo que no se debe cambiar el reglamento con el que fue elegido Pólit. El Consejo debe esperar la notificación de la Asamblea para un nuevo concurso.

“Debe oficiarse al CPCCS para empezar un proceso de designación, de méritos y oposición, que durará entre 8 y 9 meses”, dijo. (I)

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CPCCS propone muerte civil para los corruptos

La presidenta y el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Raquel González y Edwin Jarrín, respectivamente, entregaron a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica de Manos Limpias contra la Corrupción.

El titular del Legislativo, José Serrano, aseguró que esta iniciativa será tratada directamente por la Presidencia de la Asamblea Nacional y propuesta ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), la Comisión de Justicia y el pleno. Para González se trata de que desde la Presidencia de la Asamblea se coordine con universitarios del país, que están empoderados en una minga contra la corrupción. “La propuesta se retroalimentará con la ciudadanía para efectivizar el aterrizaje del proyecto de ley.

Incluye posibles reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y otras leyes, para incidir en el combate a la corrupción”.

Jarrín señaló que el proyecto se enfoca en debatir y tipificar en el COIP el delito de corrupción, que no está contextualizado en la ley. Especifica sanciones penales, que permitirán avanzar hacia la muerte civil de los involucrados en delitos de este tipo, tanto para funcionarios públicos como privados. Otro elemento que plantea es que el CPCCS tenga sanción coercitiva hacia las instituciones públicas que no cumplen la ley.

Si un funcionario o empresario privado es sentenciado por delito de corrupción, significa que nunca más podrá trabajar para el Estado, ser candidato a ninguna función de elección popular, postular a ningún cargo por concurso de méritos y oposición, ni contratar con el Estado.

Hay que aclarar que esta sanción no tiene caducidad. (I)