La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, advirtió en Naciones Unidas que las empresas transnacionales se han convertido en actores con un "gran poder" sobre la vida de las personas y comunidades en todo el mundo; pero "si bien sus acciones en general tienen consecuencias positivas, también debemos estar vigilantes para prevenir impactos no deseados".

De allí que la canciller llamó a que la comunidad tome de manera urgente acciones al respecto. Mencionó el mandato de la resolución 26/9 de la ONU, suscrita el 26 de junio de 2014, un pronunciamiento impulsado por Ecuador junto con Sudáfrica, que Espinosa calificó de "un hito" y "un cambio de paradigma en el sistema multilateral de los derechos humanos".

Espinosa inauguró con estas palabras el tercer periodo de sesiones del grupo intergubernamental que ella preside y que, en Ginebra (Suiza), inició este lunes sus trabajos para impulsar las negociaciones para la creación de un instrumento legal internacional y vinculante que regule la actividad de las transnacionales en relación a los derechos humanos.

"El proceso del instrumento vinculante constituye una ocasión inigualable para llenar el vacío jurídico existente en la materia", dijo Espinosa.

Recordó que hasta la fecha solo hay reglas voluntarias que "no han resuelto ni remediados casos concretos de violaciones a los derechos humanos cometidos por empresas, permitiendo de esa manera que esos abusos hayan quedado en la impunidad".

La propuesta ha generado interés y apoyo no solo de otros países y de cientos de organizaciones sociales de todo el mundo, sino también de los empresarios.

Por ello, la canciller Espinosa señaló que llega "con mucha esperanza" a este tercer período de sesiones, en el que se trabajará con un documento elaborado por Ecuador y que pone especial atención de la prevención.

En 3°periodo de sesiones de DDHH de NNUU la UE acepta propuesta de Ecuador en torno a #TratadoVinculante de empresas transnacionales y DDHH pic.twitter.com/zSWPoqM7Yo

— Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) October 23, 2017

El gobierno de Ecuador indicó que "la falta de la debida diligencia de la acción corporativa puede afectar los derechos humanos, los derechos laborales y el ambiente de los pueblos del mundo".

Mencionó varios casos, entre ellos la contaminación sufrida por la selva amazónica ecuatoriana durante casi 30 años, hasta 1992, por la acción de la compañía Chevron-Texaco.

Hasta el 27 de octubre, los encuentros incluirán el análisis del documento propuesto por Quito, a fin de comenzar las conversaciones para cumplir el mandato de elaborar un mecanismo internacional jurídicamente vinculante que regule las acciones de las grandes empresas y evite daños humanos y al entorno, en lo cual existe un vacío legal.

La iniciativa comprende acceso a la justicia, así como sanción y reparación en casos de violaciones a esos derechos y afectaciones a la naturaleza. (I)