El Código de la Salud propone la creación de una Superintendencia

“Es una norma tan compleja como lo fue el Código Orgánico Integral Penal”. Así define al Código de la Salud la asambleísta María Alejandra Vicuña, que actualmente se elabora en la Comisión del Derecho a la Salud, en la que ella se desempeña como vicepresidenta.

Se trata de proyecto que la comisión lleva meses trabajando, mediante constantes reuniones con todos los sectores involucrados.

Son muchas las aristas que aborda, pero el objetivo básico de la propuesta es llevar a la realidad los enunciados de la Constitución. Es decir, garantizar, en hechos, el acceso a la salud, en todos sus niveles.

El borrador, actualmente en fase de socialización, tiene 4 títulos, pero al menos 3 puntos se han destacado. Esto quedó evidenciado en la jornada que la comisión celebró el viernes pasado en Guayaquil.

¿Superintendencia de Salud?

La asambleísta Vicuña es una defensora de esta propuesta. La entidad serviría para garantizar el derecho a la salud, en un rol similar al que ya desarrolla la Superintendencia de Comunicación.

El Frente de Profesionales de la Revolución Ciudadana presentó la idea en mayo pasado y el viernes entregó ya un documento formal al respecto. Juan Carlos Pérez, vicepresidente del colectivo, explicó la iniciativa.

Desde un punto de vista legal señaló que la Superintendencia serviría en el momento que un paciente solicite una auditoría a un hospital o una revisión del registro sanitario. Sin esta entidad, manifestó, el Estado se enfrenta a constantes acciones de protección.

“Están en riesgo bienes jurídicos constitucionales (...) todo quedaría en riesgo si no podemos exigir derechos ante un ente independiente”, alertó Pérez.

El fortalecimiento de la sicología

El borrador propone que al concepto de salud se incorpore el bienestar sicológico del ciudadano, por lo que este servicio se debería ofrecer en todos los centros públicos. La propuesta parte de la medicina preventiva y sería un eje importante para combatir las adicciones a diversas sustancias psicotrópicas. Soraya Bohórquez, presidenta de la Asociación de Sicología Jurídica y Forense, destacó estos puntos del proyecto.

Ella cuenta que, actualmente, una consulta sicológica cuesta entre $ 30 y $ 50. Un tratamiento de esta índole requiere atenciones semanales, por lo que su acceso está restringido para las personas de escasos recursos, porque en el sistema público los cupos son también pocos. Por eso Bohórquez aplaude la iniciativa.

Pero al mismo tiempo reclama por la ausencia de un ente rector. “No tenemos quién rija nuestra práctica”, lamentó. Eso contribuye a que haya profesionales que actúen como ellos consideran. Los sicólogos educativos tienen al Ministerio de Educación, los forenses al de Justicia, pero los clínicos están desamparados.

Al mismo tiempo pide recursos para la investigación científica, porque nuestra rama es “científica”, recordó. “Necesitamos protocolos, no hay estandarización de procedimientos”.

Salud reproductiva

En su intervención Vicuña reconoció lo difícil que es aún tratar este tema en el país. Ella mencionó concretamente los tratamientos de reproducción asistida. En muchos países, no solo europeos, sino también latinoamericanos, el Estado cubre estos servicios.

El problema radica en concepciones religiosas. Hay otro punto, si tendrían a ella acceso las parejas homosexuales. Dianne Rodríguez, presidenta de la Asociación Silueta X, considera que así debería ser. En ese marco propuso un artículo específico que garantice a este colectivo y a las personas infértiles el acceso a los tratamientos.

Vicuña recordó que desde hace 20 años ya se ofrecen estos servicios en Ecuador, pero no hay ninguna norma. Además todo se realiza en el sector privado. De allí que destacó la necesidad de normarlo.

El control de los medicamentos

El borrador propone la regulación de la producción, venta y consumo de los medicamentos, además de fortalecer el rol de Enfarma.  También busca que se controle la publicidad para evitar la automedicación.