El Gobierno, a través del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, presentó ayer en la Corte Constitucional (CC) el texto de la pregunta que, dentro de la propuesta de pacto ético. El Ejecutivo quiere consultar al pueblo ecuatoriano en los comicios de 2017 si se prohíbe que candidatos y servidores públicos tengan bienes o capitales en paraísos fiscales.

La pregunta (ver recuadro) debe ser calificada constitucionalmente antes de la convocatoria a consulta popular. De conformidad con la Carta Magna y la ley, la Corte Constitucional tiene que validar la pregunta. El plazo es de 20 días hábiles para que se determine la viabilidad, y que posteriormente se notifique al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se haga la respectiva convocatoria.

De aprobarse la consulta popular, se dará un plazo de un año para que los funcionarios públicos que tengan dinero en paraísos fiscales retornen esos capitales. Para Mera, esto es postivo porque beneficia al país. “Si hay alguien que decide dedicarse a la política que retorne los bienes al país. La información de los papeles de Panamá es tan grave que requiere una acción más contundente”.

El jurista aclaró que la lucha del Gobierno contra los paraísos fiscales viene desde 2007. “No queremos que este tema se confunda con coyunturas de carácter político”. Añadió que los actuales candidatos como el banquero Guillermo Lasso (CREO) no tienen ninguna inhabilidad para presentarse a las elecciones. “Si gana, lo cual en mi opinión es muy improbable, tendría un año para retornar todos sus bienes, de los bancos en Panamá, lo cual le haría bien al país. No le hace daño a ningún candidato”.

Recordó que se han hecho por lo menos 9 reformas legales castigando los paraísos fiscales. “Los papeles de Panamá lo que han hecho es develar todas estas circunstancias y la documentación filtrada es tan amplia que puede durar muchos meses más descubrirla”.

¿Cuáles son las jurisdicciones con sigilo bancario y cuándo mueven?

Un estimado de $ 21 a $ 32 billones de la riqueza privada está localizada, sin gravar o ligeramente gravada, en paraísos fiscales. Ese fue el resultado alcanzado por la organización no gubernamental Tax Justice Network luego de analizar 92 jurisdicciones, incluso las que no han sido catalogadas tradicionalmente como regímenes de baja imposición.

En el estudio, el organismo se concentró en determinar cuáles son las jurisdicciones más secretas que, a través del sigilo financiero, atraen, muchas veces, inversiones “ilícitas, ilegítimas o abusivas”. En ese sentido determinó que Suiza es el país que encabeza el ranking de las 15 jurisdicciones con más sigilo financiero, aunque si todos los territorios británicos fueran analizados en su conjunto superarían a la nación de Europa central (ver gráfico).

El abogado Francisco Acosta cuestionó que la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) haya denominado a su filtración con el nombre de Panama Papers, colocando al país centroamericano en una posición incómoda ante el mundo cuando el sistema británico es más permisivo.

Además, comparó la situación de esos territorios con la de Ecuador, donde hay un registro público de empresas que debe ser controlado por la Superintendencia de Compañías y donde —según el exdirector del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco— se impulsó una cultura tributaria responsable.

Ecuador ya ha puesto su grano de arena: logró que el Comité de Descolonización de la ONU condene el hecho de que potencias coloniales utilicen los territorios no autónomos bajo su administración como “paraísos fiscales en detrimento de la economía mundial”. Además, presentará en septiembre próximo una propuesta para que se incluya este tema en la agenda de la Asamblea General de la ONU. (I)

PREGUNTA PARA CONSULTA POPULAR

El Gobierno presentó ayer en la Corte Constitucional el texto de la pregunta para que sea calificada, previo a la convocatoria a consulta popular en el marco del pacto ético.

“¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”.