Reformas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para darle mayor legitimidad. Ese es uno de los planteamientos de la Agenda de Política Exterior 2017-2021, ya en marcha desde enero de 2018.

La propuesta sale nuevamente luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desechara las medidas provisionales que pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de tres vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La canciller María Fernanda Espinosa a su retorno de San José propuso reformar y optimizar  el sistema multilateral, especialmente el Sistema Interamericano.

Detalló que la intención es que la Corte-IDH tenga más peso y legitimidad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para la Ministra, la Corte IDH “es un órgano probo, profesional e independiente, que ha actuado siempre en apego a derecho y sin ningún sesgo político”.

Recordó que desde el día 1 (24 de mayo), el Gobierno hizo “lo posible por tener las mejores relaciones” con la CIDH y el SIDH. Añadió que el cuestionamiento a la actuación de la comisión en el tema de la consulta no provino solo del país sino de la Corte-IDH.

En la resolución de esa instancia, en el apartado 28, advierte sobre el tratamiento del caso por parte de la CIDH.

Por un lado, argumenta que la Comisión desechó la solicitud de medidas cautelares sobre un asunto de similar naturaleza, y, por otro, requirió la adopción de medidas provisionales en otro asunto.

El último caso se refiere a la solicitud de los tres consejeros del CPCCS. La CIDH, según la resolución de la Corte, argumentó que existe “extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad”.

Bajo esa línea, a la Corte le llamó la atención que la Comisión tuviera una solicitud de medidas provisionales bajo su conocimiento por más de un mes, la cual recién activó el mecanismo de medidas provisionales luego de que se desarrolló la consulta.

Los consejeros habían solicitado que se detenga la consulta porque afectaba sus derechos. Por eso la Canciller justificó la postura ecuatoriana en criticar la posición de la comisión.  

Aunque Ecuador es “profundamente respetuoso de los derechos humanos y de los instrumentos internacionales”, dijo que el país levantará la voz “alto y claro” cuando una instancia actúa en detrimento de los intereses nacionales.

Reformas en la agenda
La preocupación ecuatoriana por la actuación de los entes interamericanos se plasmó en la Agenda de Política Exterior 2017-2021, que fue presentada en enero de este año.

Allí, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tras un prolongado diálogo con diferentes actores e instancias, se decidió incluir la propuesta de una reforma integral  del Sistema Interamericano.

En el documento reza que  con ello se busca “una mayor democratización, la universalización de los mecanismos y la erradicación del uso político y geopolítico de las instancias multilaterales”.

Al mismo tiempo, Ecuador exhorta a que los Estados asuman la responsabilidad de una “reforma de diversos aspectos”, como cambiar la sede de la comisión, así como modificar el “financiamiento apropiado de las relatorías”.

Además, plantea la ratificación de todos los miembros, y “de los instrumentos interamericanos y universales de derechos humanos para su plena aplicación y exigibilidad”.

La postura de reformar el Sistema lnteramericano no es nueva.

El expresidente Rafael Correa, en 2012, planteó al entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, varias propuestas para implementar modificaciones, en especial a la CIDH.

Legalidad de la consulta
El viaje que realizó la delegación de las funciones del Estado a Costa Rica para presentar los argumentos jurídicos y legales fue de “enorme importancia”, reconocieron el jueves las autoridades públicas, tras regresar al país.

Según ellas, la Corte determinó que la consulta popular y referendo tiene toda la legalidad del caso, así como la profundización de la democracia.

Para ello, la delegación presentó a los integrantes de la Corte IDH un documento de 70 páginas con los argumentos legales para defender el referendo.

Tras acoger las pruebas, la Corte, con sede en San José, anunció su decisión de no aceptar la petición de la CIDH.

Tras ello, el rol de la Asamblea cobrará fuerza ya que allí se tramitará la aplicación de la reestructuración del CPCCS, por uno transitorio hasta marzo de 2019, cuando se elegirá a los nuevos consejeros mediante voto popular.

Consejeros se allanan al fallo
Luego de conocer la resolución adoptada por la Corte, los consejeros Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera, quienes interpusieron el recurso en la CIDH, decidieron acogerse a dicha resolución.

Sin embargo, aseguraron que el fallo los deja en “desamparo judicial”. Lamentaron que ello provocara que en el país se diera paso a prácticas “más nefastas de la política dictatorial”.

