El Ejecutivo remite más de 50 cambios al Código Monetario

El presidente Rafael Correa remitió, a la Asamblea Nacional, más de 50 observaciones al Código Monetario que aprobó el organismo el pasado 24 de julio.

Estas hacen referencia a los funcionarios de los organismos de regulación y control, directorio, actividad financiera, entidades financieras nacionales en el extranjero, deficiencia patrimonial, orientación de las operaciones de crédito, límites para las operaciones activas y contingentes, sujetos responsables de la infracción, causales de liquidación forzosa, entre otras.

En estos cambios también constan los que se corrigieron con los representantes de la banca privada del país. Estos puntos fueron 4 y básicamente se hicieron mejoras en la redacción, aclaró el Mandatario. “Para mí todo estaba muy claro, pero para que los señores de la banca estén tranquilos se hicieron aclaraciones”, recalcó durante el informe de actividades.

Los artículos reformados por pedido de la banca fueron el 143 en el cual se eliminaron las palabras “potestad estatal”, para descartar que la banca pertenece al Estado. Esta era una malinterpretación que los integrantes de la banca realizaban al proyecto de ley, que debe ser corregido por los asambleístas para su aprobación.

En el 337, que se refiere al Fondo de Liquidez, se incluyó que estos recursos no se pueden invertir en bonos del Estado. “Quedó explícitamente excluido que (dicho fondo) sirva para financiar al Gobierno”, explicó Correa. Actualmente  hay $ 2.000 millones.

En el artículo 209, sobre la Orientación de las operaciones de crédito, se descartó el temor de la banca de que sea la Junta Monetaria la que determine a quien otorgar un crédito. El Presidente precisó que lo que sí se priorizará es a los sectores  industrial, agricultor y productivo, y no solo al de consumo como se hace actualmente.

En el 214 da capacidad a la Junta de exigir garantías mínimas a ciertos sectores y evitar así que se presente una situación similar a la ocurrida en la crisis de 1999. Este artículo había sido malinterpretado, por ello fue mejorada la redacción del mismo. Se aclaró que toda actividad crediticia debe estar garantizada, en este punto estuvieron de acuerdo tanto el Gobierno como los banqueros.