Con la lectura del dictamen abstentivo del fiscal General de la Nación, Carlos Baca Mancheno para 5 de los 18 implicados en el caso Odebrecht, se realizó la audiencia preparatoria de juicio por el delito de asociación ilícita contra el vicepresidente Jorge G. y otros 17 sindicados  en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El juez Miguel Jurado, luego de instalar la audiencia a la que asistieron 22 abogados defensores, además de los representantes legales de la Procuraduría del Estado y del político César Montúfar, quienes se sumaron al proceso como acusadores particulares, ordenó la lectura de la resolución fiscal.

Baca señaló en el escrito que el delator de la empresa,  José Conceição Santos Filho, dominaba el esquema de sobornos de esta trama de corrupción.

Sin embargo, no se lo pudo acusar debido a que ya fue sentenciado por los mismos hechos en Brasil, donde cumple una condena de 8 años de prisión, y no se lo puede juzgar dos veces por el mismo delito. Asimismo, indicó que no acusó a los ciudadanos brasileños Mauricio G., Ricardo V. ni Claudemir  S., pues actuaron por disposición de Santos y desconocían los acuerdos, entrega de dinero y las estructuras de pagos de sobornos.

Además concluyeron que el ecuatoriano José Antonio C. no tuvo contacto con el personal de la empresa Odebrecht debido a que era nuevo en su cargo como gerente de Equitransa, por lo que no constaba como firma autorizada de la compañía. El juez Jurado señaló que esta resolución fue ingresada a la Corte de Justicia el lunes en la tarde, pero en la mañana dispuso su difusión a los casilleros electrónicos de todos los abogados defensores.

Esto motivó que al inicio de la primera parte de la audiencia, donde se expone si existen vicios de procedimiento que provoquen la nulidad del proceso, el abogado del Vicepresidente, Eduardo Franco, increpara al Fiscal de la Nación indicando que esa acción comprueba el compromiso delictivo del fiscal.

“Solicitaré la inmediata detención del funcionario para que asuma funciones la fiscal subrogante, Thania Moreno”, enfatizó el jurista.

Esta actitud provocó el llamado de atención del magistrado, quien pidió calma al abogado, “ya que no era la forma ni el espacio para esa clase de argumentos”.   

Enseguida señaló Franco que en el caso de Jorge G. se han cometido irregularidades que implican la nulidad del proceso, como la presentación del recurso de apelación a la recusación que fue negada por el juez Édgar Flores, la cual pretendía que el juez que preside la causa Miguel Jurado fuera reemplazado.

Asimismo manifestó que la presencia de César Montúfar como acusador particular invalida la audiencia por cuanto no se le puede considerar víctima de la supuesta asociación ilícita.

Enseguida Hernán Ulloa, quien patrocina al excontralor Carlos P., actualmente en Estados Unidos, aseguró que la Fiscalía quiere vincular a su cliente por presuntas glosas para favorecer a Odebrecht en el 2010, por lo que el delito ya prescribió.

Los demás abogados señalaron otros temas de nulidad, como que sus clientes no fueron notificados legalmente. Señalaron también que la presencia de César Montúfar y la Procuraduría como acusadores particulares no es procedente.

Acabadas las intervenciones, el juez Jurado suspendió la audiencia para hoy, cuando señalará si de lo expuesto por las partes existen vicios de nulidad, caso contrario seguirá el dictamen Fiscal.

Al final de la audiencia Baca Mancheno dijo que cuando el juez dé paso acusará a los 13 implicados. “Nosotros seguiremos persiguiendo delitos y si eso gusta o disgusta a sectores políticos o procesados es problemas de ellos y no de la Fiscalía”. (I)

CRONOLOGÍA

El proceso entra a una nueva etapa. Desde que salieron a la luz las denuncias, el vicepresidente Jorge G. ha recorrido un sinuoso camino legal, mientras en el Legislativo se apura un juicio político.

Escándalo (21/12/2016)
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Odebrecht pagó $ 33.5 millones en sobornos en Ecuador.   

Distanciamiento (2/08/2017)     
El presidente Lenín Moreno dijo que tomará una decisión sobre Jorge G. Este rechaza la afirmación.   

Sin atribuciones (03/08/2017)  
Moreno quita todas las atribuciones al Vicepresidente, quien señala que dicha acción fue por “decir la verdad”.

Señalamiento (04/08/2017)
En Guayaquil, el Mandatario dice: “Ingeniero Jorge Glas, el dedo apunta cada vez más hacia usted”.    

Expediente (23/08/2017)
La Corte Nacional de Justicia abre un expediente por el caso Odebrecht en contra del Segundo Mandatario.

Vinculación (25/08/2017)
Con 128 votos, la Asamblea Nacional autoriza la vinculación al proceso del vicepresidente Jorge G.

Medidas cautelares (29/08/2017)
La justicia emite medidas cautelares contra Jorge G., entre ellas la prohibición de que salga del país.    

Prisión preventiva (02/10/2017)  
Se emite la orden de prisión preventiva contra el Vicepresidente, quien es llevado a la cárcel N.º 4, en Quito.  

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El oficialismo maneja 3 escenarios para juicio político al Segundo Mandatario

La nueva mayoría oficialista analiza 3 escenarios sobre la situación del vicepresidente de la República, Jorge G., que está detenido y sin funciones, por el caso Odebrecht.

El primero sería que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) dé paso al pedido de juicio político, que impulsa la oposición. Sin embargo, eso ocurriría solo si existiesen elementos suficientes para ello, según la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Entre los oficialistas y aliados hay  voces que sostienen esa tesis.  Alberto Zambrano, que respalda a Moreno, dijo que se debe esperar la calificación o no del CAL. Pero, agregó, ya hay muchas cosas en contra del Vicepresidente y no se puede tapar el sol con un dedo.

“Debemos tomar decisiones por el bienestar del pueblo ecuatoriano, que confió en nosotros. Tenemos que darles un trabajo de fiscalización”, explicó el legislador a este Diario.

En cambio César Solórzano, de Sociedad Patriótica y del Bloque de Integración Nacional (BIN), cree que la nueva mayoría oficialista aprobaría el juicio por “conveniencia política, mientras que los afines al correísmo defienden a Jorge G. y no quieren que quede manchado por la corrupción”, señaló.

La segunda tesis sería plantear el pedido de interpelación directamente. Es decir, que PAIS (grupo que apoya a Moreno) encabece la solicitud. Esa es la propuesta de Jorge Yunda.

Sin embargo,  Mauricio Proaño, quien no se ubica ni del lado correísta ni morenista, subrayó a este Diario que él no respalda el juicio político al Vicepresidente. “Hay que esperar que actúe la justicia, eso ayuda a la institucionalidad. Un país que no cree en la justicia ni en nadie no tiene gobernabilidad”, recalcó.

El tercer escenario es el más complejo y poco probable. Este sería seguir el pedido de la Contraloría.

La entidad dispuso la destitución del Segundo Mandatario por su responsabilidad en el caso Singue (Sucumbíos).

En esa época el Vicepresidente era Ministro de los Sectores Estratégicos. Pero ese tema no se procesó en su debido tiempo y si se hubiese hecho él no habría podido ser candidato, además de que en su momento ni la Contraloría General del Estado ni el Consejo Nacional Electoral hacían su trabajo, dijo una fuente de  Alianza PAIS.

“La Contraloría ha emitido informes contra Glas, con peculado y cohecho. Eso ya era suficiente para iniciar la interpelación”, señaló Henry Moreno, de CREO.

En esas circunstancias, hoy continuarán  los análisis y el camino a seguir, toda vez que desde la oposición se presiona con mayor intensidad por acelerar el proceso de juicio político. (I)