Ecuador, reconocido por su labor en la protección de refugiados

Al cumplirse 30 años de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984), Ecuador se mantiene como un referente regional en la materia.

Como país ha reconocido y facilitado la integración al mayor número de personas con necesidad de protección internacional, en su mayoría desplazados forzadamente en la propia región, en un contexto regional cada vez más complejo.   

América Latina enfrenta en la actualidad un escenario cambiante, donde los movimientos forzados de personas se combinan con flujos de migraciones económicas, el retorno de connacionales, el desafiante contexto del tráfico de migrantes y la trata de personas.  

A esto se suma la creciente preocupación ante la situación vivida por miles de niños, niñas y adolescentes no acompañados que huyen de sus países en busca de seguridad.

o obstante los retos estructurales que se plantean en la región, Ecuador ha mantenido su compromiso de protección a las personas refugiadas.

Así, por medio de la Constitución de 2008, las personas en situación de movilidad humana tienen los mismos derechos y obligaciones que los nacionales, con particular énfasis en los derechos a la educación, el trabajo y la salud.  La misma Constitución ecuatoriana declara el derecho a buscar y recibir asilo,  lo cual permite a estos colectivos que han vivido el desarraigo aspirar a una vida en plenitud y dignidad, logrando soluciones de integración local e inclusión social.

Como parte de este esfuerzo, Ecuador ha participado en el proceso Cartagena+30, por el cual los países de América Latina y el Caribe han reafirmado su compromiso de proteger e implementar soluciones duraderas para los más de 6 millones de refugiados, desplazados internos y apátridas que hay en la región.

La Declaración y Plan de Acción de Brasil, resultantes de la reciente reunión ministerial celebrada el 2 y 3 de diciembre en Brasilia, son la muestra de este compromiso regional para la próxima década.

En estos documentos se plantea, entre otros, el interés ante un posible proceso de integración sudamericana en materia de movilidad humana.   

Con este horizonte, el Estado ecuatoriano en sus diversos niveles ha generado ya una multiplicidad de políticas públicas para impulsar este proceso de acogida e integración, desde el Plan Nacional del Buen Vivir, a la Agenda Nacional de Igualdad para la Movilidad Humana, llegando a ordenanzas en la materia de gobiernos provinciales y cantonales.

Con ejemplos notorios tanto del Gobierno nacional como de los gobiernos autónomos descentralizados, Ecuador muestra que es posible que miles de personas sí puedan avistar el fin del ciclo de desplazamiento y no tengan que migrar en condiciones deplorables.  La reunión ministerial en Brasilia así lo reconoció, e hizo un llamado a los países de la región a compartir la responsabilidad a través de programas de reasentamiento solidario y libre movilidad laboral para refugiados.

Como ha enfatizado el Alto Comisionado para los Refugiados, António Guterres, durante el evento de Brasilia: “Estamos presenciando cómo se hace historia”, aplaudiendo a la región por haber tomado el liderazgo en acoger a los más vulnerables del mundo, y por mostrar las mejores prácticas en la protección internacional y la búsqueda de soluciones.  A esto añadió el reconocimiento al Ecuador, donde “un refugiado se siente seguro y en casa”.

Estamos seguros de que, en este sentido, la década que se abre con esta Declaración y Plan de Acción de Brasil seguirá contando con el Ecuador como garante de la protección e integración a refugiados.

John Fredrikson es Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ecuador.

El proceso Cartagena +30 fue inaugurado en febrero de 2014 en Ginebra y continuó a lo largo del año con cuatro reuniones subregionales, dando lugar a un diálogo amplio e inclusivo en temas de protección de refugiados, desplazados y apátridas en América Latina y el Caribe, en el que han participado más de 30 gobiernos, 150 organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.

Las consultas subregionales analizaron la calidad de los sistemas de asilo, la complejidad de las migraciones forzadas y las necesidades de protección de los grupos más vulnerables, incluyendo las personas apátridas y desplazadas a causa de los cambios climáticos o de la violencia ejercida por el crimen organizado transnacional, así como la cooperación regional e internacional en materia de protección.

La reunión ministerial de Brasilia culminó el pasado 3 de diciembre con una nueva Declaración y Plan de Acción, que servirá para responder en los próximos 10 años a los desafíos humanitarios en América Latina y el Caribe y fortalecer los mecanismos de protección de las personas refugiadas, desplazadas y apátridas.