El Cpccs recibió 220 denuncias de corrupción en 2013

El fortalecimiento de la institucionalidad fue una de las mayores metas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) durante el año anterior.

Así lo confirmó su titular Fernando Cedeño, quien aseguró que se realizó la desconcentración del organismo con la apertura de oficinas en todas las capitales de las 24 provincias del país para que la ciudadanía acceda a sus servicios. Entre los principales trabajos constan impulsar el ejercicio de los derechos de participación, la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia y actuar en procesos de designación de autoridades.

Cedeño dijo que el reto para este año es consolidar y fortalecer la participación para el próximo período del organismo que se renovará en 2017.

Lucha contra la corrupción
El pleno del organismo conoció que hasta septiembre del año anterior se recibieron 220 expedientes. De esa cifra 130 son denuncias y 90 corresponden a pedidos realizados, lo que equivale al 59% y 41%, respectivamente.

De las 130 denuncias presentadas, 93 no se admitieron (71%) porque no son de competencia del Cpccs por lo que fueron remitidas a las instituciones correspondientes; 14 (11%) fueron aceptadas y están en investigación, mientras que otras 23 se archivaron.

El Cpccs cuenta 81 casos de investigación que generan corrupción y los que afectan a la participación ciudadana son 3. Del primer grupo 25 están finalizados y 42 en investigación, con informe final están 14.

Las denuncias y pedidos, según el informe de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se generan principalmente en Pichincha (53%), Guayas (28%) y el 19% en otras provincias.

Las entidades donde se producen los hechos, en su mayoría, son de la Función Ejecutiva y de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

La mayor cantidad de denuncias se recepta en Guayas y Pichincha, reportó el organismo.

La Subcoordinación Nacional de Patrocinio hace seguimiento a 146 casos desde marzo de 2010 y labora en el proceso de 86 casos en Quito y 203 en Guayaquil que corresponden a la ex-Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción y a la ex-Secretaría Nacional Anticorrupción.

Designación de autoridades
Entre las autoridades que fueron designadas durante este año están los vocales que integran el Consejo de la Judicatura y el Superintendente de la Información. Además, de acuerdo con normativas legales, inició los procesos de selección para designar representantes de los afiliados activos y jubilados al directorio del Banco del IESS, así como de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria, defensores y defensoras del cliente ante cada una de las entidades integrantes del sistema financiero y la selección de héroes y heroínas.

Para Cedeño, estos procesos han sido inéditos por la participación de la ciudadanía en procesos de veeduría, impugnación y designación de las comisiones para cada proceso.

Además, el Consejo ha capacitado al personal de las entidades estatales y mediante actas de compromiso se promueven los códigos de ética en los respectivos lugares de trabajo.

Participación y Control Social
La consejera Marcela Miranda señaló que el año anterior fue fructífero porque se consolidaron herramientas de participación ciudadana en todas las provincias y en 2014 continuarán con la ejecución de las políticas públicas aprobadas por el organismo. Una de ellas es la continuación del proyecto de recuperación de la memoria histórica.

Miranda considera que uno de los mayores logros de este año es que en Guayas se ha desarrollado la recuperación de la memoria histórica en algunas parroquias rurales y sectores de Guayaquil. Este proyecto se replicará en otras provincias.

Añadió que la historia del puerto principal ha sido plasmada por escritores relacionados con financistas y con personas de poder en el cantón, por lo que la voz de los ciudadanos no ha sido escuchada. Para Miranda, este proyecto busca que la ciudadanía sea incluida.

En otro aspecto, el consejero David Rosero cree oportuno que el próximo año se pueda discutir con el Ejecutivo acerca del decreto 16, que -a su criterio- tiene algunas barreras de tipo legal para los ciudadanos que buscan formar organizaciones de tipo social. Para ello impulsará las asambleas ciudadanas, veedurías y observatorios que se han realizado desde 2010. “Es necesario saldar una deuda pendiente en torno a los procesos de participación”, dijo.

Miranda recordó que para mediados de este año tienen previsto convocar a concurso para designar a quienes reemplazarán a dos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), los cuales, según lo estipulado en la Constitución y en el Código de la Democracia, terminan su período luego de 3 años.