En su memoria están frescos los recuerdos de los 6 meses que permaneció bajo arresto, luego de lo cual le sobrevino la baja de la Armada Nacional. El entonces sargento de la Infantería de Marina, Juan Lume Símbala Rugel, no sabía el motivo de la sanción, aunque poco tiempo después todo tuvo su explicación.

“Estuve detenido en los calabozos del Cuerpo de Infantería, no sabíamos cuál era la situación, prestábamos servicio en Puerto Bolívar (El Oro) y el Servicio de Inteligencia nos trajo para acá (Guayaquil)”, recuerda el exuniformado.   

Él, junto con otros 6 exelementos de la Marina, recibieron ayer disculpas públicas por parte del Estado ecuatoriano y de la Armada Nacional, luego de 22 años de lucha en los tribunales. El acto se efectuó en la Primera Zona Naval, con la presencia de autoridades civiles, militares y sus familiares.

La ceremonia fue corta pero emotiva. Luego de las palabras de la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Patricia Carrillo; del excapitán de corbeta, Vicente Grijalva Bueno, y del exsargento Daniel Sáenz Vargas, los asistentes bajaron al patio de la institución donde se develó la placa de disculpas públicas a los exmarinos.   

Además de Grijalva, Sáenz y Símbala, también fueron resarcidos los exsargentos Hugo Moreno Pinto, José Chóez Ponce, Luis Velasco Álvarez y el excabo Freddy Chávez Cárdenas. La felicidad de los exmilitares y sus familiares se complementaba con los abrazos mutuos y las fotografías para el recuerdo. Todos fueron maltratados, ya sea por denunciar violaciones a los derechos humanos o para ser usados como chivos expiatorios en la muerte de Consuelo Benavides.  

A pocos metros Símbala observaba la placa mientras narraba los momentos difíciles que vivió. En principio no sabía por qué el arresto, después conoció el trasfondo de su tragedia.  

“Por una denuncia del capitán Grijalva sobre la muerte de la profesora Consuelo Benavides querían que yo lo entregara a las autoridades, pero no cedí y eso me costó la carrera, pero en buena hora porque salí con la frente en alto”, afirma.

Su voz de repente se entrecorta y sus ojos se humedecen. “Faltaban 5 meses para que me jubilara, se me truncó la carrera, pero gracias al apoyo de mi familia seguimos adelante y conseguimos justicia. De todas maneras quedan marcados esos recuerdos en nuestros corazones y uno queda sicológicamente mal”, sostuvo.

La directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Patricia Carrillo, dijo que el acto es histórico para la Armada Nacional, las Fuerzas Armadas y para el país en general porque finalmente se cumplió el acuerdo transaccional que se firmó el 15 de diciembre de 2014, en favor de los exmilitares.

“Esto evidencia que las relaciones cívico-militar están fortalecidas por el cumplimiento mutuo del ordenamiento jurídico, la prevalencia de la reivindicación de derechos y la respuesta del Estado ecuatoriano de resarcir errores de gobiernos pasados y nefastos”, manifestó.

Dirigiéndose a los exmilitares les expresó que el Estado y la Armada de Ecuador, en cumplimiento de los acuerdos transaccionales por las violaciones a sus derechos humanos, les ofrece las disculpas públicas correspondientes por las acciones y omisiones cometidas que afectaron el ejercicio de sus derechos, sus garantías constitucionales y la protección judicial, por haber sido dados de baja de manera discriminatoria e infundada en 1993, violando sus derechos constitucionales.

Le tocó el turno al excapitán Vicente Grijalva, quien denunció en su debido momento el asesinato de la profesora Consuelo Benavides a los órganos respectivos de esa época, cometido presuntamente por el entonces capitán Fausto Morales, durante el gobierno de León Febres Cordero.

Grijalva recordó que fueron separados en 1992, en base a  informes de inteligencia, según dijo, forjados por la Dirección de Inteligencia Naval al mando del capitán Morales Villota, cuyo proceso fue finalmente descubierto, determinándose que los actos que les imputaron fueron para encubrir hechos de mayor envergadura como el crimen de Benavides y otros más.      

“La presunta causa de esta persecución fue el cumplimiento de mis deberes y obligaciones como Jefe de Seguridad de esta zona naval; denuncié varios hechos que conocí y que tenían relación con el asesinato de Consuelo Benavides”, recalcó.

Consideró que en octubre de 1993 fue dado de baja sin sustento legal ni jurídico y que esos actos fueron un ejemplo del incumplimiento del debido proceso y una evidente violación a los derechos humanos, pero que luego los organismos encargados de salvaguardar esos derechos constitucionales fallaron a favor en varias ocasiones.

Es así como el Tribunal de Garantías Constitucionales, en septiembre de 1995, declaró inconstitucional las sanciones y le concedió a la Armada 30 días para que los reintegrara, pero esto nunca fue acatado.

En 2012, la Corte Constitucional declaró el incumplimiento de la resolución y emitió la sentencia con disposiciones como medidas compensatorias.

En tanto que Sáenz, a nombre de los extripulantes dijo que renuevan su reconocimiento, amor y respeto a la Armada y que perdonan a todos quienes actuaron en su momento en contra de ellos (I).

DATOS

El acta de mediación fue firmada días antes entre el ministro de Defensa, Fernando Cordero, y los siete exmiembros de la Armada Nacional.

El acta establece el ofrecimiento de disculpas públicas difundido en un medio de comunicación escrita, de circulación nacional, además de la colocación de la placa en un recinto militar.

En el acto estuvieron Patricia Carrillo, en representación del Ministerio de Defensa Nacional; Francisco Butiñá, jefe Político de Guayaquil, por la Gobernación del Guayas; y  el comandante de la Primera Zona Naval, Calm. Ángel Sarsoza.

El acuerdo también dispuso excluir de la orden general la calificación de mala conducta que pesaba en las hojas de vida de los exmilitares y que reposaban en la Jefatura de Personal de la Armada.

Caso Benavides fue origen de la sanción

La muerte de la profesora Consuelo Benavides remeció al país. La docente, de acuerdo con las investigaciones durante la década del 90, fue torturada y asesinada el 4 de diciembre de 1985 y el principal implicado del hecho fue el entonces capitán de fragata, Fausto Morales Villota, en ese tiempo Jefe de Inteligencia.

En base a testimonios y declaraciones fue el exoficial quien ordenó la detención de la docente, hecho ocurrido en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. A Benavides se la acusaba de ser parte del grupo subversivo Alfaro Vive.   

Pese a que durante ese tiempo hubo acusaciones el caso continuó en la impunidad. Finalmente en 1998 el Estado ecuatoriano aceptaba su responsabilidad por tratarse de una violación flagrante a los derechos humanos.

En una de las partes del acuerdo firmado entre la Procuraduría General de Estado de esa época y la familia de la profesora se señala que “el Estado ecuatoriano acepta que sus agentes oficiales fueron responsables del arresto, detención ilegal, tortura y asesinato de Consuelo Benavides”.

De este hecho fue acusado el citado oficial de la Marina, por haber ordenado la detención. Aunque estuvo un tiempo detenido el exoficial escapó en 1996 de un cuartel militar.    

Para entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (corteIDH) por las infracciones a las disposiciones de la Convención Americana de DD.HH.   

Al reconocer el Estado esta violación, tuvo que indemnizar a los familiares de la docente, en un caso que por primera vez se produjo en el país en materia de derechos humanos. (I)