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Viceprefectas piden sanciones por violencia política de género

Viceprefectas piden sanciones por violencia política de género
Foto: Cortesía
23 de julio de 2019 - 00:00 - Redacción Política

Las mujeres piden más garantías para participar en los procesos electorales. En atención a este pedido, este lunes 22 de julio de 2019 el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las viceprefectas en funciones firmaron un acuerdo para que en las listas pluripersonales el 50% de postulantes sea encabezado por mujeres, como también en las de elección local.

Asimismo, las partes acordaron que la violencia política sea sancionada con la suspensión de los derechos políticos y descalificación de la candidatura del agresor.

El propósito del acuerdo es que estos dos puntos sean incluidos en la propuesta de reformas al Código de la Democracia que remitirá el CNE a la Asamblea Nacional.

“En las elecciones del 24 de marzo de 2019 vimos muestras violentas contra las candidatas y lamentablemente el CNE no contaba con la capacidad de control y sanción de lo que se publicaba en redes sociales, pero sí en los medios y manifiestos públicos”, dijo la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

La viceprefecta del Guayas, Susana González, manifestó que las reformas al Código de la Democracia permitirán una mayor participación de las mujeres. Resaltó que la participación de las mujeres en las últimas elecciones se incrementó en 2 puntos porcentuales, al pasar del 25,7% al 27,9%.  

Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), dijo que el proceso de reforma para el Código requiere el compromiso de las organizaciones políticas para aceptar los niveles de responsabilidad que tienen.

Atamaint aprovechó la ocasión para anunciar que el próximo 5 de agosto entregará a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la Reforma al Código de la Democracia, en el marco del Acuerdo Nacional. Señaló que se prevé que hasta noviembre de 2019 el Legislativo apruebe la reforma.

La propuesta del CNE fue trabajada con las autoridades del TCE, partidos políticos, movimientos sociales, autoridades locales, organismos internacionales y otros. (I)

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