La Unión Nacional de Periodistas (UNP) se pronunció sobre las decisiones judiciales. Su presidenta, Guadalupe Fierro, considera que Ochoa cree que “él es la Superintendencia de Comunicación, tal como Correa creía que el Estado era él”.

¿Cómo mira la obligación que tiene Carlos Ochoa de pedir disculpas a El Comercio y Teleamazonas?
Los jueces han cumplido con lo que dice la Constitución. La Supercom ha violado todo lo relacionado con el debido proceso, pero esto se origina en el grave problema de la Ley de Comunicación (LOC). La UNP ha reiterado que varias disposiciones de la ley sobre el procedimiento, para juzgar a medios y periodistas, violan el artículo 76 de la Carta Política. Por ejemplo se ha evidenciado en forma escandalosa la parcialidad de Ochoa en el caso del canal.

¿Cree que el Superintendente abusó de su autoridad?
Lo que hizo Ochoa con Teleamazonas configura el delito de abuso de autoridad, que consta en el Código Integral Penal (COIP). Todo esto es el colofón de una larga cadena de abusos cometidos por la Supercom y por Ochoa. Además la LOC establece las “penas infamantes”, es decir que las disculpas públicas no solo deben hacerse en una ocasión, sino durante 7 días sucesivos, tal como lo exigió Ochoa a los medios. Hemos criticado esas “penas infamantes” que son indignas en un sistema democrático. Eso debería aplicarse con el señor Ochoa.

¿Qué piensa de la Supercom?
Es una institución incompatible con la institucionalidad democrática. Está destinada a supervigilar el pensamiento, a tutelarlo, exactamente como una rémora de la inquisición de la Edad Media. Otra cosa es que si hay un abuso debe aplicarse la responsabilidad ulterior. En eso estamos de acuerdo y el periodismo ético siempre lo ha sabido.

¿Ustedes proponen derogar la ley para hacer una nueva?
Hacemos un llamado de atención a los legisladores y al Presidente para derogar la LOC y construir una legislación que esté acorde con la normativa internacional sobre el respeto a la libertad de expresión, que este país ha irrespetado y a causa de ello ha sido llamado por la ONU y la CIDH. (I)