Tras 10 años y dos meses, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) deja de representar al Ecuador ante la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esta responsabilidad fue trasladada a la Secretaría Anticorrupción, adscrita a la Presidencia de la República.

La resolución fue oficializada por el Presidente de la República, a través del Decreto Ejecutivo No. 828, con fecha 25 de julio, pero hecha pública este sábado 27 de julio de 2019.

En el documento el Jefe de Estado deroga el Decreto Ejecutivo N° 1734 del 25 de mayo de 2009, publicado en el Registro Oficial N° 606 de 5 de junio de 2009.

El derogado tiene relación a la designación del CPCCS como autoridad central para los efectos de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.  

El nuevo decreto dispone que todos los organismos y dependencias de la Función Ejecutiva brinden a la Secretaría Anticorrupción las facilidades que requiera el Plan Nacional de Acción de la Implementación de dicha Convención Interamericana.

El propósito principal de la Secretaría Anticorrupción es coordinar la cooperación entre las instituciones de gobierno, organismos de control, entidades judiciales y todos aquellos involucrados en la investigación, juzgamiento y sanción de los actos de corrupción que se registren en el país. Además, implementar los acuerdos internacionales para combatir ese mal que aqueja a la colectividad.

Iván Granda, titular de la Secretaría Anticorrupción, admitió que es una gran responsabilidad la que asume.
Esto porque la Secretaría es la autoridad central de la Convención que pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los propósitos de la Convención -explicó- son fortalecer el desarrollo de mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar actos de corrupción.

Granda señaló que el país desarrolla un proceso de cumplimiento de recomendaciones del organismo como: el establecimiento de un sistema anticorrupción desde el Ejecutivo que se extenderá a otras funciones del Estado. “Nos parece importante fortalecer las acciones previo a cumplir el examen especial que realiza la Convención sobre el Ecuador”, agregó.

Consideró que en la decisión presidencial influyeron los problemas que al momento enfrenta el CPCCS. Recordó que el Consejo de Participación ha incumplido normativas, por lo que sus consejeros enfrentan un juicio político y demandas penales. “Pero nos parece que por la estabilidad del Estado esta es una decisión acertada del Presidente”, remarcó

Darwin Seraquive, exsecretario del CPCCS Transitorio, opinó que el Ejecutivo tiene la facultad para realizar el cambio, pues es el Jefe de Estado es el responsable de la política exterior.

Para el exfuncionario, lo que realicen las autoridades influye en el organismo, lo legitima o pone en riesgo su institucionalidad.

Este Diario intentó consultar la opinión de tres de los actuales consejeros: Christian Cruz, Sofía Almeida y Gabriela Rivadeneira.
Cruz indicó que desconocía del decreto, puesto que cumplía agenda en la provincia de El Oro.

Mientras que la asistente de Rivadeneira señaló que la consejera mantenía reuniones. En el caso de Almeida no contestó a las llamadas.

El 29 de marzo de 1996, en Caracas, Venezuela, los estados miembros de la OEA, entre ellos Ecuador, adoptaron la Convención Interamericana contra la Corrupción, la cual entró en vigor el 6 de marzo de 1997. (I)