En marzo está previsto el inicio de la rendición de cuentas a la ciudadanía, por parte de las instituciones públicas y las privadas que reciben recursos estatales. Pero la fase de preparación comenzó desde el 1 de febrero. Al momento, 180 entidades, de 611 que se han registrado, ya ingresaron su información a la página del Consejo de Participación Ciudadana.

Según Raquel González, titular del CPCCS, esta actividad la determina el artículo 208 de la Constitución, que establece las tareas del organismo. “Una de nuestras responsabilidades es la rendición de cuentas, que es una obligación de todas las instituciones públicas y privadas que manejen recursos públicos, así como las universidades y medios de comunicación”.

El 9 de diciembre pasado se aprobó la nueva resolución de la rendición de cuentas, con base en el Decreto Ejecutivo 647 que se refiere a la austeridad de las instituciones.

Para González, la rendición debe ser ciudadana y no en un evento, es decir, debe ser un proceso en el que la persona debe ser informada porque es su derecho y ser partícipe, a través de las iniciativas ciudadanas, de los presupuestos de las instituciones, ya sea en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) o instituciones públicas. El objetivo es que las entidades estén enteradas de las necesidades de la comunidad, recinto, cantón, parroquia, ciudad o a nivel nacional.

El 1 de febrero se publicaron los formularios en la página web del Consejo y para marzo se deberá cumplir con la rendición de cuentas y la presentación del informe, a través del formulario de participación ciudadana. La autoridad que rinde cuentas tiene 30 días a partir de la rendición de cuentas para cumplir con el proceso.

De las instituciones, a nivel nacional, el Consejo ha asistido técnicamente a más de 2.458, y con capacitación a 1.163.

González agregó que, siendo recursos del Estado, es una obligación de las instituciones rendir cuentas de cómo se está invirtiendo el dinero de los ecuatorianos. Recordó que quienes están al frente de las instituciones públicas no son más que administradores de los recursos, en beneficio del Buen Vivir.

En el momento que una entidad no cumple con este requerimiento, el Consejo elaborará un informe que se remitirá a la Contraloría. Este, a su vez, procede con lo que corresponde con la ley. Si se encuentra alguna irregularidad, se impondrán sanciones. (I)