Entre esas prácticas, destacaron, está la destitución o sometimiento de ciudadanos que han ganado concursos públicos, con veedurías ciudadanas e impugnación y la concentración de todos los poderes del Estado en una sola persona.

Jarrín, Pauker y Vera, tras calificarse como defensores de la “institucionalidad y de los derechos de participación libre y democrática”, criticaron que la Corte haya rechazado las medidas provisionales “por el hecho de que la consulta ya tuvo lugar”.

En la contestación por escrito, los tres consejeros manifestaron que esta acción sembrará un precedente.

Indicaron que de hoy en adelante, “cualquier Presidente que no esté conforme con las autoridades de control llamará a una consulta”, lo que romperá con los “pilares de la democracia”.

Hermetismo en el CPCCS
Tras conocer la resolución de la Corte a favor del Estado ecuatoriano, el hermetismo aumentó en el interior del CPCCS, ubicado en el sector de Santa Prisca, centro norte de Quito.

Además de los consejeros, los empleados públicos son los más preocupados. Ellos tienen muchas interrogantes tras la aprobación de la consulta y referendo, especialmente por la pregunta tres.

Si bien esa interrogante plantea el cese de funciones de los integrantes del CPCCS y al mismo tiempo crea un consejo transitorio, cuyas ternas serán planteadas por el Ejecutivo, para posteriormente ser electas en el pleno del Legislativo, los empleados desconocen si ellos serán parte de la cesación de funciones. Estos tienen contrato hasta diciembre de 2018.

Aunque optaron por no emitir pronunciamientos públicos, algunos admitieron su preocupación, incluso, directores y coordinadores que tienen contrato de libre remoción. En ese grupo también están los delegados provinciales. En cambio, los funcionarios con nombramiento están más tranquilos.

Al momento todos los empleados, a pesar del contexto político, trabajan de manera ininterrumpida en el proceso de rendición de cuentas para las autoridades e instituciones que manejan fondos públicos.

En ese grupo destacan todas las funciones del Estado, así como los medios de comunicación e instituciones de educación superior.

Según la planificación del Consejo, para marzo debe efectuarse el proceso de rendición de cuentas de las autoridades e instituciones antes señaladas.

En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), el informe de cuentas se dará en abril, según consta en la planificación.

Existen otras preocupaciones sobre lo que pasará con las diferentes veedurías ya instaladas y, sobre todo, con las escuelas de formación del Consejo de Participación.

Ayer hubo poco movimiento en la matriz debido a que, por costumbre, los consejeros cumplen agenda en territorio.

La titular del CPCCS, Raquel González, trabajó en Guayaquil; el vicepresidente Edwin Jarrín goza de vacaciones, según información proporcionada desde el Departamento de Comunicación.

Ni Jarrín ni Tania Pauker se han manifestado públicamente sobre la decisión de la Corte IDH. La que sí habló fue la consejera Sonia Vera.

Ella dijo que esperará la notificación sobre el cese de funciones para tomar una medida. No adelantó ningún detalle, sin embargo, aclaró que seguirá trabajando con normalidad.

Además rechazó las críticas al trabajo de los consejeros. Afirmó que no se considera ‘correísta’, sin embargo detalló que trabajó en varias instituciones públicas en el Gobierno anterior.

Vera, quien reemplazó a Xavier Burbano el 20 de diciembre de 2017, luego de que este renunciara, manifestó que la medida adoptada ante la Comisión Interamericana no buscaba una indemnización económica, por el contrario, los consejeros pretendían que no se ejecutase la consulta sin dictamen de constitucionalidad. (I)

Proceso
El 28 de diciembre de 2017
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una solicitud por parte de representantes del CPCCS para que se presentara un requerimiento de medidas provisionales a la Corte IDH.  

El 6 de febrero de 2018
La CIDH remite a la Corte IDH la solicitud de medidas provisionales a  favor de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El comunicado fue difundido en redes sociales.  

El 8 de febrero de 2018
La CorteIDH resolvió, con 4 votos a favor y 2 en contra, desestimar  la solicitud de medidas provisionales interpuestas por la CIDH a favor de los demandantes.

CNE prepara reclamo por el informe de los observadores
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nubia Villacís, indicó que enviarán un reclamo por las declaraciones de los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La misión efectuó observaciones, entre ellas  que no haya existido un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional del Ecuador sobre la consulta popular.

Villacís aseguró que la comisión se extralimitó en sus funciones y emitió esas declaraciones antes de haber entregado su informe preliminar al pleno del CNE.

Por este motivo preparan un documento de protesta ante la OEA, porque los miembros de la misión firmaron un compromiso para encargarse de la vigilancia técnica del proceso electoral y “no tenían que referirse a temas que no les competía”.

El consejero Salazar puntualizó que la misión no cumplió con el acuerdo suscrito. “Informaremos sobre lo sucedido a la OEA,  pues el informe que nos entregaron está enfocado en el ámbito jurídico y el aspecto técnico electoral al que debían referirse casi no es mencionado”. (I)

Ala correísta insiste en que no se le dio la razón al Gobierno
Para el sector afín al expresidente Rafael Correa, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no significa que se le haya dado la razón al Gobierno.

El exfuncionario Ricardo Patiño escribió en su cuenta de Twitter que la negativa de la Corte de dictar medidas provisionales sobre la pregunta 3 de la consulta no da ninguna razón al gobierno.

“Solo dice que no pueden suspenderse las elecciones, que ya se efectuaron. Los informes de la misión de la OEA y el informe de Comisión Interamericana evidencian la gravedad de que el Consejo de participación “transitorio” tenga “amplísimas” facultades que le permitan nombrar autoridades de control, autoridades electorales y destituir a jueces del país”.

Agregó que es necesario que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto.

De igual forma se expresó Virgilio Hernández en la misma red social. “(La Corte)... Dice que no puede suspender lo que ya sucedió y tampoco prejuzgar lo que podría requerir análisis de convencionalidad!!”.

Y añadió que la decisión de la Corte no convierte el referéndum en constitucional, pero no consideró los efectos de la consulta popular. (I)

“El Presidente demostró que existe un Estado unido”

A pesar de que la Corte IDH no dio paso a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de que se emitan medidas cautelares a favor de 3 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) para que no cesen en funciones, analistas coincidieron en que en ese pedido hubo favoritismo político.

“Incluso la resolución de la Corte tiene un ‘sesgo político’, ya que 2 de los integrantes votaron a favor de que se suspenda la decisión del pueblo ecuatoriano que mayoritariamente votó a favor de que el CPCCS sea reemplazado”, afirmó el subdecano de la facultad de Derecho de la Universidad Central y catedrático  de Derecho Internacional, David Vela Lombeida.

Para el docente, la Comisión cometió un error al haber tramitado el pedido, pues uno de los elementos constitutivos de las naciones es la soberanía.

“Cómo podían irse en contra de una masiva ganancia del Sí en la consulta; figúrese que un Estado esté al capricho de magistrados extranjeros”, se preguntó Lombeida.

De allí que consideró que un Estado jamás puede negociar la soberanía, que radica en el pueblo, y en este caso ya se pronunció, por eso fue correcta la decisión de la Corte.

Vela comentó que existió un buen manejo del tema por parte del Gobierno nacional y de los delegados que respondieron de inmediato, incluso  el presidente Lenín Moreno mostró que existe un Estado unido.

No obstante cree que debe reestructurarse la diplomacia ecuatoriana.

“Uno de los grandes problemas de la pasada década correísta es que se puso a gente improvisada en la Cancillería; para evitar problemas similares hay que tener diplomacia técnica, hasta cierto punto agresiva, de ojos abiertos y con objetivos a mediano y largo plazo”.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, señaló que en este caso la Cancillería actuó con algo de lentitud; “pudieron haberlo hecho mejor y haberse activado oportunamente porque la petición de los tres consejeros se presentó el 28 de diciembre del 2017 y no dimensionaron en su real peso lo que podía suceder; al final corrimos con muchísima suerte; la Comisión pudo haber dictado las medidas cautelares sin acudir a la Corte”.

Así mismo dijo que hay preocupación por el componente político tanto de la Comisión como de la Corte. “De los 4 jueces 2 votaron a favor de conceder las medidas: el juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, quien simpatizaría con el kirchnerismo, y Roberto F. Caldas, al que se lo ha identificado con el Partido de los Trabajadores del Brasil (PT), de  Luiz Inácio Lula da Silva. Hay decisiones judiciales que son políticamente motivadas”.

García dijo que el servicio exterior debe cumplir requisitos técnicos y no ideológicos, “la diplomacia es una ciencia y los últimos años se ha manejado de manera ideológica”. (I)