Como ‘Papi Verduga’ era conocido Franklin Verduga Vélez, actual concejal suplente de Luzmila Nicolalde por la circunscripción 2 de Guayaquil para el período 2014-2018, quien estuvo envuelto en presuntos delitos de peculado, concusión y nepotismo cuando ‘mandaba’ en la extinta Comisión de Tránsito del Guayas (CTG).

Así identificaban los vigilantes de esa institución al político del Partido Social Cristiano (PSC) y actualmente de Madera de Guerrero, según lo recogió diario Hoy en 1997, con referencia al caso ‘Garita 3’.

A él, sus mismos excompañeros del PSC lo veían con recelo, entre ellos Alfonso Harb, quien el 9 de febrero de 2009 anunció su desafiliación del partidopor estar en desacuerdo con que Verduga ocupe el cuarto escaño en la lista de candidatos a asambleístas.

En una misiva dirigida al presidente nacional de esa agrupación, Pascual Del Cioppo, Harb le recordó que la salida de Verduga del Congreso en 1997 fue polémica y generó muchas dificultades al PSC (ver gráfico con la carta).

El caso de ‘Garita 3’ se remite al 9 de mayo de 1997, cuando los vigilantes Luis Santana, Stalin Rugel, Víctor Lam y Guillermo Araujo, supervisores de esa garita, ubicada en la terminal terrestre de Guayaquil, denunciaron que eran obligados a exigir dinero a los choferes de las diferentes cooperativas para entregarlo a Líder Intriago, Enrique Pine y Vicente Matamoros, máximas autoridades de la CTG. Parte de ese dinero correspondía también al entonces diputado Verduga.

Franklin es hermano de César Verduga, exministro de Gobierno de Fabián Alarcón, quien también estuvo implicado en la polémica contratación de un supuesto estudio de gobernabilidad por el que pagó 27 mil millones de sucres y que fueron incinerados por tratarse, supuestamente, de documentos reservados. Para no responder por ese hecho, César huyó fuera del país (México).

Pero ‘Papi Verduga’ estuvo envuelto en otras presuntas anomalías. Los agentes denunciaron -en 1997- que los utilizaba como parte de la seguridad de su domicilio y como sus choferes personales, con carros de la institución. Incluso, Marcos Castro lo inculpó de ser ‘la cabeza principal’ de la red de corrupción que operaba en la CTG.

También lo acusaron por presunto nepotismo: preferencia que tienen funcionarios públicos para dar empleos a familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza.

El 21 de mayo de 1997, Laura Gross Rueda reveló que Verduga implantó nepotismo en la CTG: su cuñado Carlos Morales Echeverría, presidente del directorio; su concuñado Enrique Pine León, director ejecutivo; su hijo Franklin Verduga Rodríguez, asesor de Morales; y su sobrino Raúl Anchundia Verduga, jefe de almacén.

El 28 de mayo de ese mismo año, la prensa recogió que una de las extralimitaciones de Verduga fue vender a Juan Barreiro un vehículo reportado como robado y disponer que se lo mantenga en los patios de la CTG, según se justificó Intriago.

Ese mismo día, la tropa de vigilantes de la CTGse sumó a las denuncias de corrupción con casos de sobrefacturación en compras y acusaron al diputado de politizar a la entidad, por lo que exigieron su distanciamiento.

Y el mismo mes, Verduga se vio envuelto en presionar a la justicia para conseguir la libertad del exalcalde Harry Soria. De acuerdo con la prensa, bastó una llamada telefónica y, supuestamente, demostró su poder e influencia.

Ante esos hechos, la Comisión de Fiscalización del entonces Congreso Nacional realizó un informe preliminar de 11 páginas basándose en entrevistas directas con los miembros de la CTG, un informe de Inteligencia Militar, un informe de la Comisión Anticorrupción, documentos suscritos por dirigentes del MPD, documentación entregada y entrevistas realizadas por los periodistas Rolando Panchana y Fernando Barreno, de Ecuavisa.

Verduga calificó entonces de insuficientes esas pruebas para involucrarlo en hechos de corrupción.

Las investigaciones continuaron y el 8 de abril de 1999 el entonces titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Héctor Romero Parducci, dictó orden de prisión preventiva contra el exdiputado socialcristiano por el delito de peculado de uso, por recibir y cobrar valores indebidos (contribuciones, rentas, gratificaciones) a los transportistas y usuarios de la terminal terrestre de Guayaquil, y por concusión: cuando un funcionario público, en uso de su cargo, exige o hace pagar una contribución, o también cobra más de lo que le corresponde por las funciones que realiza. Este delito puede presentar agravantes si se emplea intimidación o si se invoca que son órdenes de un funcionario de mayor jerarquía.

Intriago, Pine, Vicente Matamoros, jefe de operaciones de la terminal, y María Elizabeth Navarro, exautoridades de la CTG, fueron implicados en el delito de concusión. Y Carlos Morales Echeverría, cuñado de Verduga, como encubridor.

De igual forma, se encontraron irregularidades en los procesos de compra de materiales de la CTG, por lo que Romero también dictó orden de prisión preventiva en contra de Carlos Ortiz Cevallos y Carlos Ortiz Mora, exdirectores administrativos de la institución. En cambio, por alteración de planillas y proformas de venta se dictó la misma medida contra Lucía Vaque, Eloy Sánchez, Carlos Silva, José Vera, Juan Párraga y Carlos Castrellón.

Sin embargo, Verduga argumentó que las acusaciones eran una persecución política por haber planteado en el Congreso la destitución del entonces presidente Abdalá Bucaram.

El 14 de diciembre de 2002, al cabo de 5 años de juicio penal, Verduga y el exoficial de la CTG Vicente Matamoros fueron sentenciados a 4 años de reclusión mayor ordinaria por el presidente de la CSJ, Armando Bermeo, así como al pago de una multa equivalente a 4 veces el valor de lo que recibieron como producto de los actos dolosos.

Como coautores de peculado fueron sentenciados a 4 años de reclusión mayor Carlos Ortiz Mora, José Vera Gamarra, Juan Párraga Vera, Carlos Castrellón Sánchez, Eloy Sánchez Chávez y Lucía Vaque.

Un año después del pedido de apelación por parte de Verduga, el fiscal general subrogante, Guillermo Mosquera, solicitó a la 1ª Sala de lo Penal de la CSJ que mantenga la sentencia. El caso estuvo en la CSJ sin resolución hasta marzo de 2004, cuando finalmente se absolvió a Verduga por falta de pruebas, pese a estar acusado de dirigir una red de corrupción en la terminal terrestre de Guayaquil en el gobierno de Fabián Alarcón, al que apoyó tras la caída de Abdalá Bucaram.