A través del Decreto N.- 699, el presidente Rafael Correa dispone crear la Unidad de Gestión de Medios (Ugemed) como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía administrativa, presupuestaria y financiera.

Esta unidad, con domicilio principal en Quito, estará dirigida y representada legalmente por el delegado del Presidente de la República, quien tendrá todas las facultades para establecer la estructura y normar el funcionamiento de la misma.

En el decreto se designa a Fernando Alvarado como el delegado del Primer Mandatario ante la Ugemed.

Esta Unidad tendrá por objeto el manejo del paquete accionario, la gestión, seguimiento y control de la administración de las compañias: Cadena Ecuatoriana de Televisión C. A. "Canal 10" (C.E.T.V.); Compañía Televisión del Pacífico Teledos S. A. , Comapñía Editorial Ominasa del Ecuador S. A., Radiodifusora del Pacífico S. A. Rapasa, Radio Bolívar S. A., Organización Radial C. A., Cablevisión S. A., Américavisión S. A., Radio La Prensa T.V. S. A., Editores e Impresores Edimpres S. A. y Movidad C.A.

La Junta del Fideicomiso Mercantil AGD-CFN No más Impunidad-medios autorizará a la fiduciaria, Corporación Financiera Nacional, proceder a la restitución al titular de los derechos del constituyente y beneficiario, Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (Ugedep), los paquetes accionarios y empresas señaladas, a fin que la Ugedep transfiera a su vez a la Ugemed todas las competencias, atribuciones, derechos, obligaciones, representaciones y delegaciones que le correspondían respecto del paquete accionario de las compañías antes mencionadas, según explica el decreto.

Estas compañías mantendrán su naturaleza jurídica de sociedades anónimas y se considerarán medios de comunicación privados, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación y Ley de Compañías.

También dispone un plazo a la Ugedep para realizar las gestiones necesarias para liquidar el contrato del Fideicomiso Mercantil AGD-CFN No más impunidad-medios, constituido el 10 de octubre de 2011.

REVISE EL DECRETO EJECUTIVO 699