La Asamblea Nacional convocó a los representantes de segundo grado de las organizaciones indígenas, montubias y afroecuatorianas para que participen de las audiencias públicas provinciales.

Esto forma parte de la segunda fase de consulta prelegislativa sobre el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales que inicia hoy.

Esta etapa concluirá el próximo 3 de julio. Fueron 490 las organizaciones que se inscribieron para la consulta prelegislativa.

De ellas se calificaron 428 organizaciones de primer grado para la primera fase; 48 de segundo grado, para la segunda (comparecerán 3 representantes por cada organización); y finalmente 14 grupos nacionales que estarán en la última fase que se realizará en una mesa de diálogo.

La Comisión de Soberanía Alimentaria trabaja en esta etapa y como parte de la planificación los parlamentarios se dividieron en 2 grupos y visitarán 23 provincias para socializar el proyecto y recoger los aportes de las organizaciones sociales, organismos del Estado y gremios de la producción. 

La primera provincia en visitar será Santa Elena, a cargo del primer grupo encabezado por el vicepresidente de la Comisión, Mauricio Proaño, quien dijo que se prevé lleguen a Los Ríos y Guayas. Mientras que el segundo grupo, direccionado por Miguel Carvajal, titular de la Mesa Legislativa, irá a Tungurahua y Bolívar.

Proaño destacó que el 94% de la población consultada indicó que la mayoría de los artículos no afectan sus derechos colectivos. Mientras que el resto mostró alguna preocupación por ciertos puntos del proyecto.

Existe interés de comunidades, en especial por el tema de la redistribución de tierras. El Estado implementará las políticas redistributivas y la Autoridad Nacional Agraria establecerá las medidas financieras, legales y administrativas para acceder a este derecho.

La Autoridad Agraria estará a cargo de un consejo consultivo de evaluación que estará conformado por representantes del Estado y de la sociedad civil. En este punto, miembros de la Conaie critican esta conformación, específicamente porque una autoridad dirigida desde el Gobierno regulará las tierras de los campesinos.

En cuanto a la expropiación, la Autoridad Agraria Nacional notificará a los propietarios de predios rurales los terrenos que no sean aprovechados para que en el plazo de un año esas tierras sean puestas en producción. Si esto no se cumple, estas estarán sometidas a un desincentivo anual del 10% del avalúo comercial.

David Paucar, vicepresidente de la Corporación Provincial de Regantes de Tungurahua, dijo que existe preocupación en los campesinos, en especial, en los de las zonas altas, debido a que el artículo 43 del proyecto prohíbe toda actividad agrícola a partir de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Así también mencionó que piden que se respeten los territorios ancestrales de las comunidades indígenas.

Mauricio Proaño señaló que la ley busca mejorar la producción y la productividad, equilibrar el nivel de vida del país, la cantidad de tierras y la población.

En la actualidad el país registra una escasez de tierra productiva. Según datos difundidos en la socialización en 1970 existía 1,63 hectáreas agrícolas por cada habitante; para el 2014 esa superficie se redujo a 0,43 hectáreas, y para el 2050 las proyecciones son de 0,31 per cápita. 

“Mientras que la población está incrementándose, la superficie agrícola está reduciéndose. El objetivo es hacer más eficiente el uso de esos territorios”, insistió.

Proaño explicó que luego de la consulta prelegislativa se realizará el informe para segundo debate en el pleno, el cual se entregaría a finales de julio a la titular del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, para que convoque a sesión.

La Ley de Tierras forma parte de los objetivos de la Comisión de Soberanía Alimentaria para el período legislativo 2015-2017.Al igual que las leyes de Semillas y de Pesca.

La mesa legislativa conformó 4 subcomisiones para un manejo más especializado de las diferentes temáticas, que se propuso como meta alcanzar durante estos 2 años.

Dentro de la agenda también consta el proyecto de Ley de Agro Biodiversidad, Semillas y Agroecología que busca proteger, revitalizar, multiplicar y diversificar la agrodiversidad. (I)