El presidente de la República, Rafael Correa, señaló ayer durante el enlace ciudadano 395, celebrado en el barrio La Florida, en el norte de Quito, que el presupuesto estatal alcanzaría un equilibrio entre egresos e ingresos en 2018.

El Mandatario habló sobre el plan de inversiones que prevé realizar el Gobierno Central el próximo año.

De acuerdo con el Jefe de Estado,   este año cerrará con un déficit de 5%, cifra que se repetiría durante el próximo ejercicio fiscal.

En 2016, en cambio, la diferencia entre lo que se gastará y lo que se percibirá se reducirá un 3%. Correa atribuyó esta situación porque en dicho año empezarán a operar algunas de las centrales de generación hidroeléctrica que actualmente se construyen. “Importamos menos combustible y subsidiamos menos, porque el combustible para las termoeléctricas también lo subsidiamos, si no se incrementaría el precio de la electricidad”, apuntó.

La baja del déficit dentro de 2 años también obedecería a la reducción del valor del subsidio estatal al gas con el avance del programa de uso de cocinas de inducción.

Las autoridades calculan que el déficit presupuestario será del 1% hasta 2017 y que en 2018 habrá desaparecido.

En cuanto a las razones del desnivel financiero actual, señaló como la principal el nivel de inversión estatal. “Estamos sembrando para cosechar”, explicó el gobernante.

El titular del Ejecutivo señaló que el próximo año la inversión estatal continuará destinándose la mayor parte (35%) a los sectores estratégicos a través de obras, como las señaladas hidroeléctricas y los 6 proyectos multipropósito que actualmente se ejecutan.

En el cambio de la matriz productiva del país se utilizará el 22%, se destinará al desarrollo social el 16%, a talento humano el 14%, el ámbito de seguridad se llevará el 7%, construcción y adecuación de infraestructura (edificaciones judiciales, plataformas gubernamentales, etc.) y política económica el 0,4%.

En total, el Estado Central invertiría en el siguiente período $ 8.400 millones, lo que corresponde al 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

En lo que tiene que ver con el tema de seguridad, anunció que está lista la compra de radares para las Fuerzas Armadas.

Una empresa española, cuyo nombre no fue precisado, sería la encargada de proveer el material al país y en esta operación se invertirían alrededor de $ 80 millones.

En el ámbito económico, Correa anunció que el próximo lunes, el Gobierno presentará una nueva metodología de medición de los indicadores de empleo.

Esto, de acuerdo con el Primer Mandatario, porque en el país se habría estado incurriendo en una distorsión a la hora de determinar los niveles de subempleo, que se habrían estado confundiendo a los subempleados reales con la población que manifiesta inconformidad con su ocupación actual.

A manera de ejemplo de lo que será la nueva clasificación respecto de la materia, señaló que en la actualidad un 58% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país cuenta con un empleo adecuado, un 37,28% tiene un empleo inadecuado (a los que antes se incluía en el rubro de desempleo),  un 10% estaría subempleado y un 4% en el desempleo.

Nuevas reglas para operadoras de telefonía celular

Por otro lado, anunció que el lunes enviará a la Asamblea Nacional el nuevo esquema de operación de telefonía celular en el país para que sea incorporado al proyecto de Ley de Telecomunicaciones.

“Con esto -dijo el Mandatario- se buscan corregir las distorsiones que existen en el mercado ecuatoriano del área”.

Y puso de ejemplo que en la actualidad hay un operador dominante, con el 68%, y que el planteamiento del Gobierno establece medidas para evitar que existan poderes monopólicos y oligopólicos en el sector.

El plan del Gobierno también busca que el Estado capte parte de los beneficios excesivos que tienen las compañías con fines redistributivos.

Plan de becas

Al inicio del enlace se hizo referencia al plan gubernamental de entrega de ayuda económica para estudios, tanto en el país como en el exterior.

Al respecto y como ejemplo, la titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Rina Pazos, informó que el Gobierno ecuatoriano ha otorgado más de 9.700 becas para estudios de pregrado y posgrado en universidades extranjeras.

“Nuestros abuelos, nuestros pescadores, nuestros ciudadanos pagaban las crisis bancarias; ahora pagamos las becas de los ecuatorianos para que vengan a transformar el Ecuador; esa es la gran diferencia.  Este Gobierno ha entregado más de  9.700 becas a diferencia de las 250 que se entregaron en los otros gobiernos”, dijo Pazos.

En septiembre de 2013, el programa de becas al exterior registró alrededor de 7.000 ecuatorianos favorecidos, lo que representa 28 veces más becas que las otorgadas entre 1995 y 2006, de acuerdo con la agencia de noticias Andes.

El FUT se muestra dispuesto a dialogar con el Gobierno para discutir reformas 

El dirigente sindical aclaró que el FUT siempre ha estado dispuesto al diálogo con el Gobierno sobre todo en cuanto al nuevo Código del Trabajo y las enmiendas constitucionales.  De hecho reconoció que siempre han sido invitados a diálogos y que sí han mantenido contactos.El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edgar Sarango, dijo que desde el 18 de noviembre iniciarán reuniones y asambleas para analizar el mecanismo más idóneo para alcanzar sus metas.

Algunos sectores del FUT aspiraban a convocar ayer, durante la convención nacional, una marcha o incluso una huelga nacional. Ese extremo no ha sido descartado, pero Sarango tiene una actitud más afín al diálogo. “Son aspiraciones que nosotros tenemos que saberlas orientar”, indicó.

El dirigente espera que un eventual diálogo con el Gobierno arroje ya resultados concretos.

El gremio celebró ayer, en Guayaquil, su  tercera convención nacional. En su intervención, Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), desmintió el hecho de que las sindicales no quieran un Código de Trabajo. Mostró un proyecto presentado por ellos a la Asamblea en 2012. “La preocupación del Gobierno es la unidad, la agenda única. Quieren que peleemos cada uno”, insistió el dirigente.

Este punto fue uno de los principales ejes de la reunión. Surgió la idea de crear una coordinadora única, que asuma las tareas del FUT y que agrupe a otras organizaciones que están fuera actualmente.

A la convención se sumaron los líderes indígenas de oposición. En la mesa directiva estuvieron los presidentes de la Conaie, Jorge Herrera, y de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel.

Los dos insistieron en sus discursos de defensa del medio ambiente, de solidaridad con los estudiantes detenidos. Ahora sumaron una nueva queja:la Ley de Tierras, cuya socialización inició esta semana.

Pérez aseguró que la norma prohíbe la división de las propiedades, en referencia a que la norma combate el minifundio. También se quejó porque permite las grandes extensiones de tierra, pero lo cierto es que el borrador, que aún no pasa ni el primer debate, no acepta que las propiedades rurales no tengan un fin social.

Además, los dirigentes aseguran   que la libertad sindical está en riesgo.