El presidente de la República, Lenín Moreno, oficializó ayer la creación del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Antes de emitir el respectivo decreto, se reunió con nueve de las 13 personas que fueron invitadas formalmente la semana pasada y aceptaron el reto.

Por tal motivo este frente quedó conformado por: Xavier Zavala Egas, Tatiana Hidrovo Quiñónez, Larissa Marangoni Bertini, Carlos Xavier Rabascall Salazar, Pablo Vanegas Peralta, Pablo José Dávila Jaramillo, Rosana Alvarado Carrión, María Fernanda Espinosa Garcés y Andrés Iván Mideros Mora.

El arzobispo de Quito, Fausto Trávez, Julio César Trujillo, Fabián Corral y Francisco Borja, que también fueron invitados por Moreno a integrar este equipo finalmente no acudieron al llamado.

El decreto que crea el organismo que implementará la estrategia nacional por la transparencia y la lucha contra la corrupción, está conformado por ocho artículos.

Allí se estipula, por ejemplo, que el frente contará con autonomía y facultad para solicitar información a las instituciones públicas; evaluar y retroalimentar los mecanismos para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.

Además establecer los mecanismos para la coordinación de acciones de transparencia y lucha contra la corrupción junto con los organismos pertenecientes a la Función de Control Social y proponer estrategias, así como normativas para mejorar la transparencia en la gestión pública. El trabajo de esta comisión se centrará en cuatro objetivos.

El primero será proponer al Presidente de la República estrategias y mecanismos para la prevención de la corrupción en los sectores público y privado;  exhortar a las entidades para activar mecanismos de control e investigaciones de acuerdo con las competencias que le confiere la ley, incluidas propuestas e iniciativas de educación que promueven una cultura de valores y presentar propuestas de políticas para la transparencia y lucha contra la corrupción.

Además, en el mismo decreto se  delegó, al Ministerio de Justicia, que en el plazo de 30 días, proponga al Mandatario los mecanismos para la implementación de la Estrategia Nacional por la Transparencia y la Lucha Contra la Corrupción.

En cambio, en el artículo seis se encarga al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana coordinar las acciones necesarias para contar con la asesoría del Sistema de Naciones Unidas en el diseño e implementación de la Estrategia Nacional por la Transparencia y la Lucha Contra la Corrupción.

Mientras, la Secretaría Nacional de Planificación tendrá el reto de implementar las recomendaciones que emita el Frente.

Rosana Alvarado, ministra de Justicia, indicó que este es un tema de sumo interés para el Estado ya que la ciudadanía está pendiente de la gran cruzada contra este mal social. “ Es un compromiso del Ejecutivo y todos los órganos del sector público”.

Aseguró que este combate se ha dado en diversos ámbitos y no solo en el tema Odebrecht. “Queremos saber la verdad, con toda la información completa”.

Alvarado explicó que en esta primera reunión se generarán protocolos y procedimientos que se deben implementar. “Eso no quita que la Fiscalía no pueda operar así como el Consejo de Participación Ciudadana que son los llamados a intervenir en este asunto, todos los organismos son importantes en esta lucha”.

Pablo Dávila dijo que la intención del  Frente será la de hacer una lucha frontal; “espero que podamos aclarar el rol específico que va a tener la comisión, también discutiremos el código de conducta y las reglas procedimentales que deberá seguir en ejercicio de las funciones encargadas por el Presidente”.

Dávila estimó que los ciudadanos deben entender que se necesita una lucha sistemática contra la deshonestidad “lo cual quiere decir que debemos estar vigilantes de que el manejo de los fondos públicos se haga con la transparencia necesaria, independientemente de quién ocupe el cargo”.

La canciller María Fernanda Espinosa anunció que la próxima semana viajará a EE.UU., para reunirse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para comprometer a la entidad con su asesoramiento directo en la lucha contra la corrupción en el Ecuador. (I)

Datos

Según el artículo 131 de la Constitución, la Asamblea Nacional procederá al enjuiciamiento político a solicitud de, al menos, una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que le asignan la Constitución y la ley, a ministros de Estado o máximas autoridades.

En el segundo caso la norma constitucional detalla como autoridades al Procurador, Contralor, Fiscal, Defensor del Pueblo, superintendentes o miembros del CNE, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y del CPCCS.

Con el respaldo de la cuarta parte del pleno, el pedido irá a la Comisión de Fiscalización; si lo aprueba se requiere la mayoría absoluta de la Asamblea para la censura.

Si se procede a la censura se producirá la inmediata destitución. Si deriva en indicios de responsabilidad penal, se pondrá a conocimiento de la autoridad competente.(I)