El Gobierno Nacional apeló este lunes a los Estados Unidos a que cese la "nociva" práctica de emitir informes unilaterales en contra de Ecuador,  pues carece de  atribuciones para dar juicios de valor sobre las políticas de terceros países. 

Así lo expresaron en rueda de prensa el canciller Guillaume Long, acompañado de César Navas, ministro coordinador de Seguridad; Paúl Villarreal, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y Ledy Zúñiga, ministra de Justicia.  

El Gobierno también llamó a EE.UU. a fortalecer la cooperación en la lucha contra el lavado de activos y los paraísos fiscales. Además, le alentó "encarecidamente" a que tome acciones en los ámbitos fiscal y financiero; y que acelere los trámites para la devolución de los prófugos requeridos por la justicia ecuatoriana. 

En la rueda de prensa, el canciller ecuatoriano sostuvo que es "irónico" que estos informes vengan de EE.UU. que ha sido señalado como un país que viola a menudo y reiteradamente los derechos humanos. Mencionó así los numerosos casos de violencia policial, asesinatos selectivos con drones, espionaje y vigilancia masiva, entre otros. 

Además, Long señaló la falta de compromiso del gobierno estadounidense, pues solo ha ratificado 3 de los 9 instrumentos en materia de DD.HH. y no es parte de ninguna de las 7 convenciones vigentes en el tema. 

En su intervención, la ministra Zúñiga explicó que en estos 10 años, Ecuador ha invertido más de $ 2.500 millones en todo el sistema de justicia, con eso desvirtuó las aseveraciones del informe que señalaron que en el país existe falta de inversión y retardo en el despacho de las causas en la administración de justicia. "Varias instituciones a nivel internacional han reconocido el cambio del sistema penitenciario de Ecuador", agregó. 

Añadió que en la actualidad el país cuenta con una tasa de 12 jueces por cada 100 mil habitantes, además tiene la tasa más baja de privados de libertad de la región, lo que fue reconocido justamente por una institución de los Estados Unidos: la Universidad de Vanderbilt, que situó al Ecuador en el segundo lugar de nivel de confianza con el sistema de justicia. 

Zúñiga cuestionó que el informe emitido por los Estados Unidos no fue contrastado por información oficial solicitada al Estado ecuatoriano, tampoco se validó con ninguna de las fuentes ni de instituciones que forman parte del Ejecutivo o de otra función del país. "La fuente de información han sido políticos de opinión contraria el régimen y en muchos casos incluso supuestos expertos legales que el informe no hace mención ni se refiere con nombres para definir de dónde nace esta información".

La ministra de Justicia recalcó que Ecuador aprobó hace dos meses la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que ha sido reconocida a nivel internacional y que busca salvaguardar los derechos de las personas que se encuentran en situación irregular.  

El canciller de la República también recalcó la aprobación el 19 de febrero, en consulta popular, del pacto ético contra los paraísos fiscales, por lo que el país está siendo visto como ejemplo de esta lucha. 

Asimismo, denunció la laxitud de la legislación estadounidense en materia fiscal y el secreto bancario que impulsa el blanqueo de dinero. "En EE.UU. existe un gravísimo problema de lavado de activos, especialmente en sectores residenciales", dijo Long. 

Apuntó que varios perseguidos por la justicia ecuatoriana por delitos financieros están escondidos en EE.UU. Mencionó a los hermanos William y Roberto Isaías, Pedro Delgado, Carlos Pareja Yannuzzelli y Jamil Mahuad. Dijo que han sido más de 60 los requerimientos de extradición planteados por el Ecuador. 

El director de la UAFE, Paúl Villarreal, sostuvo que Ecuador ha trabajado en las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el único organismo que es capaz de evaluar a un país y ponerlo en la lista de los países no cooperantes. Recordó que en octubre de 2015, esta instancia sacó al Ecuador de la lista de naciones con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos.

En esa línea, Villarreal señaló que el Ecuador impulsa normas para combatir el lavado de activos. Una de esta es el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley Orgánica para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos, su reglamentos, la resoluciones de la UAFE y las resoluciones de la Junta Monetaria.

Además, dijo, se aumentó la cooperación internacional con la firma de varios memorandos de entendimiento con otras unidades de inteligencia financiera, se incrementaron los controles fronterizos, entre otras acciones. 

El ministro de Relaciones Exteriores indicó que EE.UU. es el principal consumidor de sustancias estupefacientes, entre 2000 y 2010 se gastaron un billón de dólares para tal fin. Explicó que la política de EE.UU. no ha sido tratar el problema como integral, sino solo enfocándose en la oferta, criminalizando solo a los productores y países de tránsito. 

El ministro Navas recalcó que las Naciones Unidas, a través de su oficina especializada, ha dejado claro que Ecuador no es un país productor de droga. En ese sentido puntualizó que el Gobierno ha mantenido una lucha sostenida y consistente del tránsito de droga.

El funcionario indicó que en 2016 se incautaron más de 110 toneladas de alcaloides, 39,5% más que 2015 y mucho más que cuando operaba en el país la Base estadounidense en Manta. 

Además, reiteró que el Ecuador desmanteló el año pasado 100 organizaciones dedicadas al narcotráfico y 81 al microtráfico. Añadió que el país, en cumplimiento de una política de Estado, en los últimos 10 años se realizó una inversión de más $ 829 millones para equipar y capacitar a los miembros del sector de seguridad y a la lucha contra el crimen transnacional. (I)