El 77% de delitos que más afectan a la gente se redujo
“Queremos convertir al país en el más seguro de América Latina”, afirmó el presidente Rafael Correa en la parroquia Calderón (Quito), donde se desarrolló el informe semanal.
Lo hizo tras destacar las acciones desarrolladas por el Gobierno en materia de seguridad, entre las que señaló la transformación de la justicia ecuatoriana, a la que el Ejecutivo ha contribuido tras el mandato ciudadano establecido en la consulta popular de 2011.
Señaló que de los 9 delitos que más afectan a las personas (asesinatos, robos, asaltos a viviendas, locales comerciales, etc.), 7 se redujeron en 2013. Y citó como ejemplo que la tasa de asesinatos se redujo a 10,8 por cada 100.000 habitantes. Ese mismo indicador fue del 12,4 por ciento durante 2012.
Para llegar a esos niveles se ejecutaron varias acciones que mejoraron los sistemas de vigilancia, de prevención y de sanción a los responsables, afirmó el Jefe de Estado. Ahora la Policía está mejor capacitada y tiene infraestructura adecuada para conseguir con éxito su labor. Y destacó que actualmente se construye en el país una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) cada dos días. También mencionó que para mediados de este año estará concluida la infraestructura del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 en todo el país. Hoy, el 80% de la población está cubierto por el servicio.
De su lado, el ministro del Interior, José Serrano, resaltó la mejora en la acción judicial.
Así dijo que en 2013 no se registró ninguna caducidad de la prisión preventiva, lo que atribuyó a que gracias a una justicia más ágil, el 80% de las personas privadas de libertad fue condenado.
Ello contrasta -mencionó el funcionario- con que antes existían personas que fueron detenidas y liberadas hasta en 120 ocasiones debido a que no recibían sentencia; muchas integraban el grupo de los ‘más buscados’.
Por otro lado, el Presidente dijo que no cederá ante las presiones de grupos de médicos opuestos a la inclusión de sanciones a la mala práctica profesional en el futuro Código Orgánico Integral Penal (COIP), quienes amenazan con renunciar.
Además, comparó lo establecido en la norma penal vigente, en donde existe una descripción general de los delitos culposos (entre los que está la mala práctica profesional), frente a la fijación detallada de las características de ese tipo de acciones en el COIP. Negó que a todo médico al que se le muera un paciente vaya a ir irremediablemente a la cárcel.
Así mismo, solicitó a los galenos no dejarse manipular sobre el tema por seudodirigentes.
No obstante, pidió al canciller Ricardo Patiño coordinar para -a través de consulados y embajadas- receptar solicitudes de especialistas de otros países que quieran venir al país, en caso de que se concreten las renuncias masivas en hospitales.
