El comandante de la Tercera División de Ejército Tarqui, Luis Altamirano, encargado del control de la zona de San Carlos en Panantza, (Morona Santiago) negó que el Ejército utilice armas contra la población civil.

Altamirano dijo que el trabajo del Ejército es ayudar en la labor que realiza la Policía Nacional y autoridades en la zona a raíz de los hechos violentos que causaron la declaratoria del estado de excepción.

El militar aseguró que el uso de la fuerza ha ocurrido desde los sectores que los acusan “con agresiones como el lanzamiento de dinamita y disparos contra el campamento minero” de la empresa EXSA, atacado el 14 de diciembre.

Parte del apoyo se realiza desde el aire a bordo de helicópteros no artillados, que se usan para controlar la zona y rastrear a los responsables de los hechos violentos.

Entre tanto, la presencia de camiones con militares y policías se ha vuelto una imagen común en la ciudad de Macas.

Los vehículos patrullan constantemente las calles desde el jueves pasado.

Pero el estado de excepción no ha alterado las actividades. Sin embargo, hay temor entre los pobladores debido a la agresividad mostrada por los integrantes de la facción del pueblo shuar que se opone al desarrollo de actividades mineras en la zona.

Agricultores y ganaderos de zonas cercanas al campamento minero atacado confirman lo que ha dicho el Gobierno de que personas armadas invaden con frecuencia sus fincas, los extorsionan, las saquean y los incitan a unirse a su lucha bajo amenazas.

Y si bien estos hechos ocurren en áreas relativamente alejadas, la tensión se siente en Macas. Comerciantes, empresarios e incluso ciudadanos comunes de la capital temen lo que pudiera ocurrir si los militares y policías presentes en la actualidad se retiran.

Vicente (nombre protegido) es dueño de un cibercafé, quien afirma haber escuchado en 3 ocasiones a líderes indígenas convocar a movilizaciones desde los teléfonos de su negocio.

“El primer ataque al campamento minero ocurrió en noviembre pasado. Un día antes, 3 shuaras telefonearon desde una cabina de mi negocio y pude escuchar cómo se convocaba a una revuelta en el centro de Macas. Se corrió la voz y muchos empresarios de la urbe decidieron cerrar las puertas de sus establecimientos por temor a que ocurrieran saqueos”.

Al final, no ocurrió nada. El hombre dice que, si bien la decisión evitó inconvenientes como la eventual pérdida de mercadería, generó grandes pérdidas en el sector comercial por la falta de ventas.

Cristina N., dueña de una tienda de abarrotes dentro del mercado Central, junto a la terminal terrestre, aseguró que todos los comerciantes se han organizado en caso de un saqueo.

“Cada día, 3 o 4 personas de cada sección del mercado vigilan las actividades en la parte externa, a fin de cerrar de inmediato las puertas en caso de revueltas. Si bien nunca se han producido saqueos, tememos que ocurran y nos afecten a los comerciantes”.

Vicente y Cristina lamentan que estos rumores, que se han vuelto constantes, dañen la imagen que los colonos amazónicos se han formado de la nacionalidad shuar.

Los pobladores mestizos de Morona ven, en términos generales, a los integrantes de la nacionalidad como seres  respetuosos de la vida, la naturaleza y la forma de vida de estilo occidental.

“Más del 30% de la población de Morona pertenece a la etnia shuar, y hasta hoy han vivido en paz con los diferentes grupos de colonos que hemos llegado a Macas, entre ellos cuencanos, ambateños, riobambeños y manabitas. Es una lástima que por presiones e interés de personajes políticos, bien identificados en la provincia, una pequeña parte de ellos ahora obstaculicen el trabajo de la operadora minera; una empresa que seguro dará trabajo a muchos de nosotros e impulsará el desarrollo de la Amazonía”, manifestó la mujer.

A propósito de ello, un sector de la nacionalidad indígena se pronunció el fin de semana, a través de un comunicado, contra los actos de violencia ocurridos.
El documento está firmado por 6 expresidentes de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh).

Los exdirectivos recuerdan que sus organizaciones se formaron en momentos de gran tensión con el Estado nacional. “A pesar de ello, jamás adoptamos actitudes criminales para exigir el respeto a nuestros derechos colectivos y consuetudinarios”.

Los firmantes apuntan que lo ocurrido la semana pasada en la provincia “denigra la imagen del hombre guerrero de la nacionalidad shuar”.

Los representantes plantean cinco puntos de acción. El primero es la condena “de los actos delictivos y criminales cometidos por ciertos elementos shuar”, sobre los que dicen que no pertenecen a la zona en donde ocurrieron los hechos.

También proponen la conformación de un Comité de Paz y Solidaridad con representantes de las comunidades shuar y mestiza.

Además, plantean la negociación directa, por lo que rechazan “la intervención de organismos internacionales de DDHH, así como de representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

Por otro lado, se solidarizan con las familias de las víctimas y piden al pueblo shuar mantener la calma.

Por otra parte, el estado de excepción tampoco ha modificado significativamente la vida en otros cantones.

Las actividades agrícolas, comerciales, ganaderas, piscícolas y turísticas se desarrollan con relativa normalidad.

Los accesos a los cantones Limón Indanza y San Juan Bosco, localidades en las que se encuentra el campamento minero San Carlos Panantza, permanece restringido por razones de seguridad.

Sin embargo, las personas registradas como habitantes de esos sectores tienen paso libre.

Así mismo, el transporte de mercaderías y de pasajeros es normal en la provincia, pues las vías están habilitadas. (I)