El contralor General del Estado, Carlos Pólit Faggioni, retiró ayer la querella que inició en contra de los nueve miembros de la autodenominada Comisión Anticorrupción, por el delito de calumnias en contra del funcionario.

Horas antes de la decisión judicial el presidente electo de la República, Lenín Moreno, en su cuenta de Twitter, instó a Pólit a que revise la demanda contra los integrantes de la comisión.

“Animo al señor Contralor, Carlos Pólit, a revisar demanda contra @CNACEcuador. Es momento de mayor tolerancia”, indicó el Mandatario electo, pero también exhortó a las organizaciones sociales “a proceder con mayor rigor y responsabilidad”.

La jueza encargada del caso, Karen Matamoros, declaró culpables del delito de calumnias a los comisionados María Arboleda, Simón Cordero, Isabel  Robalino, Germán Rodas, Jorge Rodríguez, Ramiro Román, Julio César Trujillo, Byron Celi y Fernando Vega.

La lectura de la sentencia se realizó en la tarde de ayer, por parte de la jueza Matamoros, quien además dispuso que los querellados se disculparan públicamente con el Contralor.

Acto seguido a la lectura, el abogado de Pólit, Hernán Ulloa,  leyó un documento en el que el funcionario anunciaba su renuncia a la querella interpuesta y que la acción obedecía, también, a un mensaje de Lenín Moreno, presidente electo, quien le pidió, vía Twitter, que desistiera de continuar con la demanda.

Tras la decisión de la parte acusadora, la jueza declaró extinta la acción. Los miembros de la Comisión denunciaron en febrero de 2016 un presunto delito de cohecho en la negociación, para la compra del terreno de la Refinería del Pacífico y responsabilizaban al Contralor Pólit.

La denuncia fue declarada maliciosa y temeraria por el juez nacional Marco Maldonado; por lo que el Contralor contrademandó a los integrantes de la comisión, el año pasado y pedía $ 1.400.000 como indemnización.

Por el delito de calumnia en contra del Contralor General del Estado, los nueve integrantes de la Comisión Anticorrupción fueron llamados a juicio.  

En la diligencia que se realizó el miércoles en el Complejo Judicial Norte, Hernán Ulloa, abogado de Pólit, pidió en total $ 900.000, es decir $ 100.000 por cada integrante, como indemnización por haber calumniado a su defendido y además solicitó la pena privativa de libertad, según lo que establece el Código Integral Penal (COIP).

Ante ello, la jueza Karen Matamoros propuso una conciliación a las partes, pero los acusados pidieron que el Contralor se disculpara por tratar de apresar a personas de la tercera edad.

Mientras que, la defensa de Pólit no aceptó la conciliación, por lo que el proceso a juzgamiento continuó. Pólit no estuvo presente en la audiencia, pues está fuera del país.

Según el COIP, en el artículo 182, en el capítulo relacionado con la calumnia, señala: “La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

Reacción de comisionados

Tras el término de la audiencia, los miembros de la Comisión ofrecieron una rueda de prensa, en donde afirmaron que no aceptan la decisión de la justicia.

“La decisión final se tomó afuera de la sala, la sentencia se dio a través de la cuenta de Twitter de la autoridad electa; por lo tanto no aceptamos este desestimiento malicioso, y seguiremos con el mandato que nos dio el Colectivo Nacional de Organizaciones Sindicales y Populares del país”, manifestó la comisionada María Arboleda.

Para Isabel Robalino, otra de las integrantes de la comisión, existe “un juego político muy bajo que no podemos aceptar, que se dio una sentencia condenatoria, o sea no se reconoció nuestra inocencia”.

A su criterio, esta decisión sirvió para hacer un juego de baja política para decir que el Contralor desiste de la acción, por lo tanto lo consideraban ofensivo.

En ese sentido, agregó, advirtió de manera solidaria: “seguiremos aportando honestamente lo que podamos y seguiremos la lucha y el combate a la corrupción, porque no se trata de jugar y de terminar una audiencia en esta forma sino permitir que se vaya al fondo de las cosas.

Mientras que Jorge Rodríguez enfatizó que lo ocurrido es una vergüenza para todos los ecuatorianos; “después de oír esta barbaridad de una sentencia que rompe todos los preceptos legales del país”. (I)