La III Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos concluyó ayer en Uruguay con una oferta de los países participantes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para albergar alguno de sus períodos de sesiones.  

Desde el martes, los diplomáticos analizaron la posibilidad de mudar de Washington la CIDH, una propuesta que ha sido impulsada por Ecuador porque Estados Unidos no ha ratificado el Pacto de San José.

En la II Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, celebrada en la ciudad boliviana de Cochabamba en 2013, se acordó la conformación de un Grupo de Trabajo formado por Ecuador y Uruguay para elaborar un informe sobre la propuesta.

Ecuador y Uruguay presentaron informe que indica que el traslado es posible jurídicamente.El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, dijo que el cambio es posible “jurídica y económicamente”. “Nuestro informe fue difundido a los países a principios de enero y pudieron conocerlo. En la reunión se han manifestado buena parte de ellos sobre su contenido. Muchos han manifestado su acuerdo con su contenido. Y otros piden profundizar más. No ha habido nadie que se haya mostrado en contra. Las discusiones van hacia un consenso”, declaró el canciller.

Según Patiño, para trasladar la sede de la CIDH hace falta tan solo una resolución de la Asamblea General de la OEA que modifique uno de los artículos de su estatuto. “Desde el punto de vista económico, se estima que el traslado no pasaría de los 1,4 millones de dólares”, aseguró.

El documento final de la reunión de Montevideo sugirió “profundizar” el informe ecuatoriano-uruguayo “en sus aspectos jurídicos, políticos, presupuestarios, reglamentarios y funcionales” y “analizar las mejores alternativas” para “dimensionar las consecuencias y requisitos de un eventual cambio”.

También solicitó a los Estados Parte de la convención “expresar su interés en hospedar de forma permanente la CIDH” e invitar a ese organismo a celebrar sus períodos de sesiones en esas naciones.

México, Costa Rica, Panamá y Paraguay lograron que se incluyera al final del texto una nota según la cual “se reservan su posición sobre los puntos contenidos en la presente Declaración hasta que sean examinados por los órganos competentes de la OEA, especialmente en los aspectos presupuestarios”.