El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió ayer por 3 horas a los representantes legales y directivos de las 4 organizaciones que perderían su personería jurídica por no cumplir el artículo 327 del Código de la Democracia.

El pasado 3 de julio, el CNE canceló los registros del Movimiento Popular Democrático (MPD), Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian) y Ruptura, porque, según la institución, no obtuvieron el 4% de los votos válidos en 2 elecciones pluripersonales consecutivas a nivel nacional; o, al menos, 3 representantes a la Asamblea Nacional; o, al menos, el 8% de las alcaldías; o, por lo menos, un concejal en el 10% de los cantones del país.

Esas organizaciones solicitaron que el CNE reciba sus impugnaciones en comisión general. Domingo Paredes, presidente del organismo, instaló la sesión junto al vicepresidente Paúl Salazar y los consejeros Nubia Villacís y Roxana Silva. No asistió Juan Pablo Pozo.

El MPD fue la primera organización en presentar sus argumentos. Luis Villacís, director de la organización, llegó junto a Pepe Acacho y Milton Gualán (Pachakutik), además de Ciro Guzmán; el exasambleísta Línder Altafuya; Hilda Herrera, concejal de Imbabura; Patricio Torres, abogado de la organización política, entre otros.

Al ingresar al salón del pleno, Villacís enseñó un cartel. En la imagen se visualizaba a la asambleísta Lourdes Tibán partida en 2. Por un lado se escenificó su anaco y por otro su torso. “Eso quieren hacer, dividir a los asambleístas de la alianza Pachakutik - MPD. (...) La pluma nos toca a nosotros, el resto a Pachakutik”, dijo.

Según su criterio, con la resolución del 3 de julio el CNE violó la Constitución y el Código de la Democracia. La concejala Herrera pidió una explicación jurídica sobre la división de votos para las alianzas. Acotó que el MPD cumplió con el porcentaje en Imbabura.

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El abogado del partido político calificó como “un vacío legal” que el CNE no tenga un instructivo para el tratamiento de las alianzas políticas. También cuestionó que en 2013 les entregara el fondo partidario permanente, ya que supuestamente no cumplieron con el artículo 327 del Código de la Democracia.

Esos sustentos jurídicos también compartieron en sus intervenciones Dalo Bucaram (PRE) y Fernando Larrea, abogado del Prian. Cada organización política tuvo su propio espacio. Se permitió el ingreso de 10 representantes por tienda política. Por media hora, cada uno de ellos expuso sus argumentos.

Bucaram dijo que la memoria de “Jaime Roldós no se va a extinguir con la ilegalidad del CNE (...) Desde cualquier espacio, si es que se ratifica la ilegalidad, seguiremos”.

Al encuentro asistió Álvaro Noboa, líder del Prian y excandidato presidencial. Llegó acompañado del director del partido, Wilson Sánchez, su hija Silka, además de Freddy Bravo, secretario de la organización. Al ingresar al salón, Noboa distribuyó los lugares para que sus acompañantes se sentaran. Antes de su intervención participó Fernando Larrea, abogado del Prian, quien reiteró que la organización cumplió con el artículo 327 y que por ello en 2013 el CNE les entregó el fondo partidario.

Mientras Larrea intervino, Sánchez y uno de los abogados del empresario le pasaron escritos, que usó muy poco, cuando tomó la palabra. Dijo que “el gobierno se está cargando con él” y que por ello contrató a un bufete de abogados para que interpusieran acciones a su favor en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)y Amnistía Internacional. A su criterio, “el gobierno no quiere que sea presidente”. También dijo que es “amigo” de Mauricio Rodas y que la gente lo conoce más a él, por encima de Guillermo Lasso.

María Paula Romo (Ruptura), en cambio, manifestó que su organización es movimiento y no partido. Además aseveró que la ley dispone como derecho la participación política y no obliga a presentar candidatos en todos los procesos.

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Álex Guerra, secretario del CNE, explicó que una vez que el pleno haya recibido a las organizaciones políticas, la Secretaría transcribirá el acta correspondiente y enviará el proceso para un análisis jurídico y técnico.

Detalló que los departamentos jurídicos, los coordinadores de Procesos electorales, Participación Política y organizaciones políticas deben indicar las razones por las que se adoptó el primer informe.

Luego el proceso regresa al CNE para resolver el trámite. El organismo -según Guerra- dijo que tienen 30 días. Ruptura impugnó el 5 de julio, y PRE, Prian y MPD presentaron sus recursos el 6 de julio.

Según Guerra, el CNE puede revocar la decisión, ratificar el proceso o aceptar parcialmente su decisión inicial.