El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deberá entregar en las próximas semanas la resolución sobre la pugna al interior de la directiva de Alianza PAIS (AP).   

Esto luego de que la dirigencia del ala correísta separara al jefe de Estado, Lenín Moreno, de la presidencia del movimiento, y posteriormente los jueces del Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial de Quitumbe ordenaran medidas cautelares a favor del Primer Mandatario, dejando sin efecto dicha resolución.

Por tal motivo, Gabriela Rivadeneira denunció en el TCE la medida cautelar que aceptaron los jueces Wilson Caiza, Esnéider Gómez y Juan Tenesaca.

En la audiencia oral de prueba y juzgamiento que se dio ayer en el contencioso, Guillermo González, abogado de Rivadeneira, indicó que los jueces con esa acción se atribuyeron competencias electorales, las cuales -reconoció- no las tiene.

En cambio, la defensa del asambleísta Ricardo Zambrano, quien está reconocido en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el secretario -encargado- de PAIS, justificó la acción de los jueces al indicar que actuaron conforme a la ley porque las medidas cautelares se tramitan desde la parte constitucional, que es su competencia jurídica.

Selena Nájera, abogada de los jueces interpelados, aclaró que ellos respondieron al debido proceso que establece la ley.

Mientras que su colega Erwin Blum agregó también que la parte denunciante no probó que sus defendidos actuaron como jueces constitucionales.

“Se trató de una medida cautelar, no de un tema de orden  electoral”, dijo al mismo tiempo que pidió al juez Vicente Cárdenas que archive la denuncia.

Rivadeneira, quien presentó la denuncia por una supuesta “arrogación de funciones”, argumentó que la entidad que tiene la potestad de resolver litigios internos de las organizaciones políticas es el TCE.

Por eso resaltó que en dicho caso y en otros más está en juego la institucionalidad del país, la cual “se ha visto violentada en las últimas semanas”. (I)