El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) deberá entregar en las próximas semanas la resolución sobre la pugna a la interna de la directiva de Alianza PAIS (AP).

La audiencia se efectuó una vez que la dirigencia del ala correísta separara al jefe de Estado, Lenín Moreno, de la presidencia del movimiento y, posteriormente, los jueces del Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial de Quitumbe ordenaran medidas cautelares a favor del Primer Mandatario, dejando sin efecto dicha resolución.

Gabriela Rivadeneira denunció ante el TCE una supuesta “arrogación de funciones”. La medida cautelar que aceptaron los jueces Wilson Caiza, Esneider Gómez y Juan Tenesaca.

En la diligencia oral de prueba y juzgamiento que se llevó a cabo este viernes, Guillermo González, abogado de Rivadeneira, aseguró que con esa acción, los jueces se atribuyeron competencias electorales que no las tienen.

En cambio, la defensa del asambleísta Ricardo Zambrano, quien está reconocido en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el secretario -encargado- de PAIS, justificó la acción de los jueces, al indicar que actuaron conforme a la ley porque las medidas cautelares se los tramita desde la parte constitucional, que es su competencia jurídica.

Selena Najera, abogada de los jueces interpelados, aclaró que se cumplió con el debido proceso que establece la ley. Su colega Erwin Blum agregó también que la parte denunciante no probó que sus defendidos actuaron como jueces constitucionales. (I)