En una jornada que se extendió hasta la madrugada de ayer, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció el plan operativo, el cronograma y el presupuesto para la consulta popular y el referendo.

Los 5 integrantes del CNE aprobaron por unanimidad y sin observaciones la convocatoria para llamar a los ecuatorianos a las urnas, para el 4 de febrero de 2018.

“Una vez que se ha declarado el periodo electoral  y se ha aprobado la convocatoria a elecciones, nada ni nadie los puede detener.

Todas las demás funciones del Estado se ponen al servicio de la democracia”, indicó Nubia Villacís, electa presidenta del CNE, el jueves al mediodía.

La resolución de ayer se produjo después de que dos días antes el presidente de la República, Lenín Moreno, enviara al organismo electoral dos decretos para que se convocara a las urnas.

La iniciativa, según el Ejecutivo, se sustenta en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que en su artículo 105 establece que si la Corte Constitucional no resuelve el análisis del referendo en un máximo de 20 días, se “entenderá que ha emitido dictamen favorable”.

Tras el silencio de la Corte, como fue interpretado, la acción del Ejecutivo se concretó 58 días después de haber remitido (2 de octubre) las 7 preguntas a la CC para que calificara el contenido de las mismas.

En ese sentido, ayer se inició el periodo electoral y el próximo 7 de diciembre será la convocatoria a consulta, que tendrá un presupuesto de $ 48’296.280 y que convocará a 13’072.108 electores.  

Además, las organizaciones sociales y políticas de carácter nacional se podrán inscribir del 8 al 12 de diciembre para que participen en la campaña electoral -por el Sí o por el No- desde el 3 de enero hasta el 1 de febrero, 3 días antes de la concurrencia a las urnas.

Análisis jurídico

Según el consejero Paúl Salazar, para tomar la decisión de convocar a consulta se analizó el tema de forma exhaustiva.

Aclaró que no se lo hizo en pocas horas, sino que se lo manejó con el expresidente Juan Pablo Pozo desde hace un mes y medio. Se llevó a cabo, manifestó, por medio de reuniones operativas para llegar a la aprobación del cronograma, presupuesto y plan operativo.

Incluso un equipo del CNE se reunió con la vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña, el pasado 5 de octubre, para afinar el procedimiento logístico de la consulta popular.

Para Salazar, a nivel jurídico “conocíamos el trámite que se desarrollaba en la Corte. Una vez que fueron notificados los decretos ejecutivos, el área jurídica del CNE analizó la constitucionalidad y legalidad, además recomendó al pleno que se cumpliera lo que estaba dado”.

Y recalcó que como administradores del proceso electoral no pueden permitir que ‘nada ni nadie’ entorpezca el ejercicio democrático.

Mauricio Tayupanta agregó que el pleno tenía la obligación de cumplir con la ley y así responder a la situación que vive el país. En la sesión que se efectuó ayer participaron todos los consejeros: la presidenta Nubia Villacís; la vicepresidenta Ana Marcela Paredes, y los demás integrantes del organismo: Mauricio Tayupanta, Paúl Salazar y Luz Haro.

Presidente defiende proceso

El Primer Mandatario se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre la convocatoria del CNE. “Hoy empieza la construcción del futuro que soñamos para nuestros hijos”, manifestó al mismo tiempo que hizo un llamado a los ecuatorianos para dar un “Sí rotundo, (porque) la consulta es de todos”.

Asambleístas de otras organizaciones políticas también han mostrado su apoyo. Guillermo Celi, del movimiento SUMA, dijo que en las urnas los ecuatorianos darán luz a lo que necesita la patria.

El grupo de legisladores afines al exmandatario Rafael Correa, por su parte, se expresó en contra de la decisión. Algunos de ellos, incluso, decidieron callar ante la acción del CNE. (I)

La logística

Seguridad en las papeletas
→La papeleta para el proceso electoral será en formato A3. Contará con sellos e hilos de seguridad. Además, los anexos explicativos de cada una de las siete preguntas estarán al reverso.     

Austeridad para los comicios
→El CNE también se sumó a la austeridad. Los recintos de transmisión de actas disminuyen de 2.000 a 1.566. Ese número -según el CNE- es el necesario para la jornada. Habrá 35.152 juntas receptoras.

Observadores internacionales
→La jornada electoral tendrá la presencia y vigilancia de 110 observadores internacionales. La vicepresidenta del CNE, Ana Marcela Paredes, dijo que se invitará a una delegación de la Unión Europea.

21 recintos en el exterior
→En el exterior habrá 21 recintos, que estarán organizados por los cónsules. El 21 de enero se realizará un simulacro para probar el sistema de preguntas, y el 28 otro para trabajar con el personal.   

El proceso bajo amparo
→Si la Corte Constitucional da paso al pedido de asambleístas de PAIS, sus miembros pueden ser sancionados, según el Código de la Democracia.

Convención
→Sobre la posibilidad de enviar un delegado a la convención de Esmeraldas, el CNE consultó a Ricardo Zambrano si mantiene o no dicho pedido. En la tarde envió su respuesta